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La visión política antigubernamental de una serie de “opinadores”, unida a la falta de perspectiva histórica sobre el país, les impide evaluar, con sentido nacional, el Informe de la CAIC y la toma de posición del Estado ecuatoriano sobre la deuda ilegítima.
Son dos las deudas que han condicionado la historia nacional: la “deuda de la independencia” y la que bautizaremos como “deuda neoliberal” del presente. Ambas ilegítimas, ruinosas para el país y honradas, en el pasado, sin beneficio de inventario.
La primera se originó en 1821, por el arbitrario contrato entre el agente Luis López Méndez con Jaime Mackintosh para la compra de material bélico. El vicepresidente de Colombia, Francisco de Paula Santander, se negó a recibir esos equipos por el supervalorado precio. Quiso que intervengan peritos, a lo que Mackintosh se negó.
Increíblemente, fue Simón Bolívar, requerido de recursos militares para la campaña libertaria, quien aceptó ese contrato. Sin embargo, enviado a Londres, el Ministro José López Revenga fue demandado y reducido a prisión por no aceptar las imposiciones de Mackintosh.
El nuevo enviado, Francisco Antonio Zea, no solo reconoció a los acreedores dudosos, sino que renegoció un nuevo préstamo (1822). Indignada, la Asamblea de Colombia desconoció todas esas negociaciones.
Un nuevo enviado, Manuel José Hurtado, logró arreglar (1824) con los acreedores Herring, Graham, Powles e incluso Mackintosh. Y otra comisión paralela, con Manuel A. Arrublas y Francisco Montoya, adquirió un nuevo empréstito de la casa B. A. Goldschmidt y Cía, cuya quiebra complicaría los asuntos. Increíblemente, en mayo de
1826 el Congreso de Colombia reconoció las onerosas negociaciones de Zea, Arrubas y Montoya.
Tras extinguirse la Gran Colombia (1830), Juan José Flores, primer presidente del Ecuador, no envió su delegado, por lo que el arreglo de la deuda de la independencia quedó así por el convenio Pombo-Michelena: Nueva Granada (Colombia) pagaría el 50%, Venezuela el 28.5% y Ecuador el 21.5% que ascendió a £.2.108.377.
Recién en 1837 el Ecuador reconoció aquel convenio. Y solo en 1854 el Congreso aprobó el acuerdo entre el Ministro Marcos Espinel y el Agente de los Tenedores de Bonos en Londres, Elías Mocatta. Esa “monstruosa negociación”, según la calificó Emilio María Terán (1899), reconoció £.1.824.000 en nuevos bonos a favor de los
tenedores.
Solo en 1855 se inició el pago de esa “deuda de la independencia” pero exclusivamente en cuanto a intereses, hasta la suspensión que hizo García Moreno en 1869. Se destinó la cuarta parte de los derechos por importaciones. Durante esos 14 años los tenedores de bonos recibieron $ 1.527.114,11 “sin que nuestra deuda de un millón ochocientas veinticuatro mil libras esterlinas hubiera disminuido siquiera en un penique”, según constató un Informe de Emilio María Terán a Eloy Alfaro en 1899, que es comparable al presentado por la CAIC al presidente Rafael Correa. Para desgracia del Ecuador, la historia de la deuda republicana sólo había comenzado.

El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) inició el “agresivo endeudamiento externo” en 1976. Ese año el saldo de la deuda pública ascendió a 1.175 millones de dólares. Para 1979, cuando se iniciaron los gobiernos constitucionales, el saldo de la deuda pública alcanzó los 3.686 millones. En adelante siempre creció. El pico más alto se alcanzó en 1999, cuando llegó a 17.124 millones con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). En el 2006 era de 14.246 millones de dólares.

En 1982 estalló la crisis de la deuda. Entre 1984-1988 otra desgracia: el gobierno de León Febres Cordero y desde entonces el afianzamiento de un modelo económico dependiente del capital financiero transnacional, condicionado por el FMI, orientado por el “neoliberalismo”, sujeto a los intereses de las cámaras de la producción, promotor del mercado libre y, sobre todo, vinculado al poder oligárquico. Ese modelo se consolidó con el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996). Y en los siguientes diez años se reforzó junto a la crisis gubernamental, pues se sucedieron siete gobiernos, un intento dictatorial y los únicos tres presidentes electos (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron derrocados.

