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DECLARATORIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA (CNSA)

El pueblo soberano, al aprobar la nueva Constitución de la República, reafirmó su voluntad para construir una nueva forma de convivencia en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay. Ha sido nuestra decisión construir una sociedad donde sea lindo vivir. Una de las mayores expresiones del Sumak Kawsay es el derecho que tenemos todas y todos al acceso permanente y seguro a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, producidos y procesados en nuestra tierra por manos de nuestras familias de campesinos, agricultores, pescadores y recolectores, en correspondencia con las diversas identidades y tradiciones culturales.  Esta es la Soberanía Alimentaria, que hoy no existe, que debemos construir y que la Constitución establece en su Artículo 281, como un derecho del pueblo, un objetivo estratégico y una obligación para el Estado.

La alimentación es el derecho humano más fundamental y, para realizarlo, miles de hombres y mujeres campesinas, indígenas, cholas, mestizas, afroecuatorianas, montubias y de otros pueblos, han trabajado arduamente durante generaciones para proveer alimentos diversos a toda la población. A pesar de esto, son el sector más olvidado de nuestra sociedad. Ahora la capacidad de proveer alimentos sanos y suficientes, y de decidir lo que comemos, está en riesgo. ¡La soberanía alimentaria está en peligro!

A partir de la segunda Guerra Mundial las políticas alimentarias cambiaron y la llamada Revolución Verde se consolidó como el paradigma para la producción de alimentos, con la promesa de salvarnos del hambre y la desnutrición por medio de monocultivos extensivos, agrotóxicos, maquinarias, nuevas semillas y otras tecnologías modernas. Hoy, después de décadas de implementación de este modelo, la crisis agroalimentaria se ha develado con toda su fuerza. El hambre no ha terminado, la desnutrición avanza, la obesidad es una epidemia global, la salud humana se deteriora por consumir comida “chatarra” y alimentos contaminados. Los pueblos campesinos, indígenas, cholos, mestizos, afroecuatorianos y montubios, cada vez son más pobres y abandonan el campo y su trabajo. El suelo se erosiona rápidamente y ha perdido su fertilidad, a pesar de contar supuestamente con más y mejores fertilizantes. Las plagas y enfermedades en animales y cultivos aparecen con más fuerza y frecuencia, a pesar de contar supuestamente con más y mejores venenos para controlarlas. Nuestros mares y manglares están siendo arrasados por una industria irresponsable que acaba con todo. El agua escasea y se contamina por el deterioro de los bosques nativos, páramos, humedales y otras fuentes hídricas, y por el uso de insumos nocivos.

Las leyes e instituciones públicas están al servicio de este modelo, y muchas de las universidades y centros tecnológicos lo siguen promoviendo. Los productores y productoras han perdido su autonomía y dependen totalmente de estas tecnologías peligrosas que no han resuelto sus problemas. La tierra y el agua están concentradas en manos de gente cuyo interés es únicamente “lucrar”, no “alimentar”. La comercialización está dominada por intermediarios inescrupulosos y grandes cadenas de supermercados que sacan provecho del trabajo del productor y de la ignorancia del consumidor. Aumentan las importaciones de alimentos “baratos” de otros países, desprotegiendo por completo la agricultura nacional. Y por supuesto, todo este sistema injusto es financiado por los consumidores ecuatorianos, quienes sin saberlo, ayudamos a mantener y reproducir este sistema aportando miles de millones de dólares al año que van a parar a los bolsillos de mercaderes y fábricas de agrotóxicos, mientras nuestros hermanos y hermanas agricultores, pescadores y recolectores se llenan de sudor y trabajo que nadie valora.

¡Y es por esto que estamos aquí!

Para que todos y todas tengamos alimentos sanos, sabrosos y suficientes, alimentos de nuestra tierra, nuestro mar, nuestro manglar. Para que tengamos alimentos cultivados, recolectados y elaborados por nuestras familias de pequeños y medianos agricultores, pescadores artesanales y pueblos del manglar, hombres y mujeres campesinas, indígenas, cholas, mestizas, negras y montubias. Familias y pueblos trabajan, cuidan, respetan y veneran  la tierra, el agua y todos nuestros recursos, para garantizar nuestro derecho y el derecho de nuestros hijos  y generaciones futuras a disfrutar de tanta riqueza con la que hemos sido privilegiados.

