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Envío de ALAI sobre un tema interesante sobre el futuro del Internet:

Enrique Amestoy

ALAI AMLATINA, 21/04/2015.-   “Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta”. Así introduce Eduardo Galeano al ensayo que muchos llegaron a denominar como una biblia latinoamericana y que sin lugar a dudas ha marcado a más de tres generaciones. Aprovecho para emitir un gran insulto a la muerte por llevarse a uno de los referentes de la literatura reflexiva en mi país. 44 años después de publicado “Las venas abiertas de America Latina” me atrevo a parafrasear a Galeano para decir que son 1200 millones las personas en la India o 200 millones en Brasil o los mas de 600 millones que poblamos nuestro continente, que estamos en el centro de la tormenta en este momento. Tormenta tecnológica, de la mano de grandes corporaciones con Facebook a la cabeza.

Sorpresa, preocupación, indignación y seguramente muchos adjetivos más, ha generado en muchos de nosotros haber visto, en el marco de la Cumbre de las Américas en Panamá, una foto de la presidenta brasilera Dilma Rouseff junto al fundador de facebook Marck Zuckerberg (). Posan para presentar el posible acuerdo de llevar el proyecto internet.org (invento de Zuckerberg) a Brasil. Proyecto que a grandes rasgos consiste en llevar una aplicación movil a sus usuarios, en base a la alianza de empresas de telefonía con Facebook y otros aliados para dar “gratis” acceso a determinados sitios web, a poblaciones alejadas y con los niveles más altos de pobreza.

Actualmente en Brasil la compañía de Zuckerberg tiene una experiencia en Heliópolis, barrio muy pobre de San Pablo. Allí se anima a los residentes a usar la red social más grande del mundo para promover negocios propios. Al parecer este sería el puntapié inicial de acuerdos con el gobierno que incluirían hasta llevar banda ancha a lugares donde hoy no existe. Experiencia que también ha comenzado este año en la India donde se asegura acceso gratis a Facebook, claro está, AccuWheather, Wikipedia y algún otro sitio más. Elegidos, claro está, por internet.org (Facebook, las empresas de telefonía aliadas y los gobiernos con quienes hacen los acuerdos).

Comparto plenamente que se trabaje por la inclusión digital en el entendido de que es parte ineludible de la inclusión social. Llevar conectividad a los lugares más humildes es tarea y responsabilidad de los gobiernos. Ya hablamos en otras columnas sobre la inclusión digital en Uruguay que incluye fibra óptica a la casi totalidad de los hogares, el programa “Universal Hogares” que da acceso a la Internet en forma gratuita a poblaciones de bajo poder adquisitivo o las 700.000 computadoras que el gobierno ha entregado a alumnos de enseñanza primaria y secundaria.

¿Por qué la indignación con la foto o poner el tema como algo muy peligroso?  Porque hay condiciones que no son tan loables.  Porque se trata de generar una “Internet para pobres”, con contenidos limitados (se habla de acceso a los sitios que la red social determine en acuerdo con las empresas de telefonía con las que ya tiene acuerdos comerciales).  Entonces lo que se pone en riesgo es la neutralidad de la red(1) que determina que el tráfico por la red no debe ser restringida a contenidos, sitios o velocidades dependiendo de acuerdo comerciales.  Ya lo ha hecho en América la multinacional Telefónica cuando ofrecía “acceso a Facebook gratis” en sus paquetes de telefonía y “para acceder a Internet” vendía paquetes de datos; como si acceder a Facebook no se trate de acceder a la web.  En la India, donde desde principios de año funciona internet.org, ya se han levantado voces en contra y empresas que se han retirado del pacto(2)(3) Y en el caso concreto de Brasil se viola la Ley de Marco Civil de Internet(4) donde, luego de muchos años de lucha de las organizaciones sociales, se consagran los derechos civiles y la neutralidad de la red.

No podemos permitir que las empresas de telefonía, dueñas en la mayoría de los países de la conexión a la web, sean quienes determinen a qué sitios (16 en la India, por ejemplo), a qué velocidad o lo que es peor: a que sitios NO podemos acceder.  Además de la ya sabida entrega de información a las agencias norteamericanas: recordemos la denuncia de Snowden donde se señala a Facebook como parte de PRISM(5),  programa de espionaje de la National Security Agency (NSA), o la venta de nuestra actividad, gustos y costumbres a quienes luego nos intentarán seducir con publicidad, llamadas telefónicas o correos electrónicos.

Todos deberíamos saber que lo barato sale caro...

- Enrique Amestoy es Asesor en TIC

Nicola Bullard

ALAI AMLATINA, 19/04/2010.- Quizás sin entender plenamente el significado ni las implicaciones, los movimientos progresistas han gravitado en torno a la consigna de la "deuda climática" como un camino hacia el complejo mundo de las negociaciones sobre el clima.

Es fácil entender por qué: la deuda es un concepto simple y en un mundo justo, las deudas deben ser pagadas. Sin embargo, -más que eso- la noción de deuda climática llega al centro de la política en torno al cambio climático. Plantea la cuestión central de la responsabilidad histórica y de quién debe a quién y para qué. Y mediante la redefinición de la "deuda" como un problema sistémico en lugar de un problema financiero, replantea las tradicionales relaciones entre ricos y pobres. Por lo general, son los ricos quienes son los acreedores, exigiendo el pago a los pobres, pero la deuda climática invierte esta relación: ahora son los pobres y los marginados -el Sur Global- quienes reclaman sus deudas, no para beneficio personal, sino para el futuro de la humanidad y la Madre Tierra.

