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Por Juan Paz y Miño.

El 9 de Julio de 1925 la joven oficialidad del Ejército tomó el poder. Se inició así la Revolución Juliana, que comprendió dos Juntas Provisionales de gobierno y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).

La Revolución se produjo bajo una serie de condiciones: la severa crisis económica, el agotamiento del Estado Liberal, el declive del bipartidismo liberal-conservador, el despertar del movimiento obrero, un ambiente internacional de avance de la conciencia social, la instalación del socialismo en la Unión Soviética (1917). Sobre todo, fue una reacción contra las poderosas oligarquías, particularmente de la bancaria, que habían mantenido sujeto al Estado como instrumento de sus intereses.

Hasta este momento, los bancos eran emisores de billetes, controlaban el régimen monetario y eran prestamistas de los gobiernos. Todavía existían cuentas públicas descentralizadas y hasta autónomas, sujetas al manejo privado y político. Y los primeros núcleos de trabajadores carecían de derechos fundamentales, en un país hegemonizado por el sistema oligárquico-terrateniente.

Los gobiernos julianos por primera vez fiscalizaron a los bancos, centralizaron las rentas y organizaron la hacienda pública bajo una Ley de Presupuesto. Con el concurso de la Misión norteamericana de Edwin W. Kemmerer, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos inauguraron la misión social del Estado, con el Ministerio de Previsión Social, la Caja de Pensiones, las Direcciones de Salud y leyes sobre contratos laborales, salario, jornada y sindicatos. Este conjunto de políticas, que por primera vez en la historia definió el activo papel del Estado en la economía y en el trabajo, fue ampliamente respaldado por los sectores medios y populares del país. Naturalmente provocó la reacción de las oligarquías y en especial de la plutocracia que lanzó una campaña regionalista permanente, intentando movilizar el “guayaquileñismo” y sosteniendo que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.

Pero la Revolución Juliana, que incluso se inició en Guayaquil, recibió amplio respaldo popular en la misma ciudad. Víctor E. Estrada, ilustre banquero guayaquileño, no solo saludó a los julianos, sino que se consideró un precursor de sus ideas económicas. El esfuerzo de los gobiernos julianos por obras y mejores condiciones de salubridad y servicios médicos en Guayaquil fue reconocido en la misma época. Y la legislación social protegió algo más a los trabajadores, de cuyas filas provinieron los muertos del 15 de noviembre de 1922, víctimas de la represión de las mismas oligarquías que resistieron a las transformaciones julianas.

En las fiestas de Guayaquil y en el calendario histórico del Ecuador, la Revolución Juliana ocupa un sitial importante por su posición social y antioligárquica. Por eso es que los grupos de poder procuran tapar el significado de dicha revolución para el Ecuador y en Guayaquil la tildan de “ignominiosa”. Ese tipo de ataques, como en la actualidad, siempre han estado presentes cuando existen gobiernos que golpean los intereses de las élites del poder.

La actual crisis económica es inédita en muchos sentidos, por lo que no puede confundirse con una crisis cíclica más. Una de sus particularidades es el decisivo rol que ha jugado el Estado en su gestación y desarrollo. Atención especial merecen las importantes transformaciones acaecidas en las relaciones entre Estado y economía así como entre los propios Estados ‘nacionales’, durante el rápido crecimiento de las finanzas globales de las últimas dos décadas.
Por una parte, es sabido que en casi todas las economías la intervención estatal fue decisiva en la desregulación de las finanzas, la que se inscribía en una política económica sujeta a los intereses del capital financiero. Igualmente relevante, aunque no tan obvia, ha sido la expansión de las necesidades de préstamo del Estado, especialmente en Estados Unidos y Japón. La masa de activos transados en los mercados financieros incluyó de manera creciente instrumentos de deuda estatal, alimentando
así la hipertrofia financiera.
Pero también el Estado, sobre todo en Estados Unidos, proporcionó liquidez a los bancos privados a bajísimas tasas de interés. En este país ello ocurrió a través de la Reserva Federal, subsidiándolos directamente con crédito público, incluyendo a los bancos de inversión antes que colapsaran. Asimismo, canjeó bonos del gobierno norteamericano por bonos de respaldo de hipotecas ‘basura’, asumiendo
parte del riesgo de la deuda ‘tóxica’ inmobiliaria. De este modo, los ‘inversionistas’ que apostaron a la especulación en Wall Street, epicentro de la actual crisis, lo hicieron con un riesgo mínimo y seguros que serían ‘rescatados’ por el propio Estado en caso de quiebra.
Por otra parte, también se han alterado las relaciones entre los mismos Estados ‘nacionales’.
Aproximadamente desde el año 2000, un número significativo de países subdesarrollados y en especial los llamados ‘emergentes’, han logrado inmensos excedentes en sus cuentas corrientes que han tenido como resultado una impresionante acumulación de reservas internacionales.

