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Por Juan Paz y Miño.

El 9 de Julio de 1925 la joven oficialidad del Ejército tomó el poder. Se inició así la Revolución Juliana, que comprendió dos Juntas Provisionales de gobierno y la presidencia de Isidro Ayora (1926-1931).

La Revolución se produjo bajo una serie de condiciones: la severa crisis económica, el agotamiento del Estado Liberal, el declive del bipartidismo liberal-conservador, el despertar del movimiento obrero, un ambiente internacional de avance de la conciencia social, la instalación del socialismo en la Unión Soviética (1917). Sobre todo, fue una reacción contra las poderosas oligarquías, particularmente de la bancaria, que habían mantenido sujeto al Estado como instrumento de sus intereses.

Hasta este momento, los bancos eran emisores de billetes, controlaban el régimen monetario y eran prestamistas de los gobiernos. Todavía existían cuentas públicas descentralizadas y hasta autónomas, sujetas al manejo privado y político. Y los primeros núcleos de trabajadores carecían de derechos fundamentales, en un país hegemonizado por el sistema oligárquico-terrateniente.

Los gobiernos julianos por primera vez fiscalizaron a los bancos, centralizaron las rentas y organizaron la hacienda pública bajo una Ley de Presupuesto. Con el concurso de la Misión norteamericana de Edwin W. Kemmerer, crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Los julianos inauguraron la misión social del Estado, con el Ministerio de Previsión Social, la Caja de Pensiones, las Direcciones de Salud y leyes sobre contratos laborales, salario, jornada y sindicatos. Este conjunto de políticas, que por primera vez en la historia definió el activo papel del Estado en la economía y en el trabajo, fue ampliamente respaldado por los sectores medios y populares del país. Naturalmente provocó la reacción de las oligarquías y en especial de la plutocracia que lanzó una campaña regionalista permanente, intentando movilizar el “guayaquileñismo” y sosteniendo que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.

Pero la Revolución Juliana, que incluso se inició en Guayaquil, recibió amplio respaldo popular en la misma ciudad. Víctor E. Estrada, ilustre banquero guayaquileño, no solo saludó a los julianos, sino que se consideró un precursor de sus ideas económicas. El esfuerzo de los gobiernos julianos por obras y mejores condiciones de salubridad y servicios médicos en Guayaquil fue reconocido en la misma época. Y la legislación social protegió algo más a los trabajadores, de cuyas filas provinieron los muertos del 15 de noviembre de 1922, víctimas de la represión de las mismas oligarquías que resistieron a las transformaciones julianas.

En las fiestas de Guayaquil y en el calendario histórico del Ecuador, la Revolución Juliana ocupa un sitial importante por su posición social y antioligárquica. Por eso es que los grupos de poder procuran tapar el significado de dicha revolución para el Ecuador y en Guayaquil la tildan de “ignominiosa”. Ese tipo de ataques, como en la actualidad, siempre han estado presentes cuando existen gobiernos que golpean los intereses de las élites del poder.

Durante el siglo XIX, el Estado no intervino en la economía. Se creía en las “leyes naturales” del mercado y en la libre empresa privada. En Ecuador, no había posibilidad alguna para derrumbar los intereses del dominio oligárquico-terrateniente. Además, las finanzas públicas eran raquíticas. Los gobiernos y los recursos estatales dependían de los éxitos de la agroexportación, los créditos bancarios internos, los estancos y algún otro rubro. Nunca hubo impuesto sobre las rentas. Los gastos se consumían en sueldos y salarios para el ejército y la burocracia. Quedaba muy poco para alguna obra pública. Casi nada para educación y salud.

En el manejo de la “hacienda pública” solo destacan Vicente Rocafuerte, Gabriel García Moreno, Antonio Flores Jijón y Eloy Alfaro. Pretendieron la modernización económica, imponiendo cierto orden presupuestario y mayores gastos en servicios, educación y asistencia social. Las actividades privadas quedaron siempre intactas y el mercado sin regulaciones. Como máximo, se adoptaban algunas medidas proteccionistas.

