Por Humberto Miranda Lorenzo
A Frank Delgado, por “Melesio”.
Ni odio contra los que no piensan como nosotros. Cualidad mezquina, fatal en las masas, y raquítica e increíble en verdaderos hombres de Estado, ésta de no conocer a tiempo y constantemente la obra e intención de los que con buen espíritu se diferencian en métodos de ellos. José Martí. [1]
Quienes conocen (y sobre todo disfrutan) del béisbol saben que el juego no termina hasta que caiga el último “out”. Por eso disiento de los enfoques “terminales” acerca de la Revolución cubana. No importa cuántas carreras debajo estemos, todavía nos quedan turnos al bate.Justo ahora, en medio de una compleja situación (nada nuevo para cubanas y cubanos) se evidencian un sinnúmero de alternativas que podrían imprimirle un giro positivo al proceso más allá de la idea de “mantener” lo alcanzado. Centrarse únicamente en defender las conquistas lleva también a la trampa de defender un status de inmovilismo que deriva, sin remedio, en la muerte del proceso. Pero para “ir más allá” se requieren altas dosis de audacia, inteligencia colectiva y voluntad real de que el pueblo no solo “tome parte”, sino, y sobre todo, que protagonice y dirija el proyecto social de la Revolución.
Se ha hecho sentido común la visión sobre la necesidad de cambios en la economía, lo cual se ha traducido como “actualización del modelo económico”. Tales cambios son imprescindibles, pero pueden dejar de carecer de sentido en términos del socialismo, si no van de la mano de cambios en la estructura política presente que data de 1976.
La sociedad cubana ha cambiado, se ha diversificado. Han aparecido relaciones y actores económicos y sociales que en aquel entonces no existían o no impactaban el proceso. Han ocurrido importantes cambios culturales dentro de la sociedad, al tiempo que se han operado transformaciones en el paradigma del socialismo y en la ideología revolucionaria de amplio efecto en los ciudadanos y ciudadanas que formamos parte de esta sociedad.
A ello debe añadirse que a escala internacional la realidad, la coyuntura y el contexto han cambiado drásticamente. Si bien la Constitución y el sistema político que nos dimos en 1976 se correspondían con la plataforma técnica económica y con la estructura social existentes, en treinta y seis años se han registrado transformaciones esenciales.
No existe más ni la URSS ni todo el bloque económico y político en el que la Revolución se apoyó y con el cual estaba alineada. El proyecto de país se vio afectado y fue necesario un rediseño sobre la marcha, en retroceso y con una ofensiva que arreciaba desde Estados Unidos para que fuéramos los próximos en caer. En Miami se hacían maletas para el regreso triunfal, al tiempo que se coreaba “ya vienen llegando”. La ropa se estrujó en las valijas y la canción pasó de moda.
Desde fines de los 90 en nuestro contexto natural, Latinoamérica y el Caribe, han tenido lugar procesos de renovación social como la Revolución Bolivariana en Venezuela y las transformaciones en Bolivia y Ecuador cuyas propuestas han tenido amplia repercusión regional y global. En términos domésticos, han promovido en cierta medida nuevas maneras de concebir y llevar a cabo el socialismo.
Hay dos aspectos que no pueden ser ignorados. Uno es que el conflicto con Estados Unidos es un actor interno de la realidad cubana y está mediando en casi todos los sectores de nuestra vida. Segundo, y más importante aún, es innegable la valentía y consecuencia política, así como la inteligencia de la dirección del país para garantizar la sobrevivencia del proceso en medio de la debacle global de los 90.
Fue necesaria una reforma que abrió la maltrecha economía a la inversión de capital extranjero a través de empresas mixtas de conjunto con el estado. Se situó al turismo internacional como fuente principal de ingresos y liquidez financiera para palear la falta de créditos y sortear el bloqueo. Esas fueron medidas necesarias a la vez que riesgosas en tanto no eran asépticas socialmente y trajeron consigo regresiones en el terreno de las ideas y las convicciones.
Apareció el autoempleo (trabajo por cuenta propia) como forma de recolocación de masas de trabajadores sin espacio en la economía “formal”. Se estimularon formas y relaciones de mercado como palanca en busca de la eficiencia. Se permitió la libre tenencia y circulación del dólar norteamericano en la economía interna, pasando el envío de remesas desde el exterior a ser otro factor importante de ingreso de divisas.
Desde las Fuerzas Armadas se comenzó a aplicar el “perfeccionamiento empresarial”, primero como forma de contribución eficiente a los tan necesarios gastos en la defensa, y luego se fue extendiendo como experiencia al sector civil. De hecho, una buena parte del sector turístico está gestionado por una empresa perteneciente a las FAR.
