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Esta es la pregunta que se hace el intelectual catalán Joan Martínez Allier, al analizar el modelo de desarrollo impulsado por el Gobierno ecuatoriano. Afirma que Correa “comparte la idea de que es necesario desarrollar a cualquier costo las fuerzas productivas y crecer, crecer y crecer”, sin responder claramente a sus graves consecuencias.
El Ecuador intentó a partir de los años ’60, de siglo XX, implementar el modelo de desarrollo basado en la industrialización, financiado en parte con deuda externa pero, sobre todo, con la explotación petrolera. La ansiada industrialización no se dio, mucho menos el crecimiento económico, aumentando únicamente la deuda externa: de 380,4 millones de dólares en 1973, para 1984 debíamos 6.949,2 millones, año en que se clausuró definitivamente dicho proyecto.
La propuesta del Gobierno de financiar el crecimiento económico con la ampliación de la frontera petrolera y la apertura de una etapa minera a gran escala, planteamiento sostenido por los tres últimos gobiernos, ha provocado reacciones desde muchos sectores. Desde los movimientos populares, particularmente desde el movimiento indígena, se hacen varias observaciones y propuestas alternativas, tanto al modelo gubernamental como a los contenidos de los proyectos de leyes que lo viabilizarían: el de soberanía alimentaria, de aguas y minería. La respuesta del Gobierno no ha sido precisamente la apertura al debate con estos sectores, pero con los empresarios sí lo hemos visto almorzar y conversar en varias ocasiones.

“¿Acaso es esa la diferencia entre una revolución socialista y la revolución ciudadana?”

Estos tres proyectos de ley dieron pie a respuestas encontradas. Por un lado, ante la actitud crítica y entrega de propuestas alternativas por parte del movimiento indígena y otros sectores sociales, los sectores empresariales, particularmente los mineros, comerciales, petroleros y agroindustriales, que atacan y dialogan con el Gobierno, fuera de la escena pública, arremeten contra las organizaciones populares. Luego de la movilización del 19 de noviembre pasado en el sector de Cajas, donde la CONAIE presentó sus proyectos de leyes de agua y soberanía alimentaria, se realizó en Cayambe una reunión de floricultores y hacendados para diseñar estrategias cuyo objetivo es “contrarrestar la fuerza indígena”, por considerarla una amenaza para sus intereses. A propósito del paro minero sostenido por las comunidades afectadas por la explotación minera, se dieron hechos de violencia rechazados por los propios dirigentes, pero el Gobierno en lugar de investigarlos, utiliza sin ninguna ética esas imágenes para deslegitimar y criminalizar la resistencia popular.
¿Cómo entender que desde Cuba, que celebra 50 años de revolución, se agreda a organizaciones de izquierda que no son sumisas al Gobierno? Desde el país socialista se amenazó con encarcelar a los trabajadores que quieran reclamar y defender sus derechos. Desde la patria que ha sostenido la dignidad de los pueblos oprimidos, calificó de delincuentes y criminales a los luchadores sociales.
¿Acaso es esa la diferencia entre una revolución socialista y la revolución ciudadana?

La imagen de una de cal y otra de arena, como característica de la política del Gobierno, ha llegado a extremos increíbles. Un amigo me dijo: ahora son una de cal y tres de arena.
Entre las de cal, tenemos el viaje a Irán e inicio de relaciones económicas que incluyen la compra de armas, medida poco grata a Israel y EE.UU., viaje solidario a Cuba, condena sin apelaciones a Israel, medidas de protección arancelaria a la producción nacional.
Entre las de arena destacan la aprobación de una Ley y de un proyecto de minería a gran escala con la presencia de trasnacionales canadienses y chinas, y su conversión en el futuro eje de la economía del país; convenio con IVANHOE, detrás de la cual parece estar la OXT; ley de soberanía alimentaria a favor de trasnacionales como Monsanto y de importadores y no de los campesinos; represión estilo Dayuma de las movilizaciones de campesinos, pequeños mineros y pueblos indios, y pugna continua con los movimientos sociales que han resistido al neoliberalismo.
La acción del régimen parece desafiar la lógica política, según la que no puede haber líneas tan antagónicas, a riesgo de romper el cuerpo -y el alma- del Gobierno. ¿Cuál la explicación?

“El proyecto del Gobierno se nutre el viejo desarrollismo cepalino de los '60."

El Informe del segundo año del Gobierno es muy revelador. El proyecto del Gobierno se nutre el viejo desarrollismo cepalino de los '60, dominante durante los '50 y '60, en particular en los Gobiernos de Frei y Kubitschek. Correa nunca llegó ni comulgó con la Teoría de la Dependencia y la Teología de la Liberación. Un desarrollismo tecnocrático, además, que no funda la política en el pueblo, sino en el manejo del aparato estatal.
La centralización del Estado, la inversión pública como eje del desarrollo, el gasto social, los tributos directos, el control de la banca son clásicas medidas desarrollistas.
La tozudez del Gobierno en la minería encuentra su sentido en esa óptica desarrollista, pues, en una perspectiva nacionalista, es incongruente en tanto refuerza la dependencia a las corporaciones trasnacionales y al mercado mundial. A la vez, la insistencia en la aprobación del proyecto minero, atacando con virulencia a los sectores populares opuestos, expresa una suerte de mesianismo tecnocrático.
Para el Gobierno, el proyecto minero es una forma de financiación del déficit en la balanza de pagos provocado por la crisis mundial. Se trataría entonces de compromisos con las trasnacionales para grandes inversiones inmediatas, y una señal a los organismos internacionales para que no veten el acceso a los créditos. Tales "medidas", en la óptica desarrollista, permitirían aliviar el déficit de cerca de 3 o 5 mil millones de dólares y preservar la actual política de desarrollo.
No importan la consolidación de la dependencia, el duro golpe a la integración, los riesgos ambientales, los conflictos sociales.
El desarrollismo es progresista frente al neoliberalismo pero conservador frente a un proyecto nacionalista y popular. ¿Estamos ante un viraje histórico y la marcha de hoy, 20 de enero, marca el fin de un dinamismo político basado en la confrontación del Gobierno con la derecha e inicia la dinámica de la oposición con la izquierda, los pueblos indios, campesinos y trabajadores?