Las negociaciones para “honrar” la ilegítima “deuda de la Independencia” son una mancha negra en la historia del Ecuador. Por eso, en 1896 Eloy Alfaro suspendió unilateralmente los pagos, para intentar un arreglo equitativo y honroso para el país.
Como el “crédito” internacional estaba afectado, desde la época de García Moreno, cuando aparecieron los primeros bancos, el raquítico Estado tuvo que acudir a los préstamos de la banca privada. Y esa realidad continuó durante la hegemonía liberal (1895-1925), sustentada en el auge del cacao. Así se fortaleció una poderosa oligarquía comercial-financiera, particularmente asentada en Guayaquil.
La deuda pública con la banca privada creció. Hasta que el dominio de la “plutocracia”, que mantuvo sometido al Estado, concluyó con la Revolución Juliana (1925) que por primera vez en la historia fiscalizó a los bancos. La circulación de billetes excedía el respaldo legal, que incluso la había fomentado la suspensión de la “convertibilidad” (canjear los billetes por oro) lograda por los banqueros en 1914. El Banco del Pichincha fue multado en S/. 55.276,50 y el poderoso Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil en S/. 2.237.083,33, lo que aceleró su cierre.
Durante los gobiernos julianos -incluye a Isidro Ayora (1926-1931)- y, además, con el concurso de la Misión Kemmerer, fue posible consolidar un sistema fiscal centralizado, introducir la reforma impositiva y con ello el impuesto a la renta, institucionalizar la atención estatal a favor de los trabajadores y crear las principales instituciones para la modernización económica del país: Caja de Pensiones, Ministerio de Previsión Social, Direcciones de Salud, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Ley de Presupuesto, etc.
Lo más importante fue la creación del Banco Central del Ecuador (1927), resistida como declaratoria de guerra por la banca privada, especialmente en Guayaquil. En adelante el BCE mantuvo el monopolio de la emisión, el control de las tasas de cambio, el tipo de interés y otras políticas monetarias. Desde entonces, controlar el BCE e influir en las políticas monetarias, ha sido un objetivo sistemático de las oligarquías ecuatorianas. Desde el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) el BCE fue cada vez más recortado. Y la dolarización (2000) fue una forma de “retirar” al Estado de la economía y “privatizar” la emisión en manos de una moneda extranjera.
Ante nuevas dificultades fiscales, en 1932 Alfredo Baquerizo Moreno conminó al BCE para la entrega de un crédito al gobierno por 15 millones de sucres. El asunto casi deriva en el fin del BCE, que concluyó prestando 12 millones. Ese gobernante inauguró otra política: acudir a los fondos del BCE. Algo que también aprenderían las oligarquías ecuatorianas, que pronto demandaron los recursos estatales para financiar buena parte de sus actividades privadas, a pretexto de “disminuir” el gasto público. Una exigencia ampliamente lograda en el Ecuador durante los últimos veinticinco años “neoliberales” y que todavía se demanda. Continuaremos examinándolo.