NO VAMOS A CONTINUAR por el camino del agronegocio neoliberal sin escrúpulos que ha despojado el derecho campesino y arrasa con todo. VAMOS A CONSTRUIR el camino de una agricultura para la vida que genere trabajo  auténtico y  una economía solidaria; que recupere el control de la tierra, el agua y la semilla para la agricultura familiar, campesina, indígena; que devuelva el mar y el manglar a nuestros pueblos pescadores y recolectores.

NO VAMOS A CONTINUAR por el camino de la tecnocracia empresarial y la revolución verde, que han desconocido y desvalorizado el conocimiento profundo de nuestros pueblos y que han contaminado la tierra, el agua y nuestro alimento, enfermando a miles de agricultores y consumidores.  VAMOS POR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE, vamos por la agroecología, por una nueva tecnología apropiada, que recupere y potencie los saberes y las prácticas ancestrales, donde los agricultores trabajemos en alianza con la naturaleza y no en contra de ella; donde defendemos la fertilidad de la tierra.

NO VAMOS A CONTINUAR por el camino del monocultivo expansionista e insostenible y la pérdida de nuestra riqueza mayor que es la biodiversidad. VAMOS  A CONSTRUIR sistemas productivos diversificados, integrales; vamos a recuperar y conservar nuestra semilla y nuestro patrimonio.

NO VAMOS A CONTINUAR por el camino del mercantilismo que convierte al alimento en un objeto con poco valor, pero con alto precio, en el que unos pocos se enriquecen gracias al trabajo campesino y a la pobreza del pueblo consumidor.  VAMOS por un nuevo sistema de comercio solidario que garantice una remuneración justa al trabajo campesino y permita el acceso de todos y todas a alimentos adecuados.

NO VAMOS A CONTINUAR por el camino de un consumo inconsciente y hasta irresponsable. VAMOS a construir un consumo saludable y sostenible, recuperando formas sanas de preparar, combinar y conservar nuestros alimentos, y vamos a cooperar con las familias agricultoras en la defensa de la tierra, el agua y la semilla.

¡Este es nuestro desafío, de ustedes y nosotros, y esta es la hora de dar un salto hacia la vida!

Por todo esto, la  ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA y la CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANÍA ALIMENTARIA (CNSA)

DECLARAMOS AL 2010 COMO

“EL AÑO DE MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA”

Para lo cual, todas y todos los que suscribimos esta declaratoria nos comprometemos a trabajar en unidad para:

1. Difundir y sensibilizar a la población ecuatoriana acerca de lo que significa la soberanía alimentaria, promoverla y defenderla como la única alternativa al sistema agrario en colapso, evidenciando las alternativas que por décadas hemos construido y que hoy demostramos como viables.

1. Construir las nuevas propuestas de Leyes Conexas del Régimen de Soberanía Alimentaria, y de esta manera sentar las bases jurídicas para la transformación del sistema agrario y alimentario de nuestro país.

De improviso, inopinado, inesperado, impensado, imprevisto, accidental, insospechado, al acaso, al azar, de relancina, de chiripa, de rebote... tales los calificativos entre los que escogimos uno para inquirir sobre el sui géneris  triunfo electoral de Pachakutik.

En efecto, si en la elección de Asambleístas nacionales apenas obtuvieron 49.722 votos, el 1,37%; a niveles provinciales, en cambio, obtuvieron 6 prefecturas –tres en la Amazonía- alrededor de 30 alcaldías y varios asambleístas.

Fue notable que en algunas provincias, de alta población indígena, en que Gutiérrez ganó o tuvo una muy alta votación, Pachacutik obtuvo las prefecturas, varias alcaldías y asambleístas provinciales.

No es hoy el momento de elucidar tal coincidencia; lo importante es que el resultado ha sido una dura advertencia para el Gobierno, a la par que confiere a Pachakutik la conducción de la fuerza política en dichas provincias. Es un alivio que Gutiérrez no quedara con el monopolio de amenazar con "paros a la boliviana" en las provincias orientales.