En tal sentido, la deuda climática es una idea potente que vincula problemáticas, grupos sociales y estrategias, con el atractivo añadido de usar un lenguaje sencillo como un caballo de Troya para introducir ideas complejas y potencialmente subversivas. Pero si no tenemos una idea clara de lo que "nosotros" entendemos por deuda climática, siempre existe el riesgo de que los principios e ideas que la sustentan sean cooptadas y se diluyan. Tal vez no exista una definición definitiva de la deuda climática, pero como movimientos y activistas por la justicia social, es útil tener una visión común de lo que queremos decir, y lo que estamos pidiendo.

¿Qué es la deuda climática?
El concepto de deuda ecológica ha estado presente durante varios años. Acción Ecológica de Ecuador habla de la deuda ecológica como "la deuda acumulada por los países del Norte industrial hacia los países y pueblos del Sur a causa del saqueo de recursos, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ambiental como depósito de desechos, tales como los gases de efecto invernadero".

En términos contables, la deuda climática es sólo un renglón en el balance mucho mayor de la deuda ecológica, pero puede ser dividida en partes comprensibles y medibles.

Una parte de la deuda climática se refiere a los impactos de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: fenómenos climáticos extremos y frecuentes, inundaciones, sequías, tormentas, pérdida de tierras

cultivables y de la biodiversidad, enfermedades, falta de acceso a la tierra, migración, pobreza y muchos más. En el lenguaje de la ONU, estos impactos humanos muy reales son agrupados y puestos en "cuarentena" como los costos de "adaptación".

Un segundo elemento de la deuda climática es el costo de la reorganización de las sociedades y las economías de tal manera que las emisiones de gases de efecto invernadero sean radicalmente reducidas: es lo que se llama mitigación, y abarca a casi todos los aspectos de la actividad humana desde la agricultura, la energía y el transporte, hasta la forma en que las ciudades se organizan, los patrones de consumo y el comercio mundial. Para el gobierno boliviano es equivalente a una "deuda por desarrollo", que sería compensada al garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y que todos los países sean lo suficientemente industrializados para garantizar su independencia.

Una tercera parte de la deuda es más difícil de calcular: algunos lo llaman la deuda de las emisiones. Se refiere al hecho de que los países ricos han gastado la mayor parte de la capacidad de la atmósfera para absorber gases de efecto invernadero, sin dejar "espacio atmosférico" para el que el Sur pueda "crecer". Dado que existe una correlación muy alta entre el crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto tecnológico actual, esto equivale a decir que los países en desarrollo deben limitar su crecimiento económico. La única manera de compensar esta deuda es si los países ricos reducen drásticamente sus propias emisiones.

El gobierno boliviano incluye otros dos elementos en el cálculo de la deuda climática. Además de la adaptación, la mitigación y la deuda de las emisiones, identifica una "deuda de migración", que quedaría compensada por el abandono de prácticas restrictivas de la migración y con el tratamiento de todos los seres humanos con dignidad; y, por último, la deuda con la Madre Tierra.

De acuerdo con el gobierno boliviano, esta deuda es "imposible de compensar por completo, debido a que las atrocidades cometidas por la humanidad han sido demasiado terribles. Sin embargo, la compensación mínima de esta deuda consiste en reconocer el daño causado y la adopción de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Madre Tierra, para garantizar que los mismos abusos no se repitan nunca más en el futuro. "

Teniendo en cuenta todos estos componentes, la deuda de los ricos a los pobres es inconmensurable.

¿Quién es responsable de la deuda climática?

Esta pregunta está en el centro de las negociaciones de la CMNUCC, pues, detrás del lenguaje técnico, en el fondo se trata de dinero e intereses económicos. Es por eso que EE.UU. impulsó el Acuerdo de Copenhague durante la COP 15; para redefinir quién es responsable y así evitar el pago de sus cuotas.

La situación actual es que los países ricos -y especialmente los que tienen la mayor acumulación de emisiones históricas- simplemente no están dispuestos a pagar su deuda. Después de haber acumulado su riqueza y seguridad sobre las espaldas de los pobres, a través de la destrucción de la naturaleza y la extracción de recursos, los países europeos ricos, EE.UU., Japón, Australia y Canadá se niegan a pagar la factura, tanto en términos de los costes reales de mitigación y adaptación, como también en términos de cambiar su propio consumo despilfarrador. No sólo se niegan a reducir sus propias emisiones –y de esta forma trasladan a los demás la carga de la reducción- sino que también están tratando de echar la culpa a los países en desarrollo como China, Brasil e India, cuyas emisiones actuales están creciendo a un ritmo rápido.

¿La deuda se podrá pagar?

Si bien algunos aspectos de la deuda se pueden contar y calcular -por ejemplo, los costos de las tecnologías limpias, la restauración de los bosques devastados, el recambio a la agricultura sostenible o la construcción de infraestructura apropiada al clima-, la deuda real no puede ser calculada. Es mucho más que una cifra o dinero; la deuda climática simboliza más de 500 años de relaciones desiguales entre el Norte y el Sur, entre ricos y pobres, entre explotadores y explotados.

La deuda climática es también una medida de la total locura del capitalismo -ya sea como mercado libre o estatal- como modelo para la gestión de la sociedad humana y los ecosistemas de la Tierra. En última instancia, la única manera de que la deuda se podría pagar es asegurando que las relaciones históricas de desigualdad sean rotas de una vez por todas y que no se acumulen "nuevas" deudas. Esto requiere de un cambio de sistema, tanto en el Norte como en el Sur. Por eso la deuda climática es una idea tan subversiva. (Traducción ALAI).

- Nicola Bullard es integrante de Focus on the Global South -con sede en Bangkok, Tailandia-. http://www.focusweb.org

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ALAI AMLATINA, 04/06/2009.- La derogación de la resolución que excluyó a
Cuba de la OEA hace más de cuatro décadas por la Conferencia de Cancilleres del organismo, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, es otra señal del cambio de época que vive América Latina. El acuerdo desestimó los inaceptables condicionamientos que insistentemente pretendía imponer Estados Unidos, reiterativos del sesgo injerencista de
la resolución ahora revocada y una burla al consenso existente en América Latina y el Caribe de rechazar aquel acto ignominioso.