Bajo ese “modelo empresarial” de desarrollo, durante dos décadas se desinstitucionalizó al Estado, los índices sociales se deterioraron, creció la “flexibilidad” laboral, también la inequidad; igual la evasión y la elusión tributarias. Interesaban los “buenos negocios” y las ganancias fáciles. Se firmaron trece cartas de intención con el FMI. La deuda pesó sobre todos los presupuestos. No importó la soberanía nacional. Había que “honrar” la deuda externa y “salvar” a los sectores privados: en 1983, con la primera “sucretización”, en 1987 con la segunda, más grave y antinacional. Acompañaron las renegociaciones beneficiosas a los acreedores, al capital financiero y los especuladores con bonos. En 1994 el “Plan Brady”, en 1999 el “salvataje” bancario, en el 2000 la dolarización y enseguida el canje a “Global”. Todo con gobiernos “modernos”, abiertos al mercado; con funcionarios agenciosos, subordinados a los dictámenes foráneos.

La nación ecuatoriana fue la víctima. Es lo que ha demostrado el Informe de la CAIC (2008): realidades y tratamientos de la “deuda neoliberal” comparables a los que se hizo con la “deuda de la Independencia”. Hay casos de verdadera traición a la patria. Juegos financieros que literalmente “vendieron” al país. Como en el pasado, cuando se ponían tierras, minas, recursos nacionales, para “honrar” los pagos Y que dan cuenta de la existencia de una evidente deuda ilegítima.

Como lo hemos recordado, García Moreno y Eloy Alfaro coincidieron, en sus respectivos tiempos, en declarar unilateralmente la suspensión del pago de la deuda externa. Hoy, la declaración sobre deuda ilegítima del gobierno del presidente Rafael Correa, se ubica en la línea histórica de las reivindicaciones por la soberanía y en la opción prioritaria de la vida y el trabajo de los ecuatorianos y ecuatorianas por sobre la deuda externa.

ALAI AMLATINA, 26/01/2009, Cochabamba.- Los bolivianos y bolivianas escribieron una digna página en la historia del país, ubicado en el corazón del continente latinoamericano, al apoyar mayoritaria y democráticamente con el 60 por ciento de los votos a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE); por tanto, a su refundación.

A nivel nacional el Sí ganó con aproximadamente 60 por ciento contra el 40 por ciento del No de los votos (datos de conteo rápido en las mesas electorales).

“Aquí no hay empate, hay ganador. El Sí a la Constitución Política del Estado alcanzó la mayoría de votos. No hay ‘medias lunas’, la Constitución es la luna llena del país (…) Gracias a la voluntad soberana se refunda una nueva Bolivia”, afirmó el Presidente de la República, Evo Morales Ayma.

La jornada del referéndum constituyente, realizada el 25 de enero, transcurrió con normalidad, veedores internacionales de la OEA, ONU, UE, CAN, UNASUR y otros, como también representantes de la Corte Nacional Electoral (CNE), así lo confirmaron.

Además, los bolivianos votaron mayoritariamente (78.4%) contra (21.6%) en el referéndum dirimidor para que se considere el latifundio con un máximo de 5 mil hectáreas.

El Jefe de Estado que festejó el triunfo popular, en La Paz, agregó: "Aprovecho esta oportunidad para expresar mi gran reconocimiento a todas las hermanas y hermanos de Bolivia, a todos los compañeros y compañeras, a todas las ciudadanas y ciudadanos que mediante su voto, mediante su participación democrática deciden refundar Bolivia".

Adiós al colonialismo

Morales Ayma dijo que a partir de hoy se acabó el colonialismo y comienza la construcción de una nueva República.

"Quiero que sepan algo, aquí terminó el Estado Colonial, aquí se acabó el colonialismo interno y externo", enfatizó.

También dijo que concluyó el neoliberalismo, la forma de subastar los recursos naturales, culminó la era de algunos señores que siempre intentaron regalar los recursos naturales. Los servicios básicos como el agua, teléfonos, energía eléctrica, son un derecho humano; por tanto, serán un servicio público y no un negocio privado, así como la constitucionalización de beneficios directos para los sectores marginados de la sociedad.

Según el Jefe de Estado, el esfuerzo de los movimientos sociales junto a profesionales, intelectuales, artistas y otros sectores sociales no ha sido en vano, pero especialmente la lucha del movimiento campesino indígena, el sector más excluido, el más marginado, más humillado durante la República, ahora es reconocido, porque tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano.

A su vez, instó a los prefectos del país, así como los constituyentes a conformar un Consejo Autonómico para implementar las autonomías departamentales, municipales e indígenas.

"Desde el 2005 al 2009 vamos de triunfo en triunfo, los neoliberales, los vende patrias, permanentemente están siendo derrotados gracias a la conciencia del pueblo boliviano", remarcó.

La oposición festeja el no

De acuerdo a los datos nacionales, el Sí ganó en cinco de los nueve departamentos del país, la oposición con el No consolidó su presencia mayoritaria en las restantes cuatro.