En todo el siglo XIX el Ecuador permaneció atrasado y pobre. Es que la economía “libre” tuvo un trasfondo: el poder oligárquico-terrateniente.

Solo la Revolución Juliana (1925) inauguró los primeros roles del Estado en la economía y la preocupación estatal sobre las clases trabajadoras. Pero el “desarrollismo”, con activo papel del Estado sobre la producción y el crecimiento, despegó únicamente en los años sesenta y se consolidó en los setenta, gracias al petróleo y las reformas estructurales como la agraria y la promoción industrial.

Dígase lo que se diga, en la historia ecuatoriana la intervención del Estado ha sido fundamental incluso para promover el crecimiento y la ampliación del empresariado privado. Y de igual modo para promover el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, pues el empresariado ecuatoriano ha sido muy reaccionario a la hora de impulsar reformas sociales y laborales, a pesar de cualquier excepción.

En los ochenta y noventa del pasado siglo XX, el triunfo de las tesis sobre el retiro del Estado y el “neoliberalismo” produjeron resultados contradictorios. De una parte, crecimiento, modernidad, consumismo, dependencia del capital financiero transnacional. Pero también pérdida de soberanía. Y en mucho, de dignidad nacional, a consecuencia de la sucesión de gobiernos atrapados por la deuda externa y el “aperturismo” reinante.

Sin regulaciones, con una empresa privada fortalecida en términos oligárquicos y un Estado abiertamente “desinstitucionalizado” a fin de que funcione el mercado “libre” criollo, las consecuencias sociales y políticas para el país no importaron y resultaron críticas. Como nunca antes la riqueza se concentró a tal punto que Ecuador pasó a ser uno de los países más inequitativos del mundo. Triunfó el capital, sobre el desempleo, el subempleo, la emigración y el trabajo precarizado y flexibilizado. Y en solo una década (1996-2006), hubo ocho gobiernos, con los tres únicos presidentes electos (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez), pero derrocados.

Las políticas económicas y el modelo “aperturista” que mantuvo el país, no son los que se sigue desde 2007. Y eso, obviamente, provoca reacciones. A menudo, los analistas y periodistas de opinión más visibles en las líneas “críticas”, olvidan que las confrontaciones políticas también se libran en el campo económico. Es otra lucha por el poder. Aquello de que existen medidas “técnicas” inocuas, no es cierto. No solo lo demuestra la historia del pensamiento y la teoría económica, sino, con más fuerza aún, la propia historia ecuatoriana.

Librecambio y proteccionismo se confrontaron desde la época de la Independencia. Bolívar confiaba en medidas proteccionistas, mientras Santander creía en los mercados libres. Cuando Alfaro intentó la industrialización del Ecuador y para ello la adopción de medidas arancelarias proteccionistas, la reacción de los comerciantes guayaquileños y de los agroexportadores, no se hizo esperar.

La Revolución Juliana (1925) centralizó las rentas, dictó medidas proteccionistas, intentó el fomento industrial, impuso por primera vez el impuesto a la renta, creó el Banco Central y las primeras instituciones estatales para la acción económica. Le resistieron los banqueros y los grandes comerciantes.

Hay ejemplos más cercanos. En el marco de la Alianza para el Progreso y los principios de la CEPAL, la Junta Militar (1963-1966) reaccionaria, represiva y proimperialista, ejecutó, en cambio, una serie de transformaciones estructurales: reforma agraria, impulso industrial, proteccionismo. Cuando intentó la reforma de los aranceles para afectar las importaciones suntuarias, los comerciantes, principalmente en Guayaquil, libraron las “guerras del arancel” y la Junta cayó. Cuando el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) reformó aranceles y pasó de la Lista 1 (bienes necesarios) a la Lista 2 (bienes suntuarios) una serie de productos, los comerciantes armaron su guerra económica. El levantamiento del general Raúl González Alvear el “32 de agosto” de 1975 (1 de septiembre, porque la dictadura prohibió hablar de ese día), en mucho se explica por esas intrigas.

Inaugurada la democracia en 1979, el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984) fijó aranceles y limitó ciertas importaciones (incluidos vehículos). Se dijo que no obraba con medidas “técnicas”, que subiría el contrabando y se arruinaría la producción interna. Las cámaras de la producción eran activísimas en acusar a Hurtado como “comunista”.

