A principios de octubre [ de 2008] se agudizó de nuevo la crisis financiera. Originada en Estados Unidos, sus efectos directos se percibieron primero en Europa Occidental, en especial por los estrechos vínculos financieros con EE.UU. y la utilización de los “nuevos” instrumentos financieros de alto riesgo. Sin embargo, la situación europea no es un mero contagio ya que también tiene raíces endógenas. La Unión Europea y muchos gobiernos (como Gran Bretaña e Irlanda) favorecieron la liberalización del sector financiero. Además, la crisis financiera está estrechamente vinculada con problemas productivos, como las sobrecapacidades en la industria del automóvil o de la construcción.
La vulnerabilidad de Europa del Este
En Europea Oriental los efectos iniciales fueron limitados, con excepción de las bajas en las bolsas de valores ya que los bancos se centraban en negocios convencionales. Sin embargo, en los países bálticos, especialmente Estonia y Letonia, que gozaban de un boom crediticio financiero, se derrumbó el crecimiento y los flujos de capital se han secado. Esto tiene serias consecuencias debido a sus abultados déficit en cuenta corriente y la alta deuda externa en esos países. Hungría ya esta [en] crisis y firmó un acuerdo con el FMI.
El último Global Financial Stability Report del FMI también indica la alta vulnerabilidad en Bulgaria y Rumania debido a elevados déficit en cuenta corriente, alta deuda externa y la explosión en el crecimiento del crédito privado.
Por lo tanto, estos países, tienen una alta vulnerabilidad externa, que dentro de poco se verá
agravada por la desaceleración o la caída de las exportaciones.
Las respuestas de corto plazo
La crisis encontró mal preparada a la UE. La supervisión bancaria es una cuestión nacional, y faltan normas claras para el rescate de bancos multinacionales durante una crisis (no se ha determinado si un rescate se debe aplicar, por ejemplo en el Estado de la sede principal o en los países de las filiales). Esto es especialmente relevante en Europa Oriental, donde casi todo el sector bancario es de propiedad extranjera.
Frente a la escalada de la crisis, la presidencia francesa de la UE organizó el 4 de octubre una
cumbre de los países europeos miembros del G-8 (Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia). El
presidente francés, Nicolás Sarkozy, propuso para la UE un paquete de rescate parecido al modelo de los EE.UU., lo que fue rechazado por Alemania y Gran Bretaña. Enseguida se intentaron soluciones nacionales, con medidas como garantías para los depósitos bancarios en varios países y apoyos de distinto tipo a los bancos.
El 12 de octubre, la UE hizo una segunda tentativa para una solución común. Participaron los países miembros de la zona del euro, lo que implica una exclusión de casi toda Europa Oriental. El plan anti-crisis se inspiró fuertemente en el enfoque británico: El capital propio de los bancos puede ser aumentado con participaciones estatales. En algunos países esa participación considerará las condiciones en los negocios, los salarios de los gerentes y la política de dividendos. Se acordó que ningún banco esencial del sistema financiero podía quebrar, y para ello se les aseguró ayuda financiera estatal. Los préstamos entre bancos y similares gozarán de las garantías estatales para recomponer el mercado financiero (previsto hasta diciembre de 2009, mientras que los préstamos garantizados pueden tener hasta 5 años de vencimiento).
El compromiso financiero es enorme: por ejemplo en Alemania 70 mil millones de euros para la capitalización de los bancos y 400 mil millones para garantías de los préstamos; en Francia 40 mil millones de euros como de asistencia de capital propio para los bancos y 320 mil millones de euros en garantías.
Las nacionalizaciones parciales no tienen un carácter estratégico y de largo plazo, sino son
concebidas como medidas de emergencia. Este tipo de respuesta no es nueva, ya que fueron aplicadas por los “países pioneros” del neoliberalismo en América Latina (las ex dictaduras derechistas de Chile, Argentina y Uruguay), a comienzos del decenio de 1980.
En los países de Europa Oriental, sin embargo, la elevada dependencia de las corrientes de capital extranjero es el problema principal, y no se lo ha percibido de manera adecuada. Debido a que las iniciativas anti-crisis se han focalizado en la zona del euro y Gran Bretaña, la mayoría de los países de Europa Oriental fueron marginados y caen bajo un papel protagónico del FMI.
Por lo tanto, las respuestas europeas son bastante improvisadas y han apuntado al objetivo de
restablecer el tráfico de crédito entre los bancos nacionales, enfocados en la zona euro y Gran Bretaña. Pero hay grietas dentro del bloque regional, criticándose por ejemplo algunas medidas nacionales (como los cuestionamientos desde Francia a las acciones alemanas), aunque la distribución de las cargas de la crisis entre los países miembros y los grupos sociales, ni siquiera ha comenzado a ser analizada en detalle.