La reforma económica de los 90, que fue mucho más amplia que lo anteriormente mencionado, contribuyó inmensamente a la sobrevivencia de la Revolución, aunque la causa fundamental de esa permanencia en el espacio y el tiempo radica, como siempre, en un pueblo que ha soportado las más difíciles condiciones en la vida cotidiana y en su mayoría se mantiene firme en sus ideales de independencia y justicia social. El pueblo cubano, por encima de todo, sabe lo que “no” quiere.
No obstante, las medidas aplicadas en los 90 tuvieron, como todo, otra cara de la moneda. Los principales baluartes de la vida digna de los cubanos y cubanas: la educación de alto nivel gratuita y universal, el sistema de salud de incomparables resultados y la seguridad social y ciudadana se vieron seriamente deprimidas y afectadas. El éxodo desde esos sectores, el deterioro de la base material y, sobre todo, el deterioro de lo que los tecnócratas gustan llamar “capital humano”[2] ha tenido efectos negativos, algunos de los cuales aún están por emerger.
En medio de la escasez más profunda aparecieron empresarios y turistas extranjeros oliendo a capitalismo exitoso. Al mismo tiempo que los ciudadanos nacionales fuimos privados del acceso a las instalaciones turísticas y recreativas, aparecía un sector social marginal (y marginado, pero activo) que fue creciendo y consolidándose como actividad económica “informal” (pero cada vez más organizada) y cuyos impactos sociales, aunque oficialmente se traten de desconocer o se minimicen, son extensos y profundos.
Por otro lado, el estado como propietario y gestor mayoritario de la economía, en un contexto de crisis y contracción, se veía obligado a reducir gastos y comenzar a desprenderse de personal y empresas sobrantes e incosteables. La realidad era diáfana, el estado no podía continuar gestionando centros de producción y servicios ineficientes, altos consumidores de energía, sin insumos ni repuestos para funcionar, sin capitales y sin perspectiva de mercados.
Debe señalarse que la vocación humanista de la Revolución no se vio resentida. En nuestro país no se adoptaron paquetes de medidas de ajuste estructural como los que el FMI y otros organismos testaferros del capital implantaron en muchas economías en el mundo. A los trabajadores no se les lanzó a la calle y se les abandonó a su suerte. Se implementaron planes de formación y capacitación conjuntamente con programas de asistencia social. Tamaño desafío se asumió con responsabilidad.
Sin embargo, en ningún caso se intentó la experiencia de que los trabajadores recuperaran las fábricas y centros de trabajo en los que ni el estado podía ni el capital extranjero estaba interesado en invertir. Una gran cantidad de centros de producción fueron cerrados, decenas de centrales azucareros dejaron de producir haciendo desaparecer la experiencia de siglos de producción de azúcar y una vida alrededor de los bateyes que quedó congelada en el tiempo y el olvido.[3]
Por esa época, y ante la imposibilidad de mantener las grandes empresas estatales en el agro, se implementó un proceso de cooperativización de las mismas consistente en dividir las áreas de cultivo y los medios de producción, otorgar la tierra en usufructo (manteniendo la propiedad en manos del estado) y vendiendo maquinaria y medios de trabajo sobre la base de créditos blandos. Surgían así las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado.
Silvio Rodríguez. “Resumen de noticias”.
Muchos trabajadores agrícolas se fueron a dormir una noche siendo obreros del campo y amanecieron siendo cooperativistas. Aunque lo más difícil de ese proceso no radicó en ese cambio tan brusco en su condición, sino en que, en su gran mayoría, las UBPC’s estaban ahogadas por trabas burocráticas, sin capacidad de decisión colectiva sobre la producción y sus destinos. Eran una reproducción de los esquemas organizativos verticalistas que dejaban poco espacio a la iniciativa y búsqueda de trabajo en red con estructuras homólogas.
Las UBPC’s se sumaron a otras formas de cooperativas ya existentes; las CCS (Cooperativas de Créditos y Servicios) y las CPA (Cooperativas de Producción Agropecuarias), surgidas ambas al calor del proceso revolucionario, aunque en períodos diferentes.[4] En todos los casos existen rasgos comunes que deben ser tenidos en cuenta.
En primer lugar, las cooperativas en el caso cubano son un fenómeno ligado a la Revolución, pues no se registran asociaciones de ese tipo a grandes escalas antes de 1959[5]. En la Isla, en términos de la economía, lo que no era un gran negocio, era un “chinchal”. Esta razón histórica explica en alguna medida la facilidad con que el trabajo por cuenta propia se extiende en nuestro país. La “ofensiva revolucionaria” de 1968 cortó un ciclo de reproducción de pequeños negocios individuales, pero reaparecieron con la reforma de los 90 y hoy se fortalecen en un segundo impulso a raíz de la “actualización”.
Cuando aparecen las CCS ya la economía cubana funcionaba gestionada por el estado y el país comenzaba a insertarse en el sistema de relaciones del bloque socialista liderado por la URSS. Las CPA surgen en una Cuba perteneciente al CAME y en un modelo de economía planificada centralmente. Ello condicionó la visión y la puesta en práctica de las mismas.