El Sí ganó en los departamentos del occidente del país: La Paz (74%), Oruro (68,2%), Potosí (76,3%) y Cochabamba (61,1%) y contrariamente, en el oriente, en las regiones de la denominada “media luna”, la victoria fue para la opción del No, con 65,2% en Tarija, 65,1% en Beni, 63,8% en Santa Cruz y 60,7% en Pando. En el caso de Chuquisaca se produjo un empate técnico: 50,3% para la opción del Sí y 49,7% para el No.

El voto es muy diferenciado si contemplamos los resultados del campo y la ciudad: en seis de las ciudades más importantes gana el No, sólo en tres supera el Sí. En el área rural la situación es diferente porque el apoyo a la nueva CPE es militante y mayoritario.

“Bolivia envía un mensaje claro: somos cientos de miles de ciudadanos de todos los confines de la patria que defendimos nuestro derecho con un inmenso rechazo al proyecto de Constitución emanado del abuso y del atropello a la ley (…) El pacto social que queremos todos los bolivianos no será posible si el gobierno central y el MAS se dejan llevar por el efímero centralismo”, afirmó el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas.

Mientras en la sede de gobierno y ciudades del occidente festejaron el Sí a la CPE, en las regiones del oriente también festejaron pero por el No.

“Nosotros agradecemos (a quienes han votado por el No), que Dios los bendiga a los hermanos chuquisaqueños, a los jóvenes, a los profesionales y no profesionales, nosotros seguiremos luchando y agradeceremos a quienes han votado por el No en Cochabamba, Oruro, Potosí y no han tenido miedo. No daremos ni un paso atrás. Nosotros reconocemos la victoria del No y habrá desacato a la nueva Constitución Política del Estado”, dijo la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar.

Hacia un pacto nacional

Ante los resultados que muestran un claro triunfo del Sí a la nueva CPE, se debería respetar la decisión del soberano y también las leyes vigentes que dicen que se requiere mayoría absoluta para reconocer la opción del Sí o el No.

Sin embargo, los sectores de la oposición, aquellos que no quieren la refundación del Estado Boliviano y no quieren perder sus privilegios ya iniciaron una campaña de rechazo a la aplicación del texto constitucional.

“El texto constitucional ha recibido un apoyo importante, pero el país ha quedado más dividido que antes, el texto carece de legitimidad, no es una Constitución Política del Estado que representa a todos. El Sí ha perdido en cinco de nueve departamentos. Siguen las dos visiones antagónicas de país y tenemos la oportunidad histórica de construir una sola visión”, dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío.

Mientras crece el clamor para que el Presidente de la República convoque a un pacto nacional que permita viabilizar, sin violencia, la nueva CPE, algunos representantes del MAS, se oponen a la iniciativa ciudadana.

El delegado presidencial, Marco Carrilo, en una actitud inconsistente y antidemocrática, comentó que ningún boliviano puede referirse a la investidura presidencial.

Varias autoridades departamentales o nacionales que se subieron al proyecto del gobierno cuando Evo Morales Ayma ya era Presidente de la República, no conocen los fundamentos básicos del proceso de cambio y, antes de ser un aporte, se han convertido en un obstáculo.

Cuando la demanda de un pacto nacional para evitar la confrontación, la polarización y la división crece, otros representantes de la oposición señalan que se debe reconducir el proceso constituyente.

El ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR), Víctor Hugo Cárdenas, dijo: “Bolivia, más allá de lo que nosotros queramos o no, ha dicho un mensaje claro: los votantes del Sí y los votantes del No ya no queremos más confrontaciones, más muertes. Reconduzcamos el proceso constituyente. El Gobierno solo no va a poder hacerlo, por eso propongo una comisión de alto nivel integrada por los tres poderes y prefectos para hacer un gran pacto económico social”.

Para aplicar la nueva CPE, no sólo se requiere un pacto social, sino una verdadera reingeniería legislativa porque según parlamentarios oficialistas se requiere por lo menos la aprobación de 100 leyes.

Hoy, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, manifestó que tras el resultado del referéndum constitucional, los prefectos del país tienen que acatar la voluntad de la mayoría de la población.

"Los prefectos opositores al gobierno tienen que leer la voluntad del pueblo boliviano de manera coherente y adecuada, no cometer los errores del pasado y aceptar esa voluntad", señaló.

Más allá de los resultados, lo cierto es que en el referéndum constituyente ganó el pueblo boliviano, el soberano, porque con su voto en las urnas también envió el mensaje a los representantes del oficialismo y oposición que se quiere consolidar la refundación del Estado Boliviano con bases sólidas de autonomía, consenso nacional, respeto a lo plurinacional, con una lucha frontal contra la corrupción, con gestión gubernamental, sin violencia, sin racismo, sin mayor polarización y con unidad en la diversidad…

- Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano, ex vocero de gobierno.