Entre la crisis y las elecciones
La derechización del gobierno y el peligro de derechización de la izquierda radical
En el éxtasis del triunfo, el presidente Correa hacía su balance de los resultados del referéndum aprobatorio de la nueva constitución. Fue a fines de septiembre del 2008. La derecha, dijo, está derrotada, y de inmediato fijó los nuevos adversarios: la “izquierda infantil”, los “ecologistas infantiles”, “el indigenismo infantil”; es decir, todo aquello que tiene la pretensión de moverse a su izquierda de modo más o menos organizado y más o menos autónomo. Como análisis resulta cuando menos apresurado –como no tardaría en verse–, pero como consigna y palabra de orden tiene la virtud de marcar de modo inequívoco el arranque de un nuevo rumbo político.
La derecha-derecha
Es cierto que las derechas han sufrido una serie de derrotas electorales. 4 consecutivas a partir de la segunda vuelta electoral del 2006. Las derechas han sido derrotadas, y esto fue así tanto para los dos bloques de sus partidos “tradicionales” (PSC+UDC+ID; PRIAN+PSP+PRE), como para sus nuevas formaciones políticas (Futuro Ya, Uno, Concertación Nacional, etc.). Incluso para aquellos que otrora se presentaban como el “poder moral”: las grandes empresas de comunicación y las jerarquías eclesiásticas. Quizás la derrota más dura fue la del referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, porque allí, como nunca antes, se presentó abiertamente como bloque... y fue derrotada en bloque.
Sin embargo, vale hacer algunas puntualizaciones, precisamente para esas últimas elecciones. En primer lugar, la derecha mantuvo dos reductos electorales que no dejan de tener significación: Guayaquil, la ciudad más poblada del país; y la provincia del Napo, cuya importancia está ligada a la explotación petrolera (igual que Sucumbíos y Orellana).
En segundo lugar, que la votación que la derecha pudo movilizar en contra de la esperanza del cambio prácticamente se duplicó, si la comparamos con la votación obtenida unos pocos meses antes para conformar la Asamblea Constituyente. Si bien no le alcanzó para impedir la aprobación de la nueva Constitución, el significado de un incremento de ese nivel no puede ignorarse a la ligera: pues significa que hay una reserva de conciencia conservadora en la ciudadanía, aunque por ahora sea menor que la voluntad de cambiar.
Finalmente, hay un hecho que no puede olvidarse. La derrota de la derecha fue una derrota política. Quizás, con más precisión, una derrota a sus formas políticas visibles. Pero su poder no reside fundamentalmente allí, sino en control de la economía, que no ha sido tocado en lo sustancial. Y eso se vio de modo claro en la ofensiva de diciembre. La Asociación de Bancos Privados, el Comité Empresarial y la Federación de Cámaras enfilaron sus disparos contra el gobierno acusándole de ser el causante de la crisis y de la inflación, sobre todo del incremento de los precios de los alimentos, que han sido los más significativos, una campaña a la que se unió –cómo no– la prensa. La crisis fue el pretexto; hacer retroceder al régimen fue el objetivo: volver a plantear como única salida posible el recetario neoliberal y, en lo inmediato, modificar la ley de seguridad financiera. Tuvieron éxito porque Correa decidió recular en cuanto a la ley.
En fin: la derecha, como se preveía, prefiere ahora enfrentar las elecciones generales de abril bajo un ropaje “ciudadano”, de siglas y nombres nuevos, poniendo en segundo plano las formas políticas que se ganaron con justicia el desprecio de la gente.
El gobierno y sus desplazamientos a la derecha
La crisis es un punto de quiebre; pero los primeros pasos vienen de atrás. El desplazamiento tiene varios componentes, más antiguos, unos; recientes, otros. Entre los primeros, se encuentra el ataque y la deslegitimación de la protesta social y de los propios movimientos, el empeño en aprobar una ley minera que pone énfasis en la presencia de compañías transnacionales, o el marcado personalismo caudillista del régimen. Entre los segundos, la moderación de las reformas y de los intentos de redistribución social, o la utilización de la crisis para rearmar el mapa de relaciones y alianzas, especialmente con los grandes grupos económicos.
En efecto, el gobierno había iniciado relativamente temprano su distanciamiento y, en seguida, su enfrentamiento con los movimientos sociales. La elaboración de las listas para elegir asambleístas fue la ocasión de hacer patente el distanciamiento: el gobierno desechó las alianzas con los movimientos sociales más organizados y con mayor capacidad de convocatoria y de propuestas autónomas. Optó, en cambio, por atraer a organizaciones menores. Se decía que era una secuela de la falta de apoyo de los movimientos a la candidatura inicial de Correa. Pudo haber sido. Pero todo eso no fue más que el inicio de desencuentros más profundos. Detrás de las apariencias y por debajo de la superficie, no todo era cuestión del sectarismo y los malos cálculos de unos, o de las prevenciones y la personalidad de los otros.