El proteccionismo bajo el gobierno de Rafael Correa no es distinto al de otras épocas. Pero sí es diferente dejar de sujetarse al FMI, imponer el interés nacional a la banca privada, restaurar el papel económico del Estado, abandonar los supuestos del “mercado libre” y dejar de seguir los dictados de las cámaras de la producción. Si algo ha enseñado la historia es que para comprender la economía también hay que descifrar el juego de fuerzas sociales por el poder. Hay que preguntarse quiénes y bajo qué intereses económicos reaccionan o se ubican en torno a las medidas que toma un gobierno.

Ecuador, lunes 22 de diciembre de 2008

Deuda ilegítima: Ayer y Hoy (2)

Juan J. Paz y Miño Cepeda

A poco de fundarse la República del Ecuador (1830), pesaría en su historia la “deuda de la Independencia”, fruto de la herencia del 21.5% de la deuda grancolombiana. Oficialmente arrancó en 1854, cuando el Congreso aprobó el convenio Espinel-Mocatta, que reconoció £.1.824.000 en nuevos bonos a favor de los tenedores.

Entre 1830 y 1854 Ecuador no pudo “honrar” la deuda externa. Ello no excluyó los primeros intentos de arreglo. En 1843, la Convención acordó el pago de la deuda con la venta o arriendo de tierras baldías. Juan José Flores proponía ceder territorios a los acreedores para un número determinado de colonos europeos, lo que no fue aceptado por los tenedores, que exigieron nuevos bonos incluyendo la capitalización de los intereses.

En 1848, el presidente Vicente Ramón Roca negoció con Pedro Conroy para destinar una parte de los derechos aduaneros al pago de la deuda. Y solo el acreedor Elías Mocatta logró con el ministro Espinel el inicio efectivo de los pagos (1854/55), con respaldo en tierras baldías, ingresos mineros y peajes. Enseguida vendría el contrato Icaza-Pritchett (1857) autorizado por el general Francisco Robles. Mediante él, se cancelaba los bonos de la deuda inglesa con 100.000 cuadras de tierras en Esmeraldas, 1.000.000 en Canelos, otro igual en Zamora y 400.200 en Los Ríos y Guayas. Todo ello apenas cubría 2.600.600 pesos de los 9.120.000 que reclamaban los acreedores. La oposición conservadora contra Robles estalló. Y, a poco, el Presidente del Perú, Ramón Castilla, bloqueó el puerto de Guayaquil, reclamando contra la concesión de tierras amazónicas consideradas peruanas. Robles fue cercado por la oposición conservadora. Y en el país aparecieron (1859) cuatro gobiernos regionales. Todo amenazaba con la disolución del Ecuador. Hasta que se impuso Gabriel García Moreno y logró la unidad nacional.

Definitivamente, el convenio Espinel-Mocatta resultó lesivo a los intereses nacionales. Los acreedores ya no eran los originales, sino los especuladores de bolsa, que adquirieron bonos a bajos precios y recibían jugosas ganancias a costa de la estrangulación financiera del Ecuador. También en 1865 se había pensado en enajenar las Galápagos para atender a los acreedores. Pero en 1869, convencido de la carga sobre el país, García Moreno dispuso la suspensión del pago de intereses de la deuda (lo único que se pagaba), declarando la disposición del gobierno a una negociación equitativa. Un gesto “unilateral” que hoy alarmaría a todos los críticos de la declaratoria estatal ecuatoriana sobre la deuda ilegítima.

García Moreno contó con recursos para modernizar económica y materialmente al Ecuador, aunque bajo un régimen autoritario y ultrareligioso. Pero el “precio” del gesto nacionalista garciano fue que los créditos provendrían, en adelante, de la banca privada ecuatoriana, cuyo poder se multiplicó en las siguientes décadas hasta convertir al Estado en un esclavo de sus intereses. Solo la Revolución Juliana (1925) pudo acabar con ese dominio “plutocrático”. Continuaremos con el tema.