En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Monsanto no es la única: cinco de las seis trasnacionales que controlan las semillas transgénicas plantadas a nivel mundial tienen patentes tipo Terminator. Syngenta es la que tiene mayor número de ellas.
Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron "Sistema de Protección de la Tecnología", porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que "los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas". En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.
La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.
Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.
Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnología Terminator "caso por caso", que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.
En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.
En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.
No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la "bioseguridad", una falsedad.
En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contra Terminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.
En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición de Terminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.
Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.
Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.
Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC