Quien desee caer para atrás como el famoso personaje cómico Condorito,
cuando ve una barbaridad, sólo tiene que leer el instructivo para elegir a
los miembros del primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
que acaba de redactar la Comisión Especializada de Participación Social y que está en proceso de aprobación por el ¨Congresillo¨.
Dejando momentáneamente de lado la ilegalidad de la resolución de la autodenominada ¨Corte Constitucional¨ cuya existencia es de facto, pues aún no se han cumplido las condiciones para su creación enumeradas en el Art. 25
del Régimen de Transición, revisamos la pretendida resolución encontrando que, efectivamente, es a la Comisión Legislativa y de Fiscalización conocida también como ¨Congresillo¨, a quien corresponde la redacción del instructivo mencionado y la organización del concurso público de oposición y méritos, de
acuerdo con la Segunda Disposición Transitoria y el Art. 29 del Régimen de Transición lo cual siempre fue obvio, pero, aparentemente se confundieron, violando los tiempos dispuestos en el Régimen de Transición. ¿Por qué?
Entrando ya en el análisis de este proyecto de instructivo, leemos que en su Art. 3 se dispone la integración obligatoria de al menos un afrodescendiente, un indígena y un montubio; lo que se corrobora en el Art.
16 al disponer que entre los 10 últimos espacios se incluirán al menos dos representantes de las comunidades afroecuatorianas, indígenas y montubias.
Esto no sólo es inconstitucional por discriminatorio y violatorio de la igualdad de oportunidades, sino que es un absurdo jurídico socialmente pernicioso que pretende convertir a este organismo administrativo en un
álbum de etnias y clases sociales, ignorando por prejuicios insanos y fanatismos enfermizos, la finalidad de un ente que debe estar integrado por los más capaces, independientes y probos, sin importar su raza ni su
procedencia.
Como complemento a los absurdos jurídicos y a las violaciones constitucionales expuestas, el sistema de puntuación propuesto, en el Art. 7 incrementa la puntuación si hay respaldo de varias organizaciones políticas,
más puntos por respaldo de organizaciones de diferente tipo, según el literal 7 del Art. 10, poniendo en injusta desventaja a quienes son postulados por ciudadanos independientes (que son la mayoría de los
ecuatorianos). Pero las barbaridades aún no terminan, pues en el Art. 10, inciso 1, se dispone el incremento de la puntuación por los años que tengan las organizaciones postulantes, como si se fuese a elegir a estos organismos
y no a sus postulados, sometiendo -de paso- al aspirante, al control de estas entidades que bien pueden ser grupos de interés de los cuales esta nueva función pretendía independizarlos.
Pero, tenga calma que aún hay más: el Art. 12 dispone de forma increíble y grotesca, la ¨discriminación favorable¨ de 3 puntos a quienes tengan menos de 30 años y más de 65, a quienes sean discapacitados, a quienes vivan en
zonas rurales, a quienes sean emigrantes y a quienes pertenezcan al quintil de menos ingresos económicos.
Para completar esta ¨lindura¨ de instructivo, el inciso 6 del Art. 10, desconoce el 4to. Nivel universitario, y apenas diferencia por un punto entre tener título de pregrado, ser egresado, ser bachiller, o apenas tener primaria; minimizando totalmente la instrucción académica.
Ahora bien, si usted cree que alguno de los postulados ha falsificado documentos o tiene un historial que lo inhabilite como persona idónea, el Art. 16 dice que tiene 4 días (sí, sólo CUATRO), luego de que se publique la
lista de los 24 finalistas, para impugnar ante la Comisión Especializada de Participación Social; deberá hacerlo por escrito, debidamente fundamentado y con pruebas documentadas. ¿Qué le parece?
Queda claro que para tener garantizado un puesto en el Consejo, habría que ser de raza negra, indígena o ser montubio, preferiblemente tener alguna discapacidad, vivir fuera del país, ser joven o en su defecto anciano, y
vivir en condiciones de pobreza extrema; y si a todo esto suma su dependencia de varias organizaciones como sindicatos o gremios de diversa índole, quienes les den su respaldo esperando sus futuros favores, entonces
usted ¨está hecho¨ y ya casi puede considerarse miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
¿Cuál es el objetivo que se pretende con estas reglas? Adivínelo usted.
NOTA: Para quienes aún no están enterados de las funciones de este famoso Consejo de Participación Ciudadana, les informo que este organismo será quien nombre a los miembros de todos los órganos de control del Estado y de
administración de justicia, lidere el combate contra la corrupción y organice todos los procesos de participación ciudadana. Actividades de enorme importancia que requieren las más altas y amplias capacidades,
experiencia, independencia de todo grupo partidista, gremial, corporativo, financiero, etc., además de idoneidad comprobada.