Las discusiones (o falta de discusiones, según el caso) durante la Asamblea Constituyente, tanto para la aprobación de los mandatos como para la redacción de la nueva Constitución mostraron ciertos puntos (importantes) de coincidencia: en lo tocante a la eliminación de las aristas más brutales del neoliberalismo; en torno a la soberanía y la prohibición de bases extranjeras; en cuanto a la recuperación de las capacidades del Estado, sobre todo en lo atinente a planificación y políticas sociales.
Pero, al mismo tiempo, la Asamblea mostró que las distancias ya no eran sólo electorales: se trataba de distanciamientos programáticos: las limitaciones al derecho de sindicalización y de huelga, el tratamiento del agua y la minería, en fin: la democracia. Convergencias y divergencias de dos proyectos cercanos, pero distintos. Entre ellos, la brecha ha ido creciendo.
De este modo, las posibilidades iniciales de confluencia fueron dando paso a los desencuentros y a los enfrentamientos. Muy pronto Correa pasó a la ofensiva y comenzó a atacar a los movimientos y organizaciones: los indígenas, los ecologistas, los sindicatos. En todos los casos, su discurso se dirigió a deslegitimar a los movimientos frente al resto de la sociedad. Los sindicalistas defienden prebendas, los ecologistas son infantiles, al igual que los indígenas. Por último, las comunidades que salen a protestar contra la aprobación de la ley de minería son “canallas y criminales”, como habían sido “terroristas” los pobladores de Dayuma, en la Amazonía.
Unos y otros son presentados como objeto de manipulación política y como enemigos de la “revolución ciudadana”. A unos y a otros se los reprime violentamente, se los somete al escarnio público en cadenas de radio y televisión, se les inicia juicios por intento de asesinato. Deslegitimación, criminalización y judicialización de la protesta social.
La conclusión es que el gobierno pretende aislar a los movimientos más radicalizados; y no sólo eso: enfrentarlos a la gran masa desorganizada, que todavía se encuentra bajo el influjo de su discurso caudillista. Desde esta perspectiva hay que analizar el autoritarismo de Correa y su limitada comprensión de la democracia, reducida al padre severo que imparte justicia tras haber recibido de su pueblo el mandato de hacerlo. Con su enfrentamiento a los movimientos sociales, con el modo de hacerlo, y con los contenidos que conlleva, el presidente se basa y refuerza las tendencias antidemocráticas que existen en la conciencia social (aquellas que añoran mano fuerte, indistintamente de si es de derecha o de izquierda).
Pero, ¿hay una vuelta al pasado neoliberal? O, peor aún, ¿es que nunca salimos de él y fue todo un espejismo? Como poco, hay que decir que es demasiado pronto para extraer una conclusión así. El proyecto del gobierno fue siempre una reforma capitalista. No hay por lo tanto un abandono del proyecto inicial, sino simplemente un desplazamiento hacia la derecha dentro del mismo marco que se estableció desde enero del 2007. El gobierno continúa en un rumbo desarrollista, neokeynesiano. Continúa reforzando al Estado y sus funciones. Sigue utilizando la inversión pública como motor de la marcha económica. No avanza en la redistribución social, pero tampoco retrocede (y la utiliza como mecanismo de legitimación política), e incluso anuncia una nueva reforma agraria. No se han abandonado los programas sociales, aunque tampoco se los transforma radicalmente. Y se mantiene una política internacional que privilegia los bloques regionales y continúa alejada de los intereses de las grandes potencias, especialmente de Estados Unidos (incluyendo la tardía reacción frente a la criminal invasión israelita a la franja de Gaza). Todo esto, por cierto, dentro de determinados límites.
Ahora bien: se trata de un rumbo que se ha profundizado a partir de noviembre de 2008, a medida que el gobierno fue poniendo en marcha discursos y propuestas políticas para enfrentar la crisis mundial. Este nuevo desplazamiento aparece claro en su relación con la burguesía. De partida: tratándose de un gobierno que impulsa un proyecto de reforma burguesa, requiere armar un marco de alianzas relativamente significativo con grandes grupos empresariales. Desde el inicio de su gestión, había enfrentado esta tarea suya construyendo cercanías por fuera del ámbito de aquellos sectores que, representados en las cámaras empresariales y en los partidos del establishment, habían privatizado en su beneficio la política y el Estado en estos últimos 30 años.
Sin embargo, la crisis ha mostrado una modificación en la política del gobierno hacia los grupos empresariales. Primero fue la reunión en Guayaquil, intermediada por los buenos oficios del Banco de Guayaquil. Allí mismo y después, las medidas que protegen al capital frente a la crisis (insistiendo, hay que reconocerlo, en fortalecer al capital productivo y en controlar el movimiento de capitales por parte de la banca, sobre todo los envíos al exterior). Luego vinieron aquellas otras medidas que ponen un freno a las tendencias redistributivas del gobierno: están simbolizadas en un incremento salarial que cubre apenas los efectos de la inflación. Después fue “recular” ante la presión de los gremios de los grandes bancos (apenas unos días después de haberlos amenazado… con la cárcel), dejando de lado su propuesta de poder invertir los fondos de seguridad financiera en la región. Salarios y banca: en ambos casos hablando de “tranquilizar” los mercados y de “no perjudicar” a los empresarios. ¿La crisis sirve para lanzar guiños a los empresarios e intentar ampliar la base de sus alianzas con los grandes grupos empresariales, incluidos aquellos que se sitúan en la oposición radical?
En estas circunstancias, tiene mucho más sentido el esfuerzo de Correa por desembarazarse de sus aliados de la izquierda. La primera escaramuza fue dentro de Alianza País. El ataque a los “infiltrados” que tenían “agenda propia” fue poner en cuarentena a las izquierdas internas que no habían perdido la perspectiva de algún cambio más profundo. Al mismo tiempo, todo ello le permite aumentar su poder personal dentro del heterogéneo movimiento oficialista. Sus integrantes saben su propia debilidad, entienden que sus posibilidades políticas están en la sombra de Correa. No lo estorbarán con inútiles opiniones en contra. Si todo esto sigue así, pronto no quedará más izquierda en el oficialismo que la izquierda sumisa. Una sumisión que no proviene de características psicológicas, sino del cálculo político oportunista, habilidad de la que ya dieron muestra durante el gobierno de Gutiérrez.
Lo propio puede decirse de sus empeños por desembarcar al MPD. Aunque el MPD no participa directamente en el gobierno, ha permanecido a sus costados a partir de la segunda vuelta electoral. Correa realiza sus mejores empeños: lanza dardos contra la UNE, amenaza con despedir a los maestros y a todo empleado público que proteste, pone en marcha provocaciones simbólicas, lanzándose duramente contra la izquierda y contra los movimientos sociales en su acostumbrado programa radial sabatino, emitido en esa ocasión desde La Habana. Pero no ha logrado coronar aún sus empeños con el éxito, pues el MPD persiste en brindarle su apoyo (“apoyo crítico”, según su más reciente resolución). Pero todo será cuestión de tiempo.
El peligro de derechización de la izquierda radical
¿Y las izquierdas radicales? Los riesgos de derechización no son nuevos en este campo, sobre todo en aquellos que van al ritmo de sus propias ilusiones. Un discurso radical sustentado en análisis simplificadores, en el desconocimiento de los avances producidos, en la identificación fácil de la política gubernamental con el neoliberalismo.
El ultracriticismo frente a Correa desde el inicio del gobierno las ha alejado sensiblemente de la conciencia de las mayorías que todavía identifican el cambio (y su propio despertar político) con el gobierno, con el presidente en persona, quizás con la “revolución ciudadana”, acaso con el “socialismo del siglo 21”. Sus errores de apreciación política y las ambiciones personales y de grupo los pagó con la bochornosa participación en las elecciones para asambleístas. Y por la misma vía transitaron varios grupos de esta corriente en el referéndum aprobatorio.
Ese riesgo no era más que impedirse a sí misma contribuir en la construcción de un campo político de izquierda radical fuera de los marcos de la cooptación gubernamental. Pero ahora los riesgos de derechización efectiva pueden ser reales y concretos: están en el escenario electoral. La candidatura de Martha Roldós puede ser un elemento de reagrupación de la izquierda y de recuperación de espacios políticos. Pero para eso tiene que desmarcarse claramente de la derecha; que es más fácil decirlo que hacerlo. Si esa candidatura aparece como una “iniciativa de la RED y de Polo Democrático”, a la que se suman organizaciones sociales y otros grupos menores, es evidente que el riesgo está en el propio origen.
Aunque Martha Roldós sea una persona de izquierda, el partido en el que está no lo es, y en estos últimos dos años ha derivado francamente hacia la derecha. Y su jefe reconocido, León Roldós, es el nexo con grandes grupos empresariales, sobre todo de la costa. Martha Roldós comenzó su anuncio presentándose como parte de las luchas sociales contra el gobierno: Dayuma, las luchas contra la minería... y los estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil, avanzada de la renovación de las élites políticas oligárquicas en esa ciudad. ¿Es esa la alianza que va a asegurar mejores días para la izquierda?
Más aún: si la derecha no logra cuajar una candidatura presidencial con ciertas opciones, ¿sería descabellado pensar que apoye, así sea de modo silencioso y encubierto, una candidatura que se presenta como una opción izquierdista a un gobierno que presume de izquierdas?
Las posibles ganancias electorales resultan tentadoras. Y son buenas. Siempre y cuando no se hipoteque en el camino la posibilidad de construir una clara política de independencia política y programática de clase.
Mario Unda
Viernes 16 de enero de 2009
El Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) inició el “agresivo endeudamiento externo” en 1976. Ese año el saldo de la deuda pública ascendió a 1.175 millones de dólares. Para 1979, cuando se iniciaron los gobiernos constitucionales, el saldo de la deuda pública alcanzó los 3.686 millones. En adelante siempre creció. El pico más alto se alcanzó en 1999, cuando llegó a 17.124 millones con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000). En el 2006 era de 14.246 millones de dólares.
