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Durante el siglo XIX, el Estado no intervino en la economía. Se creía en las “leyes naturales” del mercado y en la libre empresa privada. En Ecuador, no había posibilidad alguna para derrumbar los intereses del dominio oligárquico-terrateniente. Además, las finanzas públicas eran raquíticas. Los gobiernos y los recursos estatales dependían de los éxitos de la agroexportación, los créditos bancarios internos, los estancos y algún otro rubro. Nunca hubo impuesto sobre las rentas. Los gastos se consumían en sueldos y salarios para el ejército y la burocracia. Quedaba muy poco para alguna obra pública. Casi nada para educación y salud.

En el manejo de la “hacienda pública” solo destacan Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Antonio Flores Jijón y Eloy Alfaro. Pretendieron la modernización económica, imponiendo cierto orden presupuestario y mayores gastos en servicios, educación y asistencia social. Las actividades privadas quedaron siempre intactas y el mercado sin regulaciones. Como máximo, se adoptaban algunas medidas proteccionistas.

En todo el siglo XIX el Ecuador permaneció atrasado y pobre. Es que la economía “libre” tuvo un trasfondo: el poder oligárquico-terrateniente.

Solo la Revolución Juliana (1925) inauguró los primeros roles del Estado en la economía y la preocupación estatal sobre las clases trabajadoras. Pero el “desarrollismo”, con activo papel del Estado sobre la producción y el crecimiento, despegó únicamente en los años sesenta y se consolidó en los setenta, gracias al petróleo y las reformas estructurales como la agraria y la promoción industrial.

Dígase lo que se diga, en la historia ecuatoriana la intervención del Estado ha sido fundamental incluso para promover el crecimiento y la ampliación del empresariado privado. Y de igual modo para promover el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, pues el empresariado ecuatoriano ha sido muy reaccionario a la hora de impulsar reformas sociales y laborales, a pesar de cualquier excepción.

En los ochenta y noventa del pasado siglo XX, el triunfo de las tesis sobre el retiro del Estado y el “neoliberalismo” produjeron resultados contradictorios. De una parte, crecimiento, modernidad, consumismo, dependencia del capital financiero transnacional. Pero también pérdida de soberanía. Y en mucho, de dignidad nacional, a consecuencia de la sucesión de gobiernos atrapados por la deuda externa y el “aperturismo” reinante.

Sin regulaciones, con una empresa privada fortalecida en términos oligárquicos y un Estado abiertamente “desinstitucionalizado” a fin de que funcione el mercado “libre” criollo, las consecuencias sociales y políticas para el país no importaron y resultaron críticas. Como nunca antes la riqueza se concentró a tal punto que Ecuador pasó a ser uno de los países más inequitativos del mundo. Triunfó el capital, sobre el desempleo, el subempleo, la emigración y el trabajo precarizado y flexibilizado. Y en solo una década (1996-2006), hubo ocho gobiernos, con los tres únicos presidentes electos (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez), pero derrocados.

“La imaginación sociológica” de C. Wright Mills (1961) es un viejo libro para estudios políticos. Se refiere a las capacidades para analizar las informaciones, desarrollar razones, comprender el escenario histórico. En el Ecuador, la “imaginación sociológica” parece que funciona al revés. Porque sorprende lo que se escucha y lee de aquellos académicos que parecen dejar atrás precisamente las consideraciones históricas.

Desde la década de los sesenta del pasado siglo, la ciencia social comenzó a tomar un auge inusitado en América Latina, y durante los setenta, hasta bien entrados los ochenta, lo que se producía en la región pasó a ser un referente mundial. Esa enorme literatura trató temas como los que inquietan al presente.

Desde luego, los contextos han variado. Pero hay ciertas bases teóricas que perduran, enriquecidas con lo contemporáneo. No se puede etiquetar como “populismo” a cualquier política que refuerza el papel del Estado, promueve el gasto social, orienta la economía con sentido popular, etc. El “populismo” solo explica un tipo de discurso y una forma de hacer la política. Nada más. Asombra que el concepto sea utilizado para análisis descontextualizados. Es comprensible su uso indiscriminado entre ciertos opinadores de radio, articulistas o revistas de “vanguardia”. En igual línea entra toda esa cantaleta sobre el “caudillismo”, el “neo-velasquismo” o el “líder carismático”, etc. y últimamente ese “análisis” tan “imaginativo” sobre la existencia de una especie de encantamiento, de hipnotismo colectivo, de mágica adherencia popular a un proyecto que dizque hace aguas. En esas líneas se critica a una “izquierda” que se la supone en el pasado, sin más. ¿Dónde está el análisis sobre el poder y las fuerzas en torno a él? ¿Cómo puede omitirse lo de fondo por privilegiar simplemente los fenómenos políticos de la superficie?

Hay sensibles errores gubernamentales. Desencantan. Pero decir que hay un “proyecto autoritario” en marcha resulta más que imaginativo. Porque las comparaciones se hacen sobre realidades históricas y no sobre ideales o supuestos. Y en Ecuador, desde 1979, lo de “autoritario” solo calza al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) y no ha habido repetición. Decir que se “destruye” la institucionalidad del Estado es no comprender que ello ocurrió durante los últimos veinticinco años neoliberales. Acusar a una democracia “sin partidos”, con control de “todas” las funciones, etc. es construir un objeto ideal y retórico, bueno para la oposición política, pero que no explica la realidad histórica del Ecuador.

Si se examina lo que la derecha política decía sobre el proceso de retorno al orden constitucional, sobre la Nueva Constitución y sobre el binomio Roldós-Hurtado cuando se inició la democracia ecuatoriana en 1979, se verá que, con lenguaje más “académico”, lo mismo se vuelve a repetir hoy. Y lo peor es que se institucionaliza como una politología a-histórica de derecha. Mucho tiempo ha pasado desde que el célebre Agustín Cueva criticó esa sociología meramente “institucional”.