Pachakutik y los pueblos indios han conquistado una gran capacidad de maniobra. Hay en ellos una suerte de inteligencia objetiva más allá de la voluntad de sus dirigentes. La coyuntura además es propicia. El Gobierno ha convocado a un diálogo, con motivo del homenaje nacional a Mamá Tránsito. Humberto Cholango, presidente de ECUARUNARI, ha definido los términos del diálogo.

Cabe preguntar, empero, sobre las condiciones de la negociación. Los temas de la misma son claros: la minería, el agua, la reforma agraria y la soberanía alimentaria, la autonomía en las circunscripciones territoriales de mayoría indígena; y, en un plano general, el proyecto de desarrollo del país.

Sobre este último punto, el Gobierno ha presentado una propuesta de desarrollo a largo plazo, 16 años, en cuatro ciclos: el primero, 2009-2013, denominado "primario exportador", en que se impulsaría la industrialización por "sustitución de importaciones" en 7 ramas estratégicas: bioquímica, petroquímica, hierro, medicamentos genéricos, bioenergía, hardware, software  y servicios ambientales. El segundo, 2013-17, en torno a la energía hidroeléctrica; el tercero y el cuarto, 2017-2025, encauzados a la generación de biotecnología, conocimientos y servicios turísticos, a partir de una intensa renovación tecnológica.

No habría nada que objetar a la propuesta que entraña, por fin, un proyecto económico-productivo nacional, sino fuera por la calificación del primer ciclo de "primario exportador". El lapso 2009-2013 corresponde al actual Gobierno, rige para su política inmediata, y es el que está en juego en cualquier negociación. ¿Acaso la calificación de "primario exportador", no esconde al proyecto minero con la justificación de la necesaria "financiación del desarrollo", y la promesa de un desarrollo futuro no "extractivista"?

El proyecto minero, que afecta las condiciones de vida de las comunidades y del pueblo en su conjunto, es un sarcasmo a la promesa de un Ecuador no "extractivista". Además, la reforma agraria, la soberanía alimentaria y del agua son las reformas imprescindibles para la realización de tal promesa. No hay negociación posible sin ellas.

La imagen de una de cal y otra de arena, como característica de la política del Gobierno, ha llegado a extremos increíbles. Un amigo me dijo: ahora son una de cal y tres de arena.
Entre las de cal, tenemos el viaje a Irán e inicio de relaciones económicas que incluyen la compra de armas, medida poco grata a Israel y EE.UU., viaje solidario a Cuba, condena sin apelaciones a Israel, medidas de protección arancelaria a la producción nacional.
Entre las de arena destacan la aprobación de una Ley y de un proyecto de minería a gran escala con la presencia de trasnacionales canadienses y chinas, y su conversión en el futuro eje de la economía del país; convenio con IVANHOE, detrás de la cual parece estar la OXT; ley de soberanía alimentaria a favor de trasnacionales como Monsanto y de importadores y no de los campesinos; represión estilo Dayuma de las movilizaciones de campesinos, pequeños mineros y pueblos indios, y pugna continua con los movimientos sociales que han resistido al neoliberalismo.
La acción del régimen parece desafiar la lógica política, según la que no puede haber líneas tan antagónicas, a riesgo de romper el cuerpo -y el alma- del Gobierno. ¿Cuál la explicación?

“El proyecto del Gobierno se nutre el viejo desarrollismo cepalino de los '60."

El Informe del segundo año del Gobierno es muy revelador. El proyecto del Gobierno se nutre el viejo desarrollismo cepalino de los '60, dominante durante los '50 y '60, en particular en los Gobiernos de Frei y Kubitschek. Correa nunca llegó ni comulgó con la Teoría de la Dependencia y la Teología de la Liberación. Un desarrollismo tecnocrático, además, que no funda la política en el pueblo, sino en el manejo del aparato estatal.
La centralización del Estado, la inversión pública como eje del desarrollo, el gasto social, los tributos directos, el control de la banca son clásicas medidas desarrollistas.
La tozudez del Gobierno en la minería encuentra su sentido en esa óptica desarrollista, pues, en una perspectiva nacionalista, es incongruente en tanto refuerza la dependencia a las corporaciones trasnacionales y al mercado mundial. A la vez, la insistencia en la aprobación del proyecto minero, atacando con virulencia a los sectores populares opuestos, expresa una suerte de mesianismo tecnocrático.
Para el Gobierno, el proyecto minero es una forma de financiación del déficit en la balanza de pagos provocado por la crisis mundial. Se trataría entonces de compromisos con las trasnacionales para grandes inversiones inmediatas, y una señal a los organismos internacionales para que no veten el acceso a los créditos. Tales "medidas", en la óptica desarrollista, permitirían aliviar el déficit de cerca de 3 o 5 mil millones de dólares y preservar la actual política de desarrollo.
No importan la consolidación de la dependencia, el duro golpe a la integración, los riesgos ambientales, los conflictos sociales.
El desarrollismo es progresista frente al neoliberalismo pero conservador frente a un proyecto nacionalista y popular. ¿Estamos ante un viraje histórico y la marcha de hoy, 20 de enero, marca el fin de un dinamismo político basado en la confrontación del Gobierno con la derecha e inicia la dinámica de la oposición con la izquierda, los pueblos indios, campesinos y trabajadores?