El debate sobre políticas anti-cíclicas
Antes de esta crisis no existía una política económica anti-cíclica coordinada dentro de la UE. Por el contrario, el Pacto de Crecimiento y Estabilidad cuenta con rígidas normas fiscales y monetarias bajo un sesgo pro-cíclico, es decir, la tendencia de agravar la crisis. Aunque hoy se habla de una aplicación más flexible de sus normas fiscales y monetarias, eso no será suficiente. Queda en claro que esta crisis será una gran carga en los presupuestos nacionales, y la economía europea va en caída libre.
El presidente francés, Sarkozy propuso un programa anti-cíclico, lo que fue rechazado por Alemania y Gran Bretaña. La mayoría de los gobiernos de Europa del Este se mostraron hostiles a flexibilizar el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y, por lo tanto, a políticas de corte keynesiano. En el plano nacional, en varios países existe un amplio rechazo de los programas coyunturales públicos (como en Alemania).
En noviembre de 2008, rompiendo con la política de los últimas dos décadas y acercándose a la posición francesa, la Comisión Europea presentó un plan de 200 mil millones de euros para dar un impulso al crecimiento económico. La mayor parte (€ 170 mil millones) estaría a cargo de los gobiernos nacionales mientras que las iniciativas propiamente europeas se limitarían a dar un impulso suplementar (€ 30 mil millones). Por lo tanto, la Comisión Europea quiere contar por lo menos con un marco de acción de los gobiernos nacionales. Pero éstos siguen divididos sobre las políticas anti-cíclicas (Francia las promueve, aunque más en el discurso que en hechos, pero Alemania sigue festejando el protagonismo exportador de sus empresas). En Europa del Este se esbozan políticas pro-cíclicas impulsadas por el FMI. Por lo tanto, el panorama es bastante contradictorio.
Aunque se adoptan parcialmente políticas de corte keynesiano, se evita nombrarlas como tales. Además, las medidas anti-cíciclas son presentadas como excepciones que se aplicarán por un periodo muy corto (quizás dos años). Las fuerzas dominantes pretenden volver más tarde a las políticas fiscales restrictivas propias de las pautas neoliberales de los últimos años. Incluso en algunas áreas se intenta radicalizar la perspectiva neoliberal llamando a flexibilizar las relaciones de trabajo. Se sigue apostando por la industria de automóviles, muy importante en términos de valor agregado y de empleo, aunque el transporte individual es un factor muy importante de la crisis ecológica, de donde un viraje hacia el transporte público parece una necesidad ecológica.
Las cuestiones de fondo no están resueltas
En una perspectiva política a corto plazo, hasta el momento no se han abordado en la práctica de la política económica las causas de la crisis financiera. No se cuestionan los modelos financiarizados o neo-mercantilistas. Hay muchas vacilaciones de afrontar la débil regulación del sector financiero. Los bancos quieren subsidios y la adquisición de las pérdidas por parte de los estados, pero rechazan una reestructuración fundamental del sistema financiero. En consecuencia, al menos por ahora las propuestas para cambiar la regulación de los mercados financieros son modestas.
Según la propuesta del Ministro de Finanzas alemán Peer Steinbrueck (que por los menos es concreta), los bancos no podrían vender la totalidad de los créditos riesgosos, deberían ampliar los fondos de liquidez, y en el balance deberán dejar ver todos los instrumentos financieros innovadores. Son correcciones necesarias, pero no significan una ruptura con la regulación neoliberal de los últimos años. En cambio, el presidente francés, Sarkozy, centró su crítica en los Hedge Funds, que han sido un elemento muy desestabilizante del sistema financiero, y en los paraísos fiscales, pero sin concretar un diseño alternativo. Pero no han sido aceptadas. El gobierno británico, que está muy ligado a los intereses financieros londineses, rechaza incluso propuestas modestas como una regulación más restrictiva de los Hedge Funds. Esto muestra los límites del debate actual.
Hasta ahora, la iniciativa ha estado en las manos de los gobiernos. Los parlamentos y los partidos políticos han sido marginados. Algunos partidos de izquierda, movimientos sociales o intelectuales, ofrecen propuestas que van más allá de los planes gubernamentales. Por ejemplo, se indica que algunos instrumentos financieros de alto riesgo deberían prohibirse, debería aumentar el componente público y servir para financiar sectores productivos. Se debería desandar la privatización de los sistemas de jubilaciones, que en muchos países sustentó los mercados financieros y actualmente son muy vulnerables. Aunque esta crisis muestra las contradicciones de los modelos neoliberales y ofrece potencialmente la apertura para un cambio de las políticas económicas y sociales, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil europea que proponen una ruptura más profunda están lejos de tomar la iniciativa, al menos por el momento.
Finalmente, la crisis actual muestra un cambio en la balanza internacional de poder. La Unión Europea es solo un actor entre varios, mientras que el gobierno de Estados Unidos, donde se originó la crisis, ha sido incapaz de liderar una respuesta coordinada internacional. Las cumbres financieras mundiales ya no se limitarán a los países del centro, sino contarán también con la participación de estados claves del sur.
J. Becker es profesor de la Universidad de Economía de Viena y analista del Instituto de Estudios de Economía Política (IPE) en Viena. Traducción: Juan Andrés Correa