Por lo pronto, lo que evidencia la reunión de la OEA es un trágico conflicto en que se debate Washington. Por un lado, su irrefrenable arrogancia imperial lo impulsa, más allá de cambios cosméticos, a perpetuar la misma actitud punitiva respecto a La Habana que ha
mantenido durante medio siglo. Por el otro, la imagen de cambio de política que intenta proyectar al sur del río Bravo al proclamar un nuevo enfoque en el trato hacia sus vecinos no resultará creíble hasta que levante el bloqueo y renuncie a la hostilidad contra Cuba. En este
sentido, cabe reconocer que al aceptar finalmente la anulación de la exclusión de Cuba el gobierno de Barak Obama muestra una sensibilidad hacia la nueva realidad de América Latina que habría sido impensable durante el de su nefasto antecesor.

Como ya había ocurrido en marzo en la cumbre de Puerto España, Cuba fue el centro del debate en la reunión de San Pedro Sula aunque no estuviera en la agenda. La Habana ha expresado de manera muy clara que no regresará a la OEA, de modo que lo que estaba en discusión era la
reparación por los estados miembros –incluido Estados Unidos- de una aberrante injusticia histórica, como señaló el presidente del país anfitrión, Manuel Zelaya, en un discurso honesto y valiente como pocas veces se ha escuchado en una reunión del obsoleto mecanismo.

La resolución adoptada por los cancilleres pone fin a otra impuesta por Washington a punta de sobornos, amenazas y chantajes, contando de antemano con el voto de dictaduras sangrientas como las de Trujillo, Somoza, Stroessner y otros gobiernos genuflexos. La OEA fue bautizada en
aquel momento como ministerio de colonias de Estados Unidos por el ilustre canciller cubano de entonces, Raúl Roa, calificativo ganado ampliamente por la complicidad del ente, antes y hasta hoy, con la criminal política intervencionista de Estados Unidos en la región.

Todos los gobiernos latinoamericanos, sin excepción, tienen relaciones diplomáticas plenas con Cuba, cuyo ingreso al Grupo de Río y participación en la primera Cumbre de América Latina Latina y el Caribe, celebrada en diciembre pasado en Brasil, mostró la voluntad unánime e
incontrovertible de sus jefes de Estado y gobierno de reparar definitivamente la exclusión de la isla de los foros regionales. Era muy clara la postura latinoamericana en San Pedro Sula y muy clara también la intención inicial de Estados Unidos de impedirla con condicionamientos que vulneran la propia carta de la organización, como demostró el presidente Zelaya al dar lectura al artículo que reconoce el derecho de los estados miembros a elegir el sistema económico, político y social que decidan, sin interferencia extranjera.

Washington debe entender el trascendental cambio social y político que está ocurriendo en América Latina y olvidarse de que un mero cambio de retórica y estilo en su política exterior, aunque conserve la misma sustancia imperialista, hará deponer los aires de independencia y
rebeldía que emanan de las calles, las minas, las veredas y las fábricas de nuestra América. Los cambios en América Latina son de tal naturaleza que la OEA, ya no puede funcionarle al imperio como en otros tiempos. La OEA nació del panamericanismo, encarnación de la doctrina Monroe. José Martí la fulminó mucho antes de que naciera, cuando a propósito de la Primera Conferencia Panamericana, en 1889, sentenció: “¿A qué ir de aliados, en lo mejor de la juventud, en la batalla que los Estados Unidos se preparan a librar con el resto del mundo?”

En todo caso, América Latina y el Caribe necesitan una estructura regional propia como lo han reclamado Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y Daniel Ortega, ajena a potencias extraregionales, reivindicadora del ideal bolivariano de independencia, unidad e integración.

ALAI AMLATINA, 28/05/2009.- En toda sociedad de clase quien tiene el poder tiende a abusar de él en algún momento. Para ello, quienes ocupan las posiciones de poder definen qué se considera un abuso y cómo se debe castigar al responsable. En el caso de EEUU, se ha abierto un debate en torno a la tortura. La pregunta es sencilla: ¿debe el gobierno utilizar la tortura para extraerle información a las personas que tiene bajo su control?

A pesar de la sencillez de la pregunta, las implicaciones son muy complejas y deben ser cuidadosamente evaluadas. La idea de un debate sobre esta materia constituye, en sí, un paso atrás de siglos. Quienes participan del debate borran, de una vez, toda noción sobre los derechos humanos. No sólo en EEUU, practicante confeso de torturas a detenidos, sino del resto del mundo que lo tolera sin protestar.

En el debate se plantean cuatro niveles: el legal, el político, el utilitario y el moral. Aunque parezca absurdo, una de las partes asegura que la legislación norteamericana permite la tortura. Además, argumenta con pasión que la tortura es una herramienta política válida para la seguridad nacional. La otra parte, alega que la tortura debe abandonarse porque no arroja resultados útiles. Por último, se asegura que la víctima no tiene moral, es mala y perversa, por lo tanto es legítimo cualquier abuso, incluyendo la tortura.

En América latina, cuando los regímenes militares torturaban a los enemigos del orden establecido, lo hacían en forma secreta. No decían que era legal y menos que era políticamente correcto. Tampoco lo relacionaban con una moral justificadora. En su momento, la mayoría de los militares que abusaron del poder fue condenada por no respetar la ley, por sus errores políticos y por la inmoralidad de su actos.

