Redacción Quito
La Contraloría General del Estado hizo público su examen a la contratación y ejecución de la construcción el nuevo aeropuerto de Quito, a cargo de la Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito (Corpaq). Su informe, de 120 páginas, determina que hay irregularidades en el plan financiero del concesionario Quiport.
Según la investigación del ente de control, la construcción de la terminal aérea debiera costar USD 312,88 millones. Es decir, se estableció un sobreprecio de USD 100,82 millones en el valor contractual establecido en USD 413,7 millones. “El criterio de la Contraloría, respecto al análisis de costos contractuales y a que estos están sobredimensionados, se mantiene”, dice el informe.
Este Diario buscó una versión del concesionario Quiport, pero un portavoz señaló que “el informe fue emitido de una entidad pública a otra entidad pública y no nos corresponde pronunciarnos”. Sin embargo, los personeros de Corpaq, ente creado por el Municipio de Quito para la construcción del aeropuerto en Tababela, también evitaron dar una versión. En la Alcaldía también hubo sigilo.
La Contraloría hizo recomendaciones para la continuidad del proyecto aeropuerto de Quito. Entre ellas, se destaca la necesidad de una renegociación del contrato, entre la firma privada Quiport y la Corpaq. De acuerdo con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las sugerencias especificadas deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio por la entidad examinada (Corporación Aeropuerto y Zona Franca de Quito), con el objetivo de mejorar la administración de sus recursos.
El informe de la Contraloría se anexará a la investigaciones penales que se siguen en la Fiscalía, tanto por el contrato suscrito en el 2002, como por el sistemático incremento de las tasas aeroportuarias, que se aplica desde el 2006 en el aeropuerto Mariscal Sucre.
Sobre esto último, en el informe suscrito por el contralor Carlos Pólit, se determinó que el alza de tarifas fue ilegal, pese a que fue aprobada en el Concejo Metropolitano el 27 de octubre del 2005 por 12 concejales y posteriormente firmada por el alcalde de Quito saliente, Paco Moncayo. Entonces, los ediles Macarena Valarezo y Augusto Barrera votaron en contra de la Ordenanza.
Fuente:
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_seccion=11&id_noticia=248226
