14
Jul

Revolución Juliana

Por Juan Paz y Miño.

El 9 de Julio de 1925 la joven oficialidad del Ejército tomó el poder. Se inició así la Revolución Juliana, que comprendió dos Juntas Provisionales de gobierno y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).

La Revolución se produjo bajo una serie de condiciones: la severa crisis económica, el agotamiento del Estado Liberal, el declive del bipartidismo liberal-conservador, el despertar del movimiento obrero, un ambiente internacional de avance de la conciencia social, la instalación del socialismo en la Unión Soviética (1917). Sobre todo, fue una reacción contra las poderosas oligarquías, particularmente de la bancaria, que habían mantenido sujeto al Estado como instrumento de sus intereses.

Hasta este momento, los bancos eran emisores de billetes, controlaban el régimen monetario y eran prestamistas de los gobiernos. Todavía existían cuentas públicas descentralizadas y hasta autónomas, sujetas al manejo privado y político. Y los primeros núcleos de trabajadores carecían de derechos fundamentales, en un país hegemonizado por el sistema oligárquico-terrateniente.

Los gobiernos julianos por primera vez fiscalizaron a los bancos, centralizaron las rentas y organizaron la hacienda pública bajo una Ley de Presupuesto. Con el concurso de la Misión norteamericana de Edwin W. Kemmerer, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos inauguraron la misión social del Estado, con el Ministerio de Previsión Social, la Caja de Pensiones, las Direcciones de Salud y leyes sobre contratos laborales, salario, jornada y sindicatos. Este conjunto de políticas, que por primera vez en la historia definió el activo papel del Estado en la economía y en el trabajo, fue ampliamente respaldado por los sectores medios y populares del país. Naturalmente provocó la reacción de las oligarquías y en especial de la plutocracia que lanzó una campaña regionalista permanente, intentando movilizar el “guayaquileñismo” y sosteniendo que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.

Pero la Revolución Juliana, que incluso se inició en Guayaquil, recibió amplio respaldo popular en la misma ciudad. Víctor E. Estrada, ilustre banquero guayaquileño, no solo saludó a los julianos, sino que se consideró un precursor de sus ideas económicas. El esfuerzo de los gobiernos julianos por obras y mejores condiciones de salubridad y servicios médicos en Guayaquil fue reconocido en la misma época. Y la legislación social protegió algo más a los trabajadores, de cuyas filas provinieron los muertos del 15 de noviembre de 1922, víctimas de la represión de las mismas oligarquías que resistieron a las transformaciones julianas.

En las fiestas de Guayaquil y en el calendario histórico del Ecuador, la Revolución Juliana ocupa un sitial importante por su posición social y antioligárquica. Por eso es que los grupos de poder procuran tapar el significado de dicha revolución para el Ecuador y en Guayaquil la tildan de “ignominiosa”. Ese tipo de ataques, como en la actualidad, siempre han estado presentes cuando existen gobiernos que golpean los intereses de las élites del poder.

1
Jun

Guillermo Navarro Jiménez: Los poderes fácticos

guillermonavarrojimnez1El señor Martín Pallares, editor de la sección política del Diario El Comercio, en su artículo publicado el 31 de mayo del 2009 bajo el título: “Las cuentas del imperio”, se refiere a los poderes fácticos, en sus palabras, como un nombre zoquete utilizado por el Presidente Correa cuando se refiere a la prensa “corrupta, sesgada y entregada”. Sus expresiones van mucho más allá, cuando reclama que se proporcione al Presidente de la República un diccionario, seguramente para que se entere que el uso de ese concepto respecto a los medios de información, en este caso la prensa escrita, es equivocado. Apreciaciones que merecen algunas observaciones.

Hemos de comenzar señalando que del texto del señor Pallares no es evidente si lo que pretende es decir que el concepto no existe, (cuando reclama se provea de un diccionario al Presidente); o que existe pero cree que no es aplicable a los medios de información; o que si existe, lo conoce y en consecuencia lo oculta. Ante ello analicemos estas posibilidades.

Si el señor Pallares asume que fáctico significa “Perteneciente o relativo a hechos” o “fundamentado en hechos o limitado a ellos en oposición a teórico o imaginario”, como lo establece el diccionario de la Real Academia Española, y considera que esas acepciones son extensibles y consecuentemente aplicables al concepto poder fáctico aparentemente tendría razón, ello bajo el supuesto no consentido de que éstas sean acepciones aplicables a ese concepto. No consentimiento que se sustenta en un hecho innegable. Si se revisa la acepción que el mismo diccionario atribuye a poder fáctico, se constata que se entiende como: “El que se ejerce en la sociedad al margen de las instituciones legales, en virtud de la capacidad de presión o autoridad que se posee; p. ej., la banca, la Iglesia, la prensa”, definición que pone en evidencia que el concepto esta registrado por el diccionario y, que no sólo lo registra, sino que entre los poderes fácticos cita, incluye a la prensa, como lo ejemplifica la Real Academia Española de la Lengua. Por lo dicho, todo apunta a señalar que el señor Pallares sólo conoce las acepciones de fáctico y desconoce el correspondiente a poder fáctico, por lo que considera que no procede su uso y peor su aplicación en el caso de la prensa. Siendo ello así lo prudente sería satisfacer el pedido del señor Pallares cambiando, por cierto, de destinatario, puesto que quien requeriría el diccionario sería el señor Pallares.

La segunda alternativa es que el señor Pallares si conozca la acepción del concepto poder fáctico. En este caso lo estaría escamoteando en claro esfuerzo por manipular la opinión pública, lo que justificaría los calificativos de “corrupta y sesgada” que, según el señor Pallares, el Presidente de la República adjudica a los medios de información. Calificativos a los que agregaría el de anti éticos, por dos razones: por tratar sobre un tema que desconocen si la primera alternativa es la cierta; o por ocultar parte de la realidad a la que hacen referencia, si la segunda alternativa es la que procede.

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