Por Kintto Lucas

Allá por 1982, cuando vivía en Brasil, en el sur del país existía un auge de plantaciones de tabaco.
Las grandes tabacaleras transnacionales y brasileñas, otorgaban créditos a los pequeños y medianos campesinos para que construyeran su secadora, compraran insumos y plantaran con la condición de entregar la producción a la empresa durante cinco o diez años. Como garantía, la tierra quedaba hipotecada a favor de las compañías.
Muchos campesinos que cambiaron la producción diversificada por el monocultivo de tabaco no llegaron al plazo del acuerdo. La producción no les dio para pagar el crédito y las empresas se quedaron con sus tierras, que luego transfirieron a grandes propietarios.
Otros tantos vieron su tierra destrozada por el tabaco, bajó la producción y tuvieron que traspasar sus pocas hectáreas a grandes propietarios, y así pagar los créditos y quedarse, por lo menos, con unos sueltos.
Los promotores de las tabacaleras, cuando llegaban a las pequeñas fincas, prometían a los campesinos un negocio en el que no tenían que poner “nada de dinero, solo su tierra”, porque el dinero lo prestaban en forma “solidaria” las empresas y en algunos casos el Banco del Estado. Habían logrado transformar la solidaridad en una palabra hueca, vacía...
Ese modelo se aplicó con la soya y otros cultivos, teniendo en cuenta la particularidad de cada producto, pero en todos los casos fomentando el monocultivo y la concentración de la tierra.
Algo similar ocurrió con los pequeños y medianos agricultores que se dedicaron a la producción de alimentos para grandes supermercados, exportadores o empresas agroalimentarias. Recibían el crédito del supermercado, de la empresa agroalimentaria o de un Banco estatal y se comprometían a venderles su producción dentro de una “cadena productiva”.
Cuando la cosecha iba mal y no podían pagar, la “solidaridad” desaparecía y se quedaban con su tierra o le obligaban a venderla a un productor más grande.
Dentro de esta nefasta cadena se incluyó una cláusula que tenía un nombrecito algo así como “exigencia de normas fitosanitarias para proteger la salud” de los consumidores.
Pero en realidad las exigencias sanitarias eran tan altas y tan irreales que solo buscaban, y lo lograron, eliminar la comercialización directa de los productores. Lo que significó el golpe de gracia para los pequeños y medianos agricultores, quienes se sometieron al poder de los monopolios..
Ese modelo expulsó a millones de campesinos del campo brasileño. Pero los expulsados de la tierra se resistieron a abandonarla y junto a otros desplazados por la construcción de grandes represas formaron el mayor movimiento social de América y uno de los más grandes del mundo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que vi forjarse en los campamentos al costado de las carreteras y en las grandes haciendas ocupadas.
Ese modelo que consolida monopolios agroalimentarios, expulsa del campo a los pequeños y medianos agricultores, y atenta contra la soberanía alimentaria porque grandes empresas monopolizan la alimentación de un país, es el que se busca aplicar en Ecuador, de acuerdo al Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria que en las últimas horas cayó en mis manos.
Este Proyecto de Ley fue elaborado por una comisión conformada por el Poder Ejecutivo en la que participaron algunas personas con una mirada de cambio y muchas otras que buscan fortalecer a los grandes agronegocios e importadoras de agroquímicos. Lamentablemente estas últimas impusieron su visión.
Los promotores de las empresas tabacaleras de Brasil en los años 70 y comienzo de los 80, promovían a los campesinos un negocio para el cual no necesitaban “nada de dinero, solo su tierra”. Finalmente éstos se quedaron sin tierra y sin dinero.
Ahora, los promotores de esta ley y ciertos cuenteros que la auspician dicen que promueve un “negocio incluyente” buscando someter al campesino a las denominadas cadenas productivas mediante las cuales solo podrán producir para determinados grandes supermercados o empresas agroalimentarias.
Además, normas fitosanitarias mediante, los campesinos perderán la posibilidad de comercialización directa.
Si el Mandato Agrario aprobado por la Asamblea Constituyente, favoreció a los importadores de agroquímicos y a las empresas agroalimentarias, este Proyecto de Ley multiplica ese favor. En pocos años se fortalecerán los monopolios y la concentración de la tierra.
Más allá de algunos articulitos perdidos, lo de soberanía alimentaría es un cuento. Podrían denominarla tranquilamente “Ley de Negocio Incluyente” o algún otro nombre sugestivo propuesto por los promotores, quienes además apoyaron en su momento el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que proponía normas fitosanitarias similares.
Resta esperar, que cuando el proyecto llegue a la Comisión Legislativa, exista una activa participación y movilización social para transformarlo en una verdadera Ley de Soberanía Alimentaria.
Si eso no ocurre, ojalá que ningún asambleísta que diga defender la soberanía alimentaria se preste para legitimarlo firmándolo como propio, como ocurrió con el mandato agrario.
El modelo agrario que promueve este proyecto de ley y algunos /as ministros /as, es tan conocido como el modelo neoliberal, y se opone al modelo de soberanía alimentaria y economía solidaria establecido en la nueva Constitución.
Si ese proyecto no cambia totalmente su sentido, en pocos meses podremos decir: ¡chao soberanía alimentaria!...