William Sánchez Aveiga
EL BANQUETE DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
Sin duda hay cosas que la gente común desconoce y sólo vive sus consecuencias sin saber por qué ocurren; así sucede con el funcionamiento del aparato judicial y las prebendas que los administradores de justicia logran "legalmente", aunque sean inconstitucionales y perjudiquen a quienes están llamados a servir: AL PUEBLO. El nuevo Código de la Función Judicial es un delicioso banquete de privilegios elaborado para que esta "burocracia de diamante" goce de una forma de vida que nos hace pensar que aún vivimos en la época medioeval, donde ciertas clases sociales disfrutaban de derechos especiales como si estuviesen por encima de los demás mortales. Revisemos ahora sólo algunos de los diversos platos de este banquete de privilegios:
El Art. 97, Literales 6 y 7 del susodicho Código, establece que se les concederá LICENCIA CON REMUNERACIÓN a los servidores de la función judicial, cuando participare en programas de formación profesional o capacitación, relacionados con sus funciones, durante el lapso que duren dichos programas; y, para realizar ESTUDIOS EN EL EXTERIOR sobre materias concernientes al servicio de la Función Judicial por una sóla vez, HASTA POR DOS AÑOS; (o sea que a estos señores y señoras les pagamos sus jugosos sueldos por 2 años para que regresen a sus funciones que, de paso, están entre las que menos confianza y simpatía les otorga la opinión ciudadana, según todos los sondeos).
A lo mencionado, se suman las licencias sin remuneración, las cuales, pese a no representar egresos de los contribuyentes (el pueblo), son privilegios que ni los mismos empleados públicos de otras ramas los poseen, y los trabajadores de la empresa privada ni los soñarían, por ello, son absolutamente ajenos al Código del Trabajo. En el Art. 98 Literales 1 y 2, del mencionado Código, constan estas maravillas: Por enfermedad hasta 180 días en el año; para realizar estudios en el exterior, por una sóla vez hasta por dos años (se entiende que adicional a lo dispuesto en el Art. 97). El Literal 3 del Art. 98 dispone que tiene licencia sin sueldo por asuntos particulares hasta por 8 días en el año; el 4to Literal es una burla al señalar que "las licencias contempladas en los numerales 2 y 3 se concederán únicamente en el caso de que no se afecten las necesidades del servicio" (como si hubiese personal de sobra en los tribunales y juzgados).
Es lamentable que habiendo tenido la oportunidad para desterrar perniciosas normas que rigen a la función judicial, se haya retrocedido, violando toda lógica, todo principio, y todo derecho, actuando con sectarismo, creyendo los autores de este Código, que aspirar a ser parte del mismo gremio judicial, les da derecho a operar como sastres que confeccionan su propia indumentaria. Si es así, pongamos también a los transportistas y taxistas a redactar la ley de tránsito y veremos lo que pasa.
Y usted, ciudadano, estará de acuerdo conmigo en que es un buen negocio ser miembro de la función judicial, ¿verdad?
William Sánchez Aveiga
CALAMBRE EN LA MANO IZQUIERDA
En un pequeño y tropical país
de escándalos y poca democracia,
un personaje de sonrisa felíz
irrumpió con gran audacia.
Seguro, intrépido y ferviente
partió por campos y ciudades,
diciéndole a la esperanzada gente
que acabarían sus necesidades.
Con entusiasmo muchos le siguieron
creyendo en su discurso patriota,
mientras los oportunistas dijeron
"yo también quiero mi cuota".
No demoró en levantar
la bandera de la izquierda,
muy confiado de lograr
que su oportunidad no se pierda.
Así promovió entusiasmado
la Asamblea Constituyente,
ante un pueblo esperanzado
de lograr un cambio consecuente.
Para convencer a la gente
y asegurar sus cometidos,
nada más elocuente
que azuzar a los resentidos.
Por eso tildó a los ricos
de explotadores y pelucones,
repartiendo a grandes y chicos
promesas y bonos por montones.
Para intentar gobernar
y estar presente en todos lados,
ministerios tuvo que inventar
manteniendo a muchos eclipsados.
A su colega y amigo incondicional,
que de su movimiento político es eje,
dio cargo y sueldo oficial
aunque sea al buró que maneje.
A la partidocracia atacó
en su discurso populista,
mas en su gobierno demostró
tener a los mismos de siempre en su lista.
Con su séquito de legisladores
reformó leyes apurado,
sin analizar bien los borradores
y dejando al pueblo perjudicado.
Sus asambleístas con inconsciencia
se jactaron de su velocidad,
confundiendo con eficiencia
su gran irresponsabilidad.
Preocupado de perder simpatía
increpó airado a sus asesores,
con su característica grosería
por el error de sus legisladores.
De sus impuestos no pagar
a sus contradictores ha acusado,
pero al SRI consultar
vemos "compañeros" que no han declarado.
Pero el dulce sueño de su vida
aún lo acaricia vehemente,
queriendo de manera indefinida
ser reelegido presidente.
Ya no con el entusiasta respaldo
de la izquierda acalambrada,
sino con el calculador saldo
de la propia partidocracia remozada.
Lo expresado está en rima
para ponerle condimento
a una historia que desanima
y que cualquier parecido no es cuento.
William Sánchez Aveiga