Asia es la región dominante, donde sólo las reservas de China superaron los 1.5 trillones de dólares en 2007. Mientras en América Latina, países como México y Brasil también han visto crecer rápidamente
sus reservas. Entre 2000 y 2007, ellas crecieron desde 35.5 billones de dólares
a 180.1 billones de dólares en México y desde 31.5 billones de dólares a 180.1 billones de dólares en el caso de Brasil.
Estas mayores reservas estarían ayudando a estos países a defender la estabilidad de los tipos de cambio y a protegerse contra la repentina salida de capitales. Esta situación sin precedentes sirvió de base a la ‘teoría del desacople’ que sostenía que los países en desarrollo no se verían mayormente afectados por la crisis financiera.

Por lo demás, esta situación difería claramente de los momentos previos a las sucesivas crisis que vivieron muchos países subdesarrollados y ‘emergentes’ en los años noventa, cuando se encontraban extremadamente vulnerables debido a que no contaban con reservas suficientes para protegerse de los grandes déficit que arrastraban en sus cuentas corrientes. Una vez que estalló la crisis, primero en el Este asiático y luego en otros países, los capitales privados abandonaron precipitadamente sus economías y sus monedas colapsaron.
El error de la ‘teoría del desacople’ fue no entender que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en agosto de 2007 estamos frente a una crisis financiera y económica de naturaleza global. Es cierto que los países subdesarrollados han visto incrementada su participación en los circuitos financieros mundiales en expansión, pero igualmente lo es que no han podido escapar a la desigualdad intrínseca de estos movimientos y a sus diferentes tasas de rentabilidad.

Los activos financieros totales, como porcentaje del Producto Geográfico Bruto (PGB) mundial, han crecido vertiginosamente en las décadas recientes, desde un 109% en 1980 a 201% en 1990, y luego a 346% en 2006. Cabe destacar que en esta ola expansiva los activos de los países en desarrollo ascendieron desde 3.9 trillones de dólares a 23.6 trillones de dólares sólo entre 1995 y 2006, o de 6% a 14% del total mundial.
Esta creciente participación de estos países en las finanzas mundiales contempla además las grandes corrientes de capitales crediticios y de cartera que arribaron a sus economías en búsqueda de elevadas rentabilidades. Por el contrario, los flujos de capital de los países subdesarrollados, incluso mayores que los anteriores dadas sus enormes reservas, se han dirigido hacia los países industrializados, particularmente a Estados Unidos, obteniendo bajas rentabilidades.
En efecto, el stock de bonos del tesoro norteamericano creció desde casi 2.5 trillones de dólares en marzo 2000 a casi 3.5 trillones en junio 2007. En este mismo lapso, las posesiones de los bancos centrales ‘extranjeros’ en tales bonos aumentaron desde 0.5 trillones de dólares a 1.5 trillones de dólares (para representar sobre el 40% del total). Claro que estas compras han tenido un significativo impacto monetario al ayudar a bajar los rendimientos de largo plazo de los bonos de deuda norteamericanos –explicando precisamente las bajas rentabilidades antes mencionadas-, lo que además estimuló un ambiente de bajas tasas de interés que estableció las bases para la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis financiera y económica mundial.

En definitiva, el resultado ha sido el empréstito neto que han hecho los países pobres a los países ricos a cambio de bajísimos retornos, siendo Estados Unidos el principal beneficiado. De acuerdo a algunos analistas, los costos en invertir en tales activos subvaluados han sido significativos,
estimándose las pérdidas en torno al 1% del PGB de los países en desarrollo.
Todavía más, de manera paralela a la acumulación de enormes reservas, estos países han venido promoviendo, bajo los auspicios del FMI, el cambio de deuda pública externa por deuda interna, a financiarse por el capital financiero local. En 1995 dicha deuda era casi el 9% de la que tenían los países desarrollados, pero en 2005 se disparó a casi 35%. En otras palabras, estos países se endeudan internamente mientras ‘invierten’ cada vez más en los principales centros financieros mundiales. Las razones de este ‘absurdo’ estarían en que se han visto obligados a ‘esterilizar’ el impacto monetario de sus ganancias de divisas y de influjos de capital para mantener las ‘metas de inflación’. Es decir, se ha recurrido a financiamiento interno no para impulsar la inversión doméstica sino para mantener la inflación a niveles mínimos como exige la Banca Central.
Irónicamente, dicho absurdo neoliberal ha colocado al Estado en un rol destacado en las finanzas globales a pesar de su discurso anti-estatista, a la que se agrega hoy la responsabilidad de salvar al capitalismo de los capitalistas más emprendedores mediante gigantescos rescates financiados con recursos públicos.

C. Lara Cortés es economista chileno, docente en la Universidad Arcis (Santiago), integrante del directorio de SEPLA y editor de la revista Economía Crítica y Desarrollo.