Fuente: http://resistenciacatiacaracas.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Publicado el 10/Noviembre/2008 | 00:07

Ecuador y Venezuela coordinarán proyectos conjuntos de soberanía alimentaria

La nueva Constitución Política del Ecuador consagra a la "soberanía alimentaria" como uno de los puntales del régimen de desarrollo. Este concepto, que se enfoca en la toma de políticas agrarias propias para garantizar la alimentación de los ciudadanos de un Estado, tiene 12 años de vigencia, pero la agudización de la crisis mundial de alimentos lo ha colocado en las agendas de la mayoría de países.

Inclusive, dentro de los planes de integración regional en América del Sur, el aspecto de la soberanía y seguridad alimentaria es parte de las discusiones. Es así que el 28 de octubre pasado, los ministerios de Alimentación de Venezuela y Agricultura de Ecuador suscribieron un "memorándum de entendimiento" para la implementación de proyectos en materia de seguridad y "soberanía alimentaria".

Actualmente, la Secretaría de Estado nacional ha iniciado la conformación de las comisiones para la puesta en marcha de las actividades que contempla el acuerdo. Entre ellas están la preparación de información de canastas básicas, la elaboración de matrices de las potencialidades agroecológicas de los dos países y la determinación de metodologías conjuntas.

Para Roque Espinosa, coordinador regional del Programa Andino de Derechos Humanos y experto en la materia agrícola, es "positivo que los países apuesten de manera conjunta por la soberanía alimentaria, siempre y cuando las agendas de cada estado no se homogenicen, ya que cada país vive y tiene una realidad diferente".

La experiencia venezolana

Una de las constantes en el discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es la garantización de la soberanía alimentaria en su país. Para ello ha mantenido un programa de dotación de insumos, canales de riego y conformación de cadenas de producción. Según datos publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, durante el primer semestre de 2008, Venezuela produjo 250 mil toneladas de carne y más de 900 millones de litros de leche, lo cual representa un crecimiento del 10% en comparación con 2007. El territorio venezolano además registra una cifra récord en producción de maíz en comparación con los últimos 20 años, al ubicar su inventario en 2,7 millones de toneladas.

Pero existen cuestionamientos a las decisiones agrícolas venezolanas, como la denominada Ley de Tierras, que según ciertos sectores estaría incentivando las invasiones, por parte de grupos que no siempre pertenecen al campesinado. (DP)

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/convenios-sobre-alimentos-317494.html