El pasado 20 de noviembre la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) entregó su Informe Final sobre la deuda externa del Ecuador, en el que se analiza lo ocurrido entre 1976-2006.
Diversos investigadores habían escrito desde mucho antes sobre la deuda externa. Se conocía, por tanto, que el endeudamiento del Ecuador con la banca transnacional condicionó la evolución económica del país y las políticas estatales, haciendo responsables de todo ello a gobiernos, funcionarios y empresarios. Sabíamos que los acreedores se beneficiaron a cada paso con las negociaciones y renegociaciones.
El Informe de la CAIC comprueba las hipótesis de aquellos intelectuales patriotas. Pero avanza por documentación inédita, que siempre se ocultó al público y a la que nunca antes se pudo tener acceso. La misma Comisión refiere las dificultades y el boicot a su trabajo, la misteriosa desaparición de documentos e incluso la sorprendente falta de documentación sobre muchas evidencias.
En lo de fondo, el Informe de la CAIC comprueba la conciente labor ejecutada en contra del Ecuador para garantizar el pago de la deuda externa y favorecer a los acreedores. Indica cómo actuó la banca transnacional para imponerse sobre el país. Da cuenta de los sutiles arreglos, de los documentos forjados y secretos, del contubernio de los negociadores, de la manipulación de los procesos, del saqueo de fondos públicos, del pago y repago de porciones de la misma deuda, del cobro de intereses sobre intereses, del arreglo de leyes y decretos incluso violando la Constitución, de las operaciones financieras concertadas ilegalmente, de las presiones, de las relaciones entre diversos agentes, etc. Es decir, da cuenta de cómo literalmente se vendió al país y se traicionó a la patria.
La exposición del Informe realizado en el auditorio de CIESPAL en Quito acumuló la reacción del gentío que allí se concentró. No es posible transmitir solo en palabras el clima de indignación y de rabia que allí explosionó.
Pero más allá de esos legítimos sentimientos, lo cierto es que el Ecuador es el primer país en denunciar el atraco de la deuda externa y la perversidad con que se ha construido el sistema financiero internacional, que ni siquiera permite un espacio jurídico para las demandas de los países víctimas del capital transnacional.
De manera que la decisión política del presidente Rafael Correa no solo para que se realice la auditoría de la deuda sino para no pagar la deuda ilegítima merece el apoyo del país. Para ello cuenta con un Informe inédito en la historia de América Latina. El gobierno asume así una posición soberana, nacionalista, pero sobre todo digna e inédita también en la historia contemporánea del Ecuador.
Queda claro que habrá que iniciar los procesos judiciales contra todos los responsables de la deuda externa. Y que el no pago de la deuda ilegítima tiene riesgos internacionales que habrá que contrarrestar. Razón mayor, por consiguiente, para crear un frente de países latinoamericanos que respalden la tesis ecuatoriana y que se sumen a ella.