En EEUU, el presidente Barack Obama quiere abordar los abusos y las torturas que cometió el expresidente George Bush en su “guerra contra el terrorismo” con guantes de seda y sin ensuciarse las manos. No lo podrá hacer debido a lo complicado del asunto. Si no logra extirpar a los torturadores de los “terroristas islámicos”, como llaman a los detenidos en sus campos de concentración, mañana justificarán la tortura de los traficantes de drogas y otros “enemigos”. Seguirán en la lista de torturados los inmigrantes ilegales y los partidarios del desarrollo en los países pobres. En esta misma lógica, seguirían los propios norteamericanos que serían llevados a cámaras de tortura especialmente concebidos para extraerles información.

En la década de 1950, para destruir el movimiento obrero norteamericano se creó la gran “cacería de brujas” encabezada por el Senado de aquel entonces. Fueron electrocutados varios “brujos” comunistas, otros fueron encarcelados y miles perdieron su empleo. Cuando comenzaron a buscar “comunistas” en las Fuerzas Armadas el presidente Eisenhower puso fin a las aventuras del Senado.

¿Podrá Obama poner fin a las torturas y controlar a los agentes que se alimentan de los temores ajenos?

En Panamá y en América latina hay una historia larga de abusos por parte de quienes detentan el poder y explotan el entorno natural y social. Los debates han sido álgidos entre quienes luchan por descubrir los atropellos y aquellos que hacen todo lo posible por encubrirlos. En estos momentos, en Panamá, se denuncian los casos de las muertes de obreros de la construcción y de pescadores por parte de fuerzas del orden. Igualmente, las actividades mineras, energéticas, turísticas y de comunicación están acabando con comunidades enteras en toda la geografía del país.

En el pasado reciente se luchaba contra los regímenes militares y sus abusos de los derechos humanos. En muchos de los casos – Panamá, Chile, Guatemala, Brasil y los demás – los responsables han sido llamados a capítulo y han tenido que responder por sus actos. En la actualidad, este debate – con ribetes políticos y éticos - en torno a los abusos, y concretamente sobre las torturas, se ha trasladado a los pasillos del poder en EEUU así como a sus medios de comunicación.

El presidente Barack Obama desde la Casa Blanca ha lanzado una ofensiva contra las prácticas de las distintas instancias norteamericanas que utilizan la tortura como forma de humillar y deshumanizar a los individuos que son identificados como amenazas a la seguridad nacional de EEUU. Obama plantea que la “técnica” asociada con la tortura produce muy pocos resultados y, más bien, ha desprestigiado a EEUU en la comunidad internacional.

Según el escritor mexicano Carlos Fuentes, el ex-vice-presidente de EEUU, Dick Cheney (2001-2009), se ha levantado como moderno Torquemada, para defender la nueva fe reciclada del “American Century” en el hemiciclo del Congreso norteamericano.

Cheney admitió ante los senadores que los torturados, “combatientes ilegales” en el lenguaje del gobierno de EEUU, eran vestidos con "chalecos explosivos, sus heridas escarbadas con un pie, sus dolores aumentados por pentotal sódico (y recibían) la amenaza de cortarles los ojos".

Cuando el senador John McCain le hizo una pregunta, Cheney le dijo: "Cierra la boca. Todos estamos aburridos de tus apologías contra la tortura. ¿Por qué no te unes al marica Specter (también senador) y te vas del otro lado? Cheney calificó a Obama, como "la delicada orquídea de Harvard" y lo acusó de "arrimarse a dictadores grasosos, dándoles besos a esos comadrejas europeos a los que nuestros militares liberaron".

Cheney declaró en la audiencia que entre los métodos de tortura autorizados por la Casa Blanca de George Bush se encontraban retirarle medicinas a los detenidos, simular que se les ahogaba, el uso de serruchos para intimidar e informes falsos sobre la muerte de un hijo del detenido.

Según The New York Times, la Casa Blanca aprobó a principios de la gestión de Bush el uso extremo y secreto de la tortura, e incluso la "desaparición" de los torturados. Cheney, en aquel entonces, insistió en su política de brutalidad y tortura y logró una orden ejecutiva autorizando los actos de coerción (los mismos que el ex vicepresidente defendió en el comité senatorial).

Condoleezza Rice fue la que recomendó el reconocimiento público de que EEUU tenía detenidos sospechosos de ser terroristas. Cuando este procedimiento fue aprobado en la Casa Blanca, Alberto Gonzales, el procurador general de Bush, propuso la teoría de la "inmaculada concepción": llevar los prisioneros a Guantánamo, sin admitir que antes estuvieron secretamente detenidos.

John Yoo, abogado del gobierno y co-autor de los “memorandos sobre la tortura”, sentó doctrina al señalar que “la víctima debe experimentar dolor o sufrimiento intenso, del tipo equivalente al dolor asociado a una herida física de gravedad, tan grave que provocaría la muerte, la falla de un órgano, o un daño permanente que provoque la pérdida de una función corporal importante”. El Juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, está procediendo con una investigación contra los llamados “Seis de Bush”, que incluye a Yoo y al ex procurador, Alberto Gonzáles.

Carlos Fuentes quien destapó las declaraciones de Cheney es más optimista en relación con Obama. Señala que “Obama trae una experiencia legal y una cultura jurídica que vienen a llenar el inmenso vacío dejado por la era Bush-Cheney. Al alegato de Cheney (la tortura era necesaria para la seguridad) Obama da a entender que la información obtenida bajo tortura suele o puede ser falsa, como lo demuestra la experiencia a posteriori de la era Bush-Cheney”. Además, agrega, que según Obama “la seguridad nacional no implica la violación de la juridicidad nacional o internacional. Al contrario, el apego al derecho desarma al enemigo y la violación del derecho nos asimila a él”.

En la década de 1950 el presidente Eisenhower logró poner fin a la “cacería de brujas” cuando logró destruir el movimiento sindical y, de paso, acabar con los militantes comunistas en EEUU sospechosos de desleales. ¿Podrá poner Obama fin a la “guerra contra el terrorismo” y a los abusos que desarrollaron sus promotores en las posiciones más elevadas del gobierno del presidente Bush?

http://marcoagandasegui.blogspot.com

ALAI AMLATINA, 25/03/2209. México D.F.- Un grupo de siete países ricos altamente endeudados (PRAE) del mundo han organizado una reunión de veinte países en Londres con el fin de debatir el futuro de las finanzas del mundo. Han llamado a la mesa a algunos acreedores de los países en desarrollo como Brasil, Argentina, México, algunos países árabes, China e India, dejando de lado a todos los demás países con superávit en el mundo, acreedores de los EE.UU. y Europa.

De hecho, la acumulación de excedentes de exportación durante un periodo de veinte años es lo que ha permitido que países con déficit contraigan préstamos excesivos por un valor de hasta el 200% del promedio del PIB, cifra en crecimiento acelerado. En un por si acaso, Gordon Brown, sintiéndose un poco débil, invitó a dos países europeos más a las conversaciones.

Algunas cosas vienen a la mente, en primer lugar, "quien paga manda" y, sin duda, ahora quien paga está fuera de Europa y de los Estados Unidos. En segundo lugar, el orden mundial que conocíamos desde 1944 ha terminado, y el nuevo orden mundial tendrá que tomar en cuenta al nuevo G-7 para tomar decisiones rápidas. Esto significa que China, India, Brasil y Rusia entran y que algunos países europeos quedan fuera. De todos modos, los debates celebrados por 20 países +2 serán irrelevantes, ya que este debe ser un debate global, considerando quiénes ahora son los nuevos acreedores y deudores.
En tercer lugar, el nuevo y significativo rol de Asia en su conjunto, tanto en el comercio internacional como en las finanzas internacionales, exige una reformulación de la Junta del FMI / BM, que refleje este cambio importante y disminuya el rol de la Unión Europea y de EE.UU.
En cuarto lugar, ello conduciría a la eliminación del derecho de veto de EE.UU., establecido en 1944, y del mecanismo por el cual estas instituciones tienen un director de Europa y de los EE.UU., respectivamente. Esto ya tiene poca relevancia hoy en día, aparte de ser antidemocrático, opaco, y de no reflejar las realidades económicas y financieras actuales.

Por último, un sistema en el que la política económica conduce a enormes excedentes que contribuyen a financiar déficits masivos creados por el propio modelo, no puede funcionar para siempre, como esta crisis ha comenzado a demostrarlo.

Lo que sucede es que un grupo de países líderes ahora son los principales deudores del mundo. Estos son países ricos altamente endeudados que han sostenido déficits comerciales y fiscales durante más de una década y han acumulado grandes deudas, y por el mismo hecho han desviado los créditos de los países en desarrollo. Estos son países que han sobre-consumido sistemáticamente y, en algunos casos, lo han hecho con una política de crédito interno bastante laxa. El argumento era que al consumidor del Oeste le convenía mejor los productos manufacturados a bajo costo de Asia, América Central y África.
El hecho de que ningún país puede pedir prestado indefinidamente para el consumo no fue tomado en cuenta. Inicialmente, los países con excedentes compraron Letras del Tesoro de EE.UU. y mantuvieron, en parte, sus reservas en esos instrumentos. Luego se extendieron a bonos del Estado británicos y europeos. No quedaba claro que la compra de bonos de Estado en grandes cantidades conduciría a un exceso de endeudamiento, por el otro lado.
El cuadro sobre "Índices comparativos de los PRAE, diciembre 2008" (1) ilustra como los ex países del G7 mantienen, aproximadamente, una tercera parte de las reservas de las nuevas naciones líderes emergentes. Sin Japón, el grupo de naciones líderes mantiene una sexta parte de la reserva de los siete países emergentes más grandes, la mayoría de los cuales son de Asia. La posición de deudor externo en otras monedas, sumando deudas privadas y públicas, es muy elevada para Gran Bretaña, Francia y Alemania, en el rango de 150% -450% del PIB, seguida por EE.UU., en del rango del 90-100% del PIB. La deuda pública en moneda local es más alta en Japón, Italia y EE.UU. El alto nivel de deuda pública de Japón es el resultado de la crisis bancaria de la década de 1990; en el rango de 70-170% del PIB. Si se hace la suma, se ubica encima del 200% del PIB. La perspectiva de crecimiento en esos países es negativa para todos.

¿Es razonable que los prestamistas continúen haciendo préstamos a economías en contracción? ¿Qué sucede con los pagos de la deuda cuando las economías que han contraído demasiados préstamos dejan de crecer? ¿Van a entrar en un ciclo depresivo porque tienen que ajustar el consumo hacia abajo con fines de vivir dentro de sus posibilidades? ¿Es razonable o justo que las naciones en desarrollo financien a las naciones ricas abiertamente?

El papel del FMI debía ser el de guardián y voz de alerta para todos los países. Fue diseñado para este fin, pero perdió su rumbo y terminó concentrándose en los países emergentes en lugar de mirar a toda su circunscripción. Los Informes sobre la Estabilidad Financiera son un caso ilustrativo de lo que ellos no están observando. La crisis comenzó a desplegarse a partir de octubre de 2007 en EE.UU., pero la IEF miraba hacia otro lado. El primer programa de apoyo entre la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo se dio a finales de 2007 y el FMI se mantuvo en total silencio. No activó la alarma y, por tanto, no previno el despliegue de la crisis. Es cierto que ya no tiene la capacidad de hacerlo, cuando los derivados han alcanzado un monto doce veces el PIB mundial. Nadie puede evitar una grave crisis, a menos que todos estemos de acuerdo con nuevas reglas que prohíban que se utilicen algunos instrumentos financieros y que devuelvan a los bancos las reservas, renunciando a los fondos de alto riesgo.

En este contexto, entonces, con un importante papel de liderazgo por parte de Asia en la nueva arquitectura financiera internacional y un nuevo y mayor rol para América Latina y el Oriente Medio, Rusia y sus vecinos, en el mundo financiero y los asuntos económicos, parece extraño que el Sr. Brown pretenda conducir las discusiones sobre los cambios. Los deudores no están en condiciones de colocar las reglas de juego, como los países deudores ya lo aprendieron en la década de 1980.

Bien puede ser que necesitemos enterrar el modelo de exportación, a cambio de un modelo nuevo, al mismo tiempo que terminemos con las tasas flotantes. Pasamos por este mismo problema en los años 30 y se acordó entonces tener las tasas de cambio fijos y políticas de industrialización junto con políticas de bienestar. Este fue el contexto en el que se creó el sistema de Bretton Woods. Incorporó un aspecto fiscal y uno externo, bajo supervisión del entonces recién creado FMI. Pareciera que hoy en día el FMI no vuelve la mirada hacia las cuentas de los PRAE, o no se preocupa por ellos, o a los PRAE no les importa mucho la opinión del FMI. Todo ello debe terminar; debe ser tratado por todos los países miembros de la ONU, ya que ningún país debería estar fuera del alcance de la supervisión internacional y ningún préstamo nuevo debería destinarse a las economías en contracción y con exceso de préstamos, por desarrolladas que sean, a menos que reorganicen sus economías y logren poner orden financiero en sus países. En el Foro Social Mundial de Belem do Pará, este mes de enero, acordamos que esto significa mucho más que cambiar la gobernanza del FMI. Un nuevo orden mundial es posible. (Traducción del inglés: ALAI).

ALAI AMLATINA, 20/03/2209. Montevideo.- Como todos los años tendrá lugar una Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para discutir la situación de la institución y su marcha futura. Esta asamblea es la máxima autoridad del banco. Allí se encuentran los delegados de los gobiernos de los 48 países miembros. Sus representantes usualmente son los ministros de economía, hacienda o presidentes de los bancos centrales.

Bajo un primer análisis parecería enfrentarse una situación atractiva: el BID sería un banco interamericano, donde los países de la región revisarán su estado financiero y analizarán sus políticas de apoyo. Pero en realidad, casi la mitad de los miembros del BID no son latinoamericanos, y su poder de votación alcanza prácticamente esa misma proporción.

En efecto, del total de 48 países miembros, 26 son latinoamericanos y caribeños, mientras que 22 provienen de otras regiones. Entre ellos se encuentran países industrializados como Estados Unidos, Canadá, Japón, y 16 naciones europeas (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza). En este grupo también se encuentran Israel, República de Corea y República Popular de China. En otras palabras, casi la mitad de los integrantes del banco no pertenecen a la región.

Si bien el banco encamina sus préstamos y asistencias únicamente a los países de América Latina y el Caribe, las demás naciones participan no sólo brindando apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a las suscripciones de capital, sino que se benefician de poder participar en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Es muy simple, si una empresa italiana desea tener la posibilidad de brindar bienes o servicios en los proyectos financiados por el BID, es indispensable que Italia sea un miembro del banco. A su vez, muchos de esos países han otorgado asistencias sectoriales a ser administradas por el banco, pero que son ejecutadas por empresas o consultores de esos mismos países.

Además de esta particular composición, el poder de votación de cada uno de los gobernadores en el ámbito de la asamblea es diferente. Aquí no se cumple la condición de “un país – un voto”, sino que el poder de votación es directamente proporcional al capital que cada país suscribe al BID. Los países latinoamericanos poseen en total el 50,02% de los votos, mientras que los restantes 22 miembros provenientes de otras regiones, totalizan un 49,98% de los votos. Avanzando un paso más, Estados Unidos tiene el mayor peso, con el 30,007% de los votos. Le siguen, muy por detrás, Argentina y Brasil, que cuentan con el 10, 752% cada uno. Entre los demás países, tanto latinoamericanos como extrarregionales, en ningún caso superan el 7% de poder de votación (según el informe anual del BID - 2007).

El papel de estos gobernadores no es menor, ya que además de evaluar y analizar las operaciones y actividades del Banco, adoptan decisiones de peso en cuanto a las políticas que debe adoptar la institución. Son, en definitiva, los responsables de la supervisión de sus actividades y su administración, aunque en la práctica muchas de estas tareas son delegadas al Directorio Ejecutivo.

El Directorio Ejecutivo se encarga de la supervisión diaria de las operaciones del BID. Tiene a su cargo el establecimiento de las políticas de la institución, la aprobación de los proyectos, la determinación de las tasas de interés a cobrarse por los préstamos, así como la autorización de los empréstitos a realizarse en los mercados de capital. Aprueba, además, el presupuesto administrativo de la institución. Se compone de 14 Directores Ejecutivos elegidos por los gobernadores por períodos de tres años, y por lo tanto los países deben agruparse de manera que un director represente a varios de ellos. Excepto, una vez más, en el caso de Estados Unidos y Canadá, quienes tienen representantes propios designados directamente por sus gobiernos. Además, la asimetría se incrementa en tanto la tradición indica que el vicepresidente del BID siempre provendrá de Washington.

Frente a estas situaciones es válido preguntarse: ¿qué tan “Interamericano” es el BID? La respuesta es dificultosa ya que casi la mitad de los miembros provienen de otras regiones, y obtienen réditos por participar como accionistas, y uno de ellos posee un peso decisivo en la estructura y en las decisiones. De esta manera, el BID se asemeja más a un banco internacional de préstamos, que a una institución interamericana de fomento al desarrollo.

En esta situación también debe reconocerse que los miembros latinoamericanos y caribeños poseen amplios márgenes de maniobra y capacidades de incidencia para encaminar las actividades del banco en otra dirección. Cuentan con una pequeña fracción mayor a la mitad del poder de voto total, y si lograran una coordinación entre todos ellos, podrían promover nuevas estrategias de financiamiento.

Incluso es pertinente considerar qué sucedería si todos los países latinoamericanos bajo gobiernos progresistas o de izquierda, coordinaran sus posturas dentro del BID. Si se logran acuerdos entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela, se alcanzaría un importante 35,267% de poder de voto. Esto permitiría superar, aunque por poco, la incidencia de Estados Unidos. Incluso pueden explorarse alianzas con China y otras naciones para lograr un cambio en el balance del poder dentro del banco.

Estos son algunos de los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos y caribeños frente a este nuevo aniversario del BID: lo que podría presentarse como “su” banco, se ha vuelto cada vez más una institución financiera internacional. De todos modos, si bien las naciones industrializadas cuentan con un peso fundamental en la toma de decisiones, una coordinación latinoamericana, comenzando por los países progresistas, podría desencadenar transformaciones sustantivas.

- Mariela Buonomo es analista en temas de economía y desarrollo sostenible en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

La actual crisis económica es inédita en muchos sentidos, por lo que no puede confundirse con una crisis cíclica más. Una de sus particularidades es el decisivo rol que ha jugado el Estado en su gestación y desarrollo. Atención especial merecen las importantes transformaciones acaecidas en las relaciones entre Estado y economía así como entre los propios Estados ‘nacionales’, durante el rápido crecimiento de las finanzas globales de las últimas dos décadas.
Por una parte, es sabido que en casi todas las economías la intervención estatal fue decisiva en la desregulación de las finanzas, la que se inscribía en una política económica sujeta a los intereses del capital financiero. Igualmente relevante, aunque no tan obvia, ha sido la expansión de las necesidades de préstamo del Estado, especialmente en Estados Unidos y Japón. La masa de activos transados en los mercados financieros incluyó de manera creciente instrumentos de deuda estatal, alimentando
así la hipertrofia financiera.
Pero también el Estado, sobre todo en Estados Unidos, proporcionó liquidez a los bancos privados a bajísimas tasas de interés. En este país ello ocurrió a través de la Reserva Federal, subsidiándolos directamente con crédito público, incluyendo a los bancos de inversión antes que colapsaran. Asimismo, canjeó bonos del gobierno norteamericano por bonos de respaldo de hipotecas ‘basura’, asumiendo
parte del riesgo de la deuda ‘tóxica’ inmobiliaria. De este modo, los ‘inversionistas’ que apostaron a la especulación en Wall Street, epicentro de la actual crisis, lo hicieron con un riesgo mínimo y seguros que serían ‘rescatados’ por el propio Estado en caso de quiebra.
Por otra parte, también se han alterado las relaciones entre los mismos Estados ‘nacionales’.
Aproximadamente desde el año 2000, un número significativo de países subdesarrollados y en especial los llamados ‘emergentes’, han logrado inmensos excedentes en sus cuentas corrientes que han tenido como resultado una impresionante acumulación de reservas internacionales.

Asia es la región dominante, donde sólo las reservas de China superaron los 1.5 trillones de dólares en 2007. Mientras en América Latina, países como México y Brasil también han visto crecer rápidamente
sus reservas. Entre 2000 y 2007, ellas crecieron desde 35.5 billones de dólares
a 180.1 billones de dólares en México y desde 31.5 billones de dólares a 180.1 billones de dólares en el caso de Brasil.
Estas mayores reservas estarían ayudando a estos países a defender la estabilidad de los tipos de cambio y a protegerse contra la repentina salida de capitales. Esta situación sin precedentes sirvió de base a la ‘teoría del desacople’ que sostenía que los países en desarrollo no se verían mayormente afectados por la crisis financiera.

Por lo demás, esta situación difería claramente de los momentos previos a las sucesivas crisis que vivieron muchos países subdesarrollados y ‘emergentes’ en los años noventa, cuando se encontraban extremadamente vulnerables debido a que no contaban con reservas suficientes para protegerse de los grandes déficit que arrastraban en sus cuentas corrientes. Una vez que estalló la crisis, primero en el Este asiático y luego en otros países, los capitales privados abandonaron precipitadamente sus economías y sus monedas colapsaron.
El error de la ‘teoría del desacople’ fue no entender que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en agosto de 2007 estamos frente a una crisis financiera y económica de naturaleza global. Es cierto que los países subdesarrollados han visto incrementada su participación en los circuitos financieros mundiales en expansión, pero igualmente lo es que no han podido escapar a la desigualdad intrínseca de estos movimientos y a sus diferentes tasas de rentabilidad.

Los activos financieros totales, como porcentaje del Producto Geográfico Bruto (PGB) mundial, han crecido vertiginosamente en las décadas recientes, desde un 109% en 1980 a 201% en 1990, y luego a 346% en 2006. Cabe destacar que en esta ola expansiva los activos de los países en desarrollo ascendieron desde 3.9 trillones de dólares a 23.6 trillones de dólares sólo entre 1995 y 2006, o de 6% a 14% del total mundial.
Esta creciente participación de estos países en las finanzas mundiales contempla además las grandes corrientes de capitales crediticios y de cartera que arribaron a sus economías en búsqueda de elevadas rentabilidades. Por el contrario, los flujos de capital de los países subdesarrollados, incluso mayores que los anteriores dadas sus enormes reservas, se han dirigido hacia los países industrializados, particularmente a Estados Unidos, obteniendo bajas rentabilidades.
En efecto, el stock de bonos del tesoro norteamericano creció desde casi 2.5 trillones de dólares en marzo 2000 a casi 3.5 trillones en junio 2007. En este mismo lapso, las posesiones de los bancos centrales ‘extranjeros’ en tales bonos aumentaron desde 0.5 trillones de dólares a 1.5 trillones de dólares (para representar sobre el 40% del total). Claro que estas compras han tenido un significativo impacto monetario al ayudar a bajar los rendimientos de largo plazo de los bonos de deuda norteamericanos –explicando precisamente las bajas rentabilidades antes mencionadas-, lo que además estimuló un ambiente de bajas tasas de interés que estableció las bases para la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis financiera y económica mundial.