De una parte, debe señalarse que la Revolución cubana no practicó la cooperativización forzosa al estilo estalinista. Existen numerosas intervenciones del propio Fidel en las que llamaba al convencimiento, a la asociación voluntaria y al respeto a la decisión de los campesinos de agruparse o no en cooperativas.
Ahora bien, siempre fueron vistas como una forma de propiedad no estatal, nunca como una forma de gestión colectiva de la producción por parte de los trabajadores y además, su ámbito estaba reducido a la actividad agrícola. Nunca se concibió la forma de gestión cooperativa en el sector urbano ni en la industria. Eran un paso (casi un mal necesario) hacia “nuevas formas de producción”. Dicho en otros términos, un camino hacia la producción a gran escala en granjas estatales.[6]
El carácter socialista de la Revolución no fue una importación forzosa, como se ha pretendido acuñar por parte de sus enemigos. El capitalismo era el plan de la dependencia infinita, del gran casino de La Habana, del exportador de azúcar que importaba caramelos, del marine americano ebrio mancillando la estatua del Apóstol sin que sucediera nada, más allá de la indignación popular. El socialismo no llegó a nuestra isla montado en tanques soviéticos, sino que es el proyecto de sociedad que nos trajo a los cubanos y cubanas un país que no teníamos.
Del mismo modo es necesario entender que al triunfo de la Revolución el socialismo realmente existente, ya burocratizado, centralizado y estatista era la noción predominante a escala internacional y con la cual interactuamos, a la cual nos integramos. Muchos de los métodos y estructuras económicas y políticas adoptadas y, más aún, buena parte de la formación de nuestros cuadros resultaron de esa relación que, por encima de toda duda, fue estratégica para un proyecto social enfrentado a la mayor potencia imperial de la Historia.
Y si bien las reformas de los 90 constituyeron, en gran medida, una relectura del análisis leninista de la NEP, no puede afirmarse que la noción de Marx sobre trabajo libre asociado haya tenido el suficiente espacio en el debate y en el establecimiento de las estrategias de construcción social; y esto provee una explicación a la ausencia del cooperativismo y la autogestión como formas de gestión colectiva de la producción y los servicios y como alternativa en medio de la crisis. El socialismo era la centralización de todos los procesos en manos del estado y gestionado por sus instituciones.
El liderazgo histórico de la Revolución, encarnado hoy en la figura de Raúl, en el Informe Central al recién efectuado Congreso del PCC afirma:
La experiencia práctica nos ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo de la iniciativa en la sociedad y en toda la cadena productiva, donde los cuadros se acostumbraron a que se decidiera desde “arriba” y, en consecuencia, dejaban de sentirse responsabilizados con los resultados de la organización que dirigían. (…)
Esta mentalidad de la inercia debe ser desterrada definitivamente para desatar los nudos que atenazan al desarrollo de las fuerzas productivas. Es una tarea de importancia estratégica (…)[7]
Desde esa perspectiva cabe entonces aventurarse a proponer otros caminos no solo deseables, sino posibles. Entendiendo desde el principio que el peor enemigo de cualquier emprendimiento social es la absolutización y el reduccionismo. Tan nefasta ha sido la absoluta estatización y burocratización de todos los procesos económicos y de la vida en general, como plantear que LA solución ahora está en más capitalismo, o en el “cuentapropismo” (con toda la carga de individualismo que entraña), del mismo modo que pensar que las cooperativas y la autogestión son la única receta posible para salir del atolladero económico y mantener viva la Revolución. Habrá que dar espacio y cabida a toda una serie de posibilidades y, más importante aún, conectar todas esas experiencias entre sí y a escala social.
El propósito de cualquier propuesta no deberá ser otro que articular la diversidad de formas de producción para consolidar una hegemonía socialista que haga realmente irreversible la Revolución, para que la sangre y el sacrificio que ha costado no sean en vano. Es necesario crear un marco, como se ha hecho, para que el capital invierta en determinados sectores de la economía. Es necesario proporcionar, como se está haciendo, un entorno favorable al trabajo por cuenta propia. Y también es necesario acabar de desterrar los temores y estereotipos en torno a las cooperativas y la autogestión y darle, allí donde sean aplicables, los espacios y la legitimidad que le corresponden para fortalecer la producción colectiva lo cual, sin dudas, contribuirá al objetivo fundamental de nuestro proyecto: el socialismo.
En el Informe Central al VI Congreso del Partido se puede encontrar respaldo a esta idea, teniendo en cuenta que las empresas en gestión cooperativa formarían parte del sector “no estatal” de la economía y que producir de manera colectiva, si bien no constituye de por sí EL socialismo está al menos más avanzado en ese camino que el trabajo individual o en una entidad gestionada por un capitalista.
Allí Raúl señala:
El incremento del sector no estatal de la economía, lejos de significar una supuesta privatización de la propiedad social, como afirman algunos teóricos, está llamado a convertirse en un factor facilitador para la construcción del socialismo en Cuba, ya que permitirá al Estado concentrarse en la elevación de la eficiencia de los medios fundamentales de producción, propiedad de todo el pueblo y desprenderse de la administración de actividades no estratégicas para el país.[8]
Cuando se implementa la estrategia económica de los 90 y nuestro país se abre a la inversión extranjera quedó bien claro que la propiedad continuaba en manos del estado cubano y la gestión se compartía en los porcientos que demandara cada situación, incluso, han existido casos en los que la gestión corre totalmente a cuenta del capital foráneo.
Resulta entonces de sumo interés la experiencia pues se tuvo mucho cuidado de no afectar la soberanía nacional, la soberanía del pueblo cubano sobre el territorio y su capacidad instalada. Es un precedente que puede servir para comprender que no es necesario transferir la propiedad, sino descentralizar la gestión y la toma de decisiones hacia los emprendimientos en régimen de cooperativas sin que ello afecte la propiedad del pueblo.
Desde luego, con todo y que se vislumbra hoy un espacio apropiado para la implementación de la producción en cooperativas no solo en el sector agrícola sino también urbano e industrial, es necesario tener en cuenta algunos desafíos que se avizoran en el más corto plazo.
La experiencia
En primer lugar, ya se ha expresado, la experiencia de este tipo de gestión es limitada, lo cual se suma al rechazo que aún prevalece tanto en algunos sectores vinculados a la toma de decisiones, como en quienes están vinculados al trabajo individual y la apropiación privada y han conformado ya grupos de intereses contrarios al trabajo y la apropiación con carácter colectivo. El desinterés de trabajadores hoy ocupados en el sector estatal en integrarse a una cooperativa o continuar con formas colectivas de trabajo puede estar relacionado, en alguna medida, con el desconocimiento de la actividad y de los beneficios individuales y colectivos reales que pueden obtenerse.
Es necesario implementar, junto a la práctica de las cooperativas en el sector urbano e industrial, procesos de formación y capacitación que tomen en cuenta experiencias ya existentes tanto fuera como dentro de Cuba.
En el caso cubano hay un amplio caudal en la Universidad de Pinar del Río con desarrollos teóricos de fondo y prácticas ya establecidas. En la Universidad Central de Las Villas también se puede encontrar vasta información comenzando por el legado de Víctor Figueroa y los trabajos de todo el grupo de economistas y profesionales dedicados a esos empeños, en la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y el Instituto de Filosofía (ambos del CITMA) en La Habana, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Local (CEDEL), el Centro de Estudios sobre la Economía Cubana, las investigaciones desde la sociología del trabajo, los aportes de intelectuales revolucionarios quienes, aún sin vínculos académicos o institucionales brindan aportes significativos, así como en numerosas asociaciones y organizaciones sociales. El Centro Memorial Martin Luther King Jr., brinda capacitación, formación y acompaña procesos de ese tipo.
Un experimento exitoso y digno de estudio y aprendizaje es el de la Oficina del Historiador de La Habana. En medio del período más agudo e incierto económicamente se implementó un plan de gestión cuyo fin último es “la felicidad de los más necesitados”, algo que logra con creces. En el Centro Histórico de La Habana Vieja los principales inmuebles continúan siendo patrimonio público, pero se gestiona de manera autónoma sin desconexión del aparato del estado. Existe una relación simétrica y ordenada de los niveles locales, sectoriales y nacionales y el beneficio social es palpable.
A todo lo anterior debe añadirse la experiencia acumulada por el desarrollo cooperativo en el sector agropecuario en el país, nada desdeñable, tanto en sus desaciertos como en sus muchos aciertos. La ANAP, el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio de la Industria Azucarera, son ejemplos de instituciones con larga trayectoria y que pueden aportar capacitación y formación.
Por otra parte, en América Latina se encuentra un universo de emprendimientos en los que trabajadores han recuperado sus empresas y las han puesto a funcionar de manera colectiva (Movimiento de Empresas Recuperadas de Argentina), las cooperativas de construcción de viviendas en Uruguay (FUCVAM), el cooperativismo social en Brasil o el movimiento cooperativo venezolano, tan importante en el avance socialista del proceso bolivariano.
Están a la disposición estudios, experiencias prácticas y un grupo de especialistas y personal capacitado dentro y fuera del país como contribución inicial. Se cuenta con la base para comenzar a trabajar en esa dirección, una base sólida de orientación anticapitalista, revolucionaria y socialista de la que podemos aprender y que no pone en peligro la Revolución, todo lo contrario.
La legislación
Otro reto importante radica en la falta de una legislación y las regulaciones pertinentes para su puesta en práctica. El marco legal y fiscal vigente no contempla el funcionamiento de empresas en régimen autogestivo o cooperativo en los sectores urbano e industrial.
En el Informe Central al Congreso del Partido, Raúl se refería al nuevo contexto en el que deberá tenderse a un proceso de descentralización, sin embargo debe ser sin prisas innecesarias y en un marco regulatorio adecuado. “Para descentralizar y cambiar la mentalidad, -afirma- es requisito obligado elaborar el marco regulatorio que defina con claridad las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable, financiero y administrativo.”[9]
Cabría añadir que dicho marco regulatorio deberá buscar un funcionamiento controlado de la descentralización de las decisiones, pero en ningún caso repetir mecanismos burocráticos de control que terminen impidiendo el desenvolvimiento natural de los procesos económicos y de la vida en general.
Habrá que repensar el rol de las asociaciones de trabajadores en las nuevas condiciones de una cooperativa o una empresa gestionada colectivamente, ya que en esos casos la asamblea tiene una importancia crucial y las organizaciones tradicionales como los sindicatos, han ejercido una función de “polea transmisora” entre las esferas de toma de decisiones y las masas trabajadoras, pero no se han constituido en un mecanismo de participación real en las decisiones.
Nuestras estructuras políticas y legislativas no tienen, ni en “la letra” ni en el funcionamiento práctico mecanismos en los cuales los trabajadores elijan a sus directivos, decidan en colectivo la producción, el manejo de los presupuestos, las contrataciones, los fondos salariales, las inversiones, los mecanismos de estimulación y toda la vida de la entidad productiva. Nuestras empresas y centros de trabajo no están diseñados sobre la base de cargos por elección sino que los cuadros y directivos son designados desde una instancia superior.
Sin embargo, para las cooperativas y las empresas en gestión por parte de los trabajadores es crucial el proceso de decisión colectiva y democrática. Por lo cual se hace necesaria una revisión y la propuesta de estructuras que permitan tales mecanismos allí donde se pongan en práctica estas experiencias.[10]
Hay otra derivación que precisa al menos, hacerla visible. Las empresas autogestionadas y las cooperativas en la ciudad son en alguna medida un horizonte utópico en tanto todo está por plasmar, analizar y poner en práctica. Pero ya está teniendo lugar y con una velocidad poco frecuente para nuestra sociedad, el proceso de independencia empresarial del estado y la consolidación del trabajo individual, incluso, la contratación de fuerza de trabajo fuera de los marcos del estado.
Cómo quedarán las organizaciones de trabajadores es una cuestión vital. Las tradicionales no están en su mejor momento y han perdido capacidad de negociación y decisión en cuanto al destino del trabajo. Y habrá que dejar claro cómo los trabajadores van a estar amparados y organizados. El presente e indiscutible liderazgo histórico de la Revolución no es eterno y los plazos biológicos se acortan. Entonces se hace necesaria una reestructuración del universo del trabajo de manera que el socialismo se consolide y perdure.
El nuestro es, según sus leyes, un estado de “obreros y campesinos”. Hay que poner en la mesa de debate cómo nos vamos a organizar en las nuevas condiciones, cómo defenderemos nuestros puestos, nuestros derechos. Hasta ahora la sociedad se ha articulado en torno a consensos, basados fundamentalmente en el prestigio histórico y la ética de la dirigencia política. Pero no son frecuentes los mecanismos de interpelación de las decisiones partidistas o estatales. Hemos crecido en la confianza hacia nuestros líderes.
Sin embargo, de algún modo, eso deja a la sociedad indefensa a la hora de establecer diálogos, cuestionamientos y articulaciones, sobre todo en la presente coyuntura en la cual la óptica del capital va a estar más presente en las empresas y en el trabajo individual. ¿Qué sucederá si una empresa ya sin la asistencia del estado entra en quiebra? ¿Cómo se manejarán los temas laborales y las jerarquías en los negocios individuales? ¿Cómo la sociedad va a tratar no solo las desigualdades, sino y sobre todo, las manifestaciones de explotación de la fuerza de trabajo? ¿Cómo se legislarán los incumplimientos entre empresas, entre ellas y el estado? ¿Cómo se negociará la contratación de la fuerza de trabajo en las nuevas condiciones?
Con esa mesura a la que llama la dirección del país, pero sin posposición, debe pensarse en leyes generales y complementarias y en la instrumentación del marco que legitime y propicie el camino hacia la producción en colectivo ya sea en cooperativas o en empresas autogestionadas por los trabajadores y, más aún, que impidan el retorno a relaciones de explotación del trabajo por el capital.
La tarea de buscar las vías que conduzcan al incremento sostenido e irreversible de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones (y la sociedad en general a más largo plazo) es impostergable para garantizar un curso de cambios que consoliden el rumbo hacia el socialismo en la Cuba de nuestros días.
Y es importante darle toda la atención posible pues en el contexto de la actualización de nuestro modelo económico los espacios y gobiernos locales verán incrementados sus ámbitos de acción. No podrá ocurrir un proceso real de descentralización sin la transferencia de decisiones importantes a escala local. Existe un entramado de relaciones sectoriales, ministeriales y estatales que debe ser radicalmente modificado y actualizado para que en los espacios locales haya un mayor margen de decisión incluidos temas como el presupuesto y la inversión, lo cual también implica una actualización de nuestro modelo político en el sentido estructural y de funcionamiento, pues para estos casos los cargos por elección deberán tener un peso más significativo a los efectos de la representación y la toma de decisiones.
El dinero
Por otra parte, nuestro sistema bancario y crediticio funciona hoy sobre la base de la “cuenta única” mediante la cual el Banco Central controla de forma centralizada los activos financieros del país. Este factor se convierte en otro de los importantes desafíos para dinamizar nuestra economía, pues para la recomposición de la actividad económica y empresarial es preciso establecer un marco dinámico y seguro para el manejo del crédito, tan necesario para el funcionamiento de cualquier emprendimiento económico, así como del reajuste de las tasa de cambio en las transacciones entre empresas y entre ellas y el estado.
Sobre todo en sus etapas iniciales, las nuevas cooperativas o entidades en régimen de gestión colectiva no centralizada (al igual que los trabajadores por cuenta propia) necesitarán créditos financieros que les permitan comenzar a funcionar. De una parte ello tropieza con el obstáculo de que nuestro país está sometido a un férreo bloqueo económico y financiero que pasa por la congelación de activos en el exterior y el castigo a bancos en los cuales Cuba tenga cuentas.
Nuestra economía se ve afectada por la falta de acceso a créditos desde los organismos financieros internacionales. Y al margen de la independencia que nos otorga, pues nuestras políticas no están sujetas a la vena del FMI o del Banco Mundial, la falta de créditos condiciona a trabajar “al día”, con baja liquidez y sobre la marcha.
La cuestión de cómo encarar los créditos iniciales para la gestión económica no estatal pasa, entonces, a un primer orden. No tiene una respuesta sencilla y será necesario utilizar la inteligencia colectiva para enfrentar el reto.
El dinero y los recursos
Este tema conduce la reflexión hacia otro punto nodal: el problema de los recursos. Y antes bien, debe tenerse en consideración que existe una diferencia entre la gestión de los fondos y la de los recursos. Un asunto es el relativo a la obtención de fondos para la inversión y otro (muy relacionado, pero diferente) la compra de los recursos (materias primas, tecnologías, medios de trabajo, insumos, etcétera).
La Revolución adoptó desde el mismo comienzo la política del monopolio del estado sobre el comercio exterior teniendo en cuenta que nuestra economía es abierta y dependiente en gran medida del intercambio externo, sobre todo de las importaciones[11]. Era necesario, pues, que el naciente y agredido estado tuviera en sus manos el control sobre lo que se debía o no comprar fuera de fronteras, así como qué y hacia dónde exportar, pues el bloqueo también afectó los mercados tradicionales a nuestros productos.
A lo largo de todo el período revolucionario se ha conformado un sistema institucional que conduce el comercio exterior del país y que ha incluido un conjunto de ministerios, comités estatales[12] y otros organismos de la administración central del estado encargados de regular tal actividad.
En el escenario de estabilidad económica y política que brindaba la articulación con el extinto bloque socialista de Europa del Este, la planificación central permitía prever en un quinquenio todo lo necesario para el funcionamiento “armónico” de la economía. Pero en menos de un año Cuba perdió el 85% de su comercio exterior y el 75% de su capacidad importadora y se perdió la plataforma de inserción económica del país.
En las nuevas condiciones, luego del largo período especial y el reordenamiento (aún en curso) de las fuentes de ingreso y de la economía en general, la dinamización de la base productiva del país pasa por un reajuste de nuestros mecanismos de importación y comercio exterior.
No son pocos los casos en los que se cuenta con fondos para determinado proyecto o emprendimiento y a veces estos se pierden pues no se accede a los recursos. No solo por toda la trama diabólica del bloqueo, sino también por la rigidez de planes centralizados que precisan de una antelación para la contratación de recursos que detiene el movimiento y la dinámica del trabajo diario.
Por encima de todo, el control del estado sobre las importaciones implica soberanía. Ahí está la historia reciente de América Latina cuando se aplicaron las recetas del ajuste estructural dictado por el FMI y el Banco Mundial y se abrieron las economías a las importaciones directas sin los controles adecuados y terminaron comprometiendo las soberanías nacionales. Ahí está la historia reciente de tratados de libre comercio que han devastado las economías nacionales de los países del Sur.
Pero la presente estructura debe cambiar a favor del dinamismo y la captación de fondos para la adquisición de recursos. Como parte de la actualización de nuestro modelo económico el estado ha planteado que destinará alrededor de 138 millones de dólares para la compra de insumos que deberán potenciar el trabajo por cuenta propia. Sin embargo, esto no será suficiente mientras se mantenga un entramado como el actual basado en la decisión centralizada sobre la base de las “necesidades del país”, pero que no cuenta con los mecanismos adecuados para tomar en consideración las necesidades y criterios de sus actores sociales, de los sujetos que dan vida a la economía y la sociedad en general.
La nuestra, como se aprobó en los “Lineamientos”, continuará siendo una economía planificada. Ahora bien, el modo en que tendrá lugar debe tener en cuenta la necesidad de la autonomía de los espacios locales, la articulación en red de las empresas (estatales y no estatales) también de manera autónoma y sin la carga burocrática sectorial en que las entrampan sus ministerios; la dinamización de la búsqueda de los insumos y recursos y el establecimiento de espacios en los que las entidades económicas puedan operar e intercambiar productos y servicios[13].
Tres reglas de juego
Hay tres aspectos esenciales que deben quedar esclarecidos desde el inicio y que pudieran contribuir al desarrollo progresivo del sector cooperativo y de empresas en cogestión o autogestión: el control sobre las inversiones, el control sobre la propiedad y el control sobre la contratación de fuerza de trabajo. Los tres deberán ser manejados de manera colectiva y tripartita.
Uno de los factores que deciden el curso de cualquier actividad económica, incluso sus impactos sociales, radica en la dirección que toman las inversiones. La descentralización de la gestión económica puede resultar más efectiva cuando se sabe qué se invierte y en qué se va a invertir, en consenso por parte de la entidad económica, las instituciones estatales correspondientes y el gobierno local.
En el mes de junio del presente año el Centro Memorial Martin Luther King Jr. realizó un taller sobre desarrollo local en las actuales condiciones. Como parte del mismo se realizó una visita al proyecto de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Luego de una introducción a cargo del Dr. Eusebio Leal tuvo lugar un fructífero intercambio con cuadros principales del proyecto. Del diálogo emergieron varias ideas “claras y distintas”.
Los inmuebles en los que actúa el proyecto son patrimonio público, no hay un proceso de apropiación ni del territorio ni de las edificaciones, pero son gestionados por la Oficina del Historiador en régimen de usufructo renovable cada cierto período de tiempo. La entidad busca sus propias fuentes de ingreso, incluso tiene su propia esfera de colaboración internacional, a través de la cual se gestionan partidas de presupuesto que permiten aportes sustantivos para la ejecución de obras.
Entre esas fuentes de ingresos se encuentran actividades comerciales (turísticas, gastronómicas, hoteleras y de otro tipo) a cargo del proyecto y la contribución (especie de impuestos) a otras entidades que operan comercialmente en el área. Todo lo anterior ocurre de manera planificada y coordinada con las entidades estatales correspondientes.
La Oficina del Historiador tiene que presentar cada año un plan de inversiones que se consulta con el Ministerio de Economía y Planificación y en el cual se proponen los destinos de las nuevas partidas de presupuesto teniendo en cuenta las necesidades del proyecto, la localidad y del país. En esa propuesta deben quedar claros los impactos sociales de las inversiones, cuánto de beneficio habrá para los habitantes de la zona, cuánto se incrementará la actividad económica, fuentes de empleo, programas de asistencia social, educacionales, de salud y otros.
Desde que el proyecto comenzó a funcionar con mayor fuerza, a partir de los 90, el crecimiento económico ha sido sostenido y notable y el bienestar social en todos los terrenos es visible. Ha aumentado el número y calidad de escuelas, sobre todo primarias, se han recuperado las escuelas de oficios, se reabrió la Universidad de San Gerónimo la cual forma especialistas de alta calificación para el rescate del patrimonio, bajo el principio del vínculo a dichas actividades. La obra más sensible se encuentra en el Convento de Belén donde un gran número de ancianos de la zona tiene acceso a la más esmerada atención y sus vidas han cobrado sentido. Allí existen talleres de todo tipo para actividades propias de los ancianos y donde se sienten útiles e íntegros. Hay salas de fisioterapia con el mejor equipamiento posible, una óptica con su fábrica de lentes para las personas de la tercera edad. Todo, absolutamente todo, gestionado por y desde la Oficina del Historiador.
Entonces, existe al menos una experiencia en la que la entidad es quien decide y gestiona los recursos y coordina las inversiones con los organismos competentes sin que hasta el momento se haya reportado alguna desviación, mal empleo de los recursos, apropiación ilícita o, como se analizan cada mes por el Partido en sus organizaciones de base: irregularidades, indisciplinas o ilegalidades, por el contrario, el beneficio real a las personas reales es notable.
Nuestro estado tiene todo un sistema de instituciones (Ministerio de Economía y Planificación, Ministerio de Finanzas y Precios, Contraloría General de la República, Ministerio de Auditoría y Control, Banco Central, y muchos otros) que participarían como estado en el control sobre las inversiones, del mismo modo que los gobiernos locales en los que dichas inversiones tendrían lugar.
Esa misma tríada, estado-gobierno local-entidad económica, funcionaría para mantener el control sobre la propiedad. La Revolución logró convertir la mayor parte de nuestro territorio y sus bienes en propiedad pública y no es tiempo de comenzar a experimentar retrocesos en ese sentido. Por lo que se hace necesario mantener la vigilancia de modo que ninguna empresa o entidad económica ya sea estatal o no estatal pueda alienar la propiedad sobre el área que ocupa o transferir bienes sin la debida verificación.
Y lo mismo sucedería con el tema de la explotación de la fuerza de trabajo. En las nuevas condiciones en las que se desenvuelve el país, habrá que prestar atención a la implementación de la contratación de la fuerza de trabajo. Por lo que el estado, las organizaciones de trabajadores, los gobiernos locales y las organizaciones políticas podrían tener un rol decisivo para que la contratación se flexibilice, pero no derive hacia dominación del capital sobre el trabajo. Las numerosas imágenes sobre manifestaciones de trabajadores (tanto del primero como del tercer mundo) desahuciados y en protesta contra las medidas de ajuste del capital son parte de los que las cubanas y cubanos no queremos.
La Revolución no vaciló en darle las armas al pueblo para defender sus sueños, algo que a ningún otro gobierno del hemisferio se le ocurriría, y justo ahí radicó uno de los pilares de la consolidación del proceso y una de sus mayores fortalezas. Hoy, con la misma confianza, es necesario entregarle las fábricas a los trabajadores, algo que a ningún otro gobierno del mundo se le ocurriría, para generar un escudo económico que haga irreversible la independencia y el socialismo. Y si bien las cooperativas y la gestión de las fábricas por los trabajadores no son el único camino, son un buen comienzo.
La Habana, Julio 2011.
- Humberto Miranda Lorenzo es Doctor en Filosofía, investigador del grupo GALFISA del Instituto de Filosofía del CITMA, en La Habana.
[3] Nunca he podido encontrar una respuesta lógica (caso que exista) a la cuestión de por qué pueden introducirse relaciones abiertamente capitalistas sin que se afecte el rumbo socialista de la Revolución, de hecho, para “defender las conquistas” de ese socialismo, y nunca se haya probado una experiencia de gestión obrera porque eso es “anarquismo” o “yugoslavo” (depende de quién lo diga) y en ambos casos los adjetivos solo califican algo que puede resultar “peligroso” para la Revolución.
[4] No me extenderé en este sentido pues existe abundante literatura que explica y analiza la estructura y funcionamiento de dichas formas de organización, por ejemplo, el más reciente trabajo de Armando Nova González: “Las cooperativas agropecuarias en Cuba: 1959-presente. En “Cooperativas y Socialismo. Una mirada desde Cuba”. Compilado por Camila Piñeiro y editado por Caminos, La Habana, 2011. Así como el trabajo de Juan Valdés Paz: “Los procesos de organización agraria en Cuba 1959-2006.” Fundación Antonio Núñez Jiménez de La Naturaleza y el Hombre, La Habana, 2009.
[10] Anoto al margen el desafío que constituye superar la herencia de reuniones inútiles e infinitas, plagadas de formalismo que, en el plano laboral, han sido en ocasiones el único modo de concebir el trabajo. Los nuevos emprendimientos tendrán que sacudirse fuerte ese pesado fardo de reunionismo y colocar a la Asamblea como un espacio de real de construcción social y toma de decisiones.
[11] Carlos Rafael Rodríguez en su obra “Cuba en el tránsito al socialismo: 1959-1963”, Ed. Ciencias Sociales, La Habana 1982, realiza un análisis de la estructura social cubana previa a la Revolución en el cual se evidencia que el sector más poderoso de lo que pudiera llamarse la “burguesía nacional” era lo que él denominaba la “burguesía importadora”. Por una parte condicionaba la economía de la Isla a las importaciones, especialmente, como es obvio, desde los Estados Unidos y, además, generó un espíritu de obstaculización de cualquier intento de desarrollo e inversiones en proyectos de industrias y recursos nacionales.
[13] Cabría prestar atención al hecho de la existencia del ALBA, del Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) y algunas instituciones creadas al calor de dichos acuerdos, las cuales pudieran ser un vehículo excepcional para la formación de redes económicas regionales dedicadas a aquellas actividades no contenidas en los sectores estratégicos a cargo de los estados que, como efecto “colateral” tienen el bono de estar vinculadas a movimientos sociales revolucionarios como el MST, Vía Campesina, CLOC y muchas organizaciones, movimientos y redes a lo largo de toda la región
