El hombre no puede sostenerse en pie. Intenta caminar pero vuelve a caer. A pocos metros, dos policías lo miran con atención pero no hacen nada.
-¿Qué pasa? –pregunta una mujer que camina por ahí y ha visto a esos mismos policías caerle a golpes al fulano hace pocos instantes.
- Nada, solo está desmayado por los gases que le echamos en la cara –contesta uno de los policías, como si hablara del clima.
- ¿Por qué hicieron eso?
- Es que el tipo estaba robando una bicicleta dentro de un condominio y, antes de eso, estaba asaltando a una señora.
- Bueno, pero por qué entonces no lo detienen – vuelve a preguntar la mujer, incrédula ante lo que mira y escucha.
- Porque ahora robar o asaltar ya no son delitos ¿acaso no ha visto las noticias? Además, la señora asaltada no estaba herida y, si no hay heridos, tampoco hay delito. Ya ve, no podemos hacer nada, sino darle su castigo nosotros mismos.
Los policías se van y el supuesto delincuente queda tendido por unos minutos sobre el césped de un parque al norte de Quito. Después se levanta y también desaparece. La granizada comienza a caer y todos los que vieron la escena corren a sus casas.
¿Quién les dijo a los policías que robar o asaltar ya no son delitos y, por tanto, no se castigan? ¿Así interpretan ellos las reformas al Código de Procedimiento Penal?
Qué van a interpretar nada unos policías de barrio que se pasan la mayor parte del día mirando el fútbol y las telenovelas. La versión de que asaltar y robar está permitido la vieron en los noticieros de televisión y la leyeron en algunos periódicos, que se dedicaron en las últimas semanas a escandalizar sobre el tema con el mismo gusto con que un pirómano se regodea con el incendio que ha provocado.
Las reformas al Código de Procedimiento Penal han servido, una vez más, para que ciertos medios ejerzan uno de sus peores vicios, que es jugar con la información, llevar las interpretaciones al extremo de la irresponsabilidad y echar a rodar la falsa idea de que ahora los delincuentes tienen vía libre para el delito y la impunidad. Y mucha gente se lo cree, que es lo peor.
Las reformas que, en la parte que nos ocupa, básicamente establecen la diferencia entre hurto (sustracción sin violencia) y robo (despojamiento con violencia física o verbal) establecen diferentes sanciones para estas dos maneras de delinquir, pero en ningún caso las dejan de sancionar. El hurto, según estas reformas, se castiga con 5 a 7 días de prisión más la devolución del objeto, mientras que el robo se castiga con uno a tres años de prisión. De los casos de hurto se ocupan los comisarios y de los de robo se hacen cargo los jueces.
Si les creemos a los promotores de la reforma (la Fiscalía y la Subcomisión de lo Civil y Penal) esto permitirá descongestionar las cárceles del país y descargar el trabajo de los fiscales y jueces al trasladar la resolución de delitos simples a las comisarías de policía.
¿Se han preguntado esos medios si tal cosa es posible? ¿Han visitado las comisarías para comprobar cómo resuelven las denuncias? ¿Han consultado a los jueces y fiscales si esto ha aliviado su trabajo? ¿Han ofrecido al público una información de servicio respecto de cómo denunciar estos casos?
Nada de eso, porque el servicio público no es su negocio. Lo suyo es el escándalo. Mientras más alarma social puedan sembrar, mejor. Ya lo hicieron antes con otros temas. Cuando se planteó el debate sobre el aborto, vaticinaron que las ciudades amanecerían atestadas de fetos sangrantes. Con la captura de un ex funcionario presuntamente vinculado con el narcotráfico, dictaminaron que la narcopolítica se había tomado el país. Sobre los linchamientos urbanos, dijeron que obedecían a la justicia indígena.
Hay policías despistados que todavía resuelven sus obligaciones a patadas. Pero hay medios y periodistas que hacen lo mismo con las noticias. La distorsión y la mala leche informativa no constan en ninguna ley como delitos pero tienen efectos más devastadores que el de cualquier banda de delincuentes.