El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) inició el “agresivo endeudamiento externo” en 1976. Ese año el saldo de la deuda pública ascendió a 1.175 millones de dólares. Para 1979, cuando se iniciaron los gobiernos constitucionales, el saldo de la deuda pública alcanzó los 3.686 millones. En adelante siempre creció. El pico más alto se alcanzó en 1999, cuando llegó a 17.124 millones con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). En el 2006 era de 14.246 millones de dólares.
En 1982 estalló la crisis de la deuda. Entre 1984-1988 otra desgracia: el gobierno de León Febres Cordero y desde entonces el afianzamiento de un modelo económico dependiente del capital financiero transnacional, condicionado por el FMI, orientado por el “neoliberalismo”, sujeto a los intereses de las cámaras de la producción, promotor del mercado libre y, sobre todo, vinculado al poder oligárquico. Ese modelo se consolidó con el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996). Y en los siguientes diez años se reforzó junto a la crisis gubernamental, pues se sucedieron siete gobiernos, un intento dictatorial y los únicos tres presidentes electos (Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez) fueron derrocados.
Bajo ese “modelo empresarial” de desarrollo, durante dos décadas se desinstitucionalizó al Estado, los índices sociales se deterioraron, creció la “flexibilidad” laboral, también la inequidad; igual la evasión y la elusión tributarias. Interesaban los “buenos negocios” y las ganancias fáciles. Se firmaron trece cartas de intención con el FMI. La deuda pesó sobre todos los presupuestos. No importó la soberanía nacional. Había que “honrar” la deuda externa y “salvar” a los sectores privados: en 1983, con la primera “sucretización”, en 1987 con la segunda, más grave y antinacional. Acompañaron las renegociaciones beneficiosas a los acreedores, al capital financiero y los especuladores con bonos. En 1994 el “Plan Brady”, en 1999 el “salvataje” bancario, en el 2000 la dolarización y enseguida el canje a “Global”. Todo con gobiernos “modernos”, abiertos al mercado; con funcionarios agenciosos, subordinados a los dictámenes foráneos.
La nación ecuatoriana fue la víctima. Es lo que ha demostrado el Informe de la CAIC (2008): realidades y tratamientos de la “deuda neoliberal” comparables a los que se hizo con la “deuda de la Independencia”. Hay casos de verdadera traición a la patria. Juegos financieros que literalmente “vendieron” al país. Como en el pasado, cuando se ponían tierras, minas, recursos nacionales, para “honrar” los pagos Y que dan cuenta de la existencia de una evidente deuda ilegítima.
Como lo hemos recordado, García Moreno y Eloy Alfaro coincidieron, en sus respectivos tiempos, en declarar unilateralmente la suspensión del pago de la deuda externa. Hoy, la declaración sobre deuda ilegítima del gobierno del presidente Rafael Correa, se ubica en la línea histórica de las reivindicaciones por la soberanía y en la opción prioritaria de la vida y el trabajo de los ecuatorianos y ecuatorianas por sobre la deuda externa.