En definitiva, el resultado ha sido el empréstito neto que han hecho los países pobres a los países ricos a cambio de bajísimos retornos, siendo Estados Unidos el principal beneficiado. De acuerdo a algunos analistas, los costos en invertir en tales activos subvaluados han sido significativos,
estimándose las pérdidas en torno al 1% del PGB de los países en desarrollo.
Todavía más, de manera paralela a la acumulación de enormes reservas, estos países han venido promoviendo, bajo los auspicios del FMI, el cambio de deuda pública externa por deuda interna, a financiarse por el capital financiero local. En 1995 dicha deuda era casi el 9% de la que tenían los países desarrollados, pero en 2005 se disparó a casi 35%. En otras palabras, estos países se endeudan internamente mientras ‘invierten’ cada vez más en los principales centros financieros mundiales. Las razones de este ‘absurdo’ estarían en que se han visto obligados a ‘esterilizar’ el impacto monetario de sus ganancias de divisas y de influjos de capital para mantener las ‘metas de inflación’. Es decir, se ha recurrido a financiamiento interno no para impulsar la inversión doméstica sino para mantener la inflación a niveles mínimos como exige la Banca Central.
Irónicamente, dicho absurdo neoliberal ha colocado al Estado en un rol destacado en las finanzas globales a pesar de su discurso anti-estatista, a la que se agrega hoy la responsabilidad de salvar al capitalismo de los capitalistas más emprendedores mediante gigantescos rescates financiados con recursos públicos.

C. Lara Cortés es economista chileno, docente en la Universidad Arcis (Santiago), integrante del directorio de SEPLA y editor de la revista Economía Crítica y Desarrollo.

NO VAMOS A PAGAR POR LA CRISIS, QUE LA PAGUEN LOS RICOS
Para hacer frente a la crisis son necesarias alternativas anticapitalistas, antiracistas, anti-imperialistas, feministas, ecológicas y socialistas

Los movimientos sociales del mundo nos hemos reunido con ocasión de la celebración del 9º FSM en Belém, en la Amazonia donde los pueblos resisten a la usurpación de la naturaleza, sus territorios y su cultura.
Estamos en América Latina donde en las últimas décadas se ha dado el reencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos indígenas que desde su cosmovisión cuestionan radicalmente el sistema capitalista; y en los últimos años ha conocido luchas sociales muy radicales que condujeron al derrocamiento de gobiernos neoliberales y el surgimiento de gobiernos que han llevado a cabo reformas positivas como la nacionalización de sectores vitales de la economia y reformas constitucionales democráticas.

En este contexto, los movimientos sociales de America latina han actuado de forma acertada: apoyar las medidas positivas que adoptan estos gobiernos, manteniendo su independencia y su capacidad de crítica en relación a ellos. Esas experiencias nos ayudarán a reforzar la firme resistencia de los pueblos contra la política de los gobiernos, de las grandes empresas y los banqueros que están descargando los efectos de esta crisis sobre las espaldas de las y los oprimidos.

En la actualidad los movimientos sociales a escala planetaria afrontamos un desafió de alcance histórico. La crisis capitalista internacional que impacta a la humanidad se expresa en varios planos : es una crisis alimentaría, financiera, económica, climática, energética, migratoria..., de civilización, que viene a la par de la crisis del orden y las estructuras políticas internacionales.

Estamos ante una crisis global provocada por el capitalismo que no tiene salida dentro de este sistema. Todas las medidas adoptadas para salir de la crisis sólo buscan socializar las pérdidas para asegurar la supervivencia de un sistema basado en la privatización de sectores estratégicos de la economía, de los servicios públicos, de los recursos naturales y energéticos, la mercantilización de la vida y la explotación del trabajo y de la naturaleza, así como la transferencia de recursos de la periferia al centro y de los trabajadores y trabajadoras a la clase capitalista.

Este sistema se rige por la explotación, la competencia exarcebada, la promoción del interés privado individual en detrimento del colectivo y la acumulación frenética de riqueza por un puñado de acaudalados. Genera guerras sangrientas, alimenta la xenofobia, el racismo y los extremismos religiosos; agudiza la opresión de las mujeres e incrementa la criminalización de los movimientos sociales. En el cuadro de estas crisis, los derechos de los pueblos son sistemáticamente negados.
La salvaje agresión del gobierno israelí contra el pueblo palestino, violando el derecho internacional, constituye un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad y un símbolo de esta negación que también sufren otros pueblos del mundo.

Para hacer frente a esta crisis es necesario ir a la raíz de los problemas y avanzar los más rápidamente posible hacia la construcción de una alternativa radical que erradique el sistema capitalista y la dominación patriarcal.

Es necesario construir una sociedad basada en la satisfacción de las necesidades sociales y el respeto de los derechos de la naturaleza, asi como en la participación popular en un contexto de plenas libertades políticas. Es necesario garantizar la vigencia de todos los tratados internacionales sobre los derechos civiles, políticos, sociales y culturales (individuales y colectivos), que son indivisibles.

En este camino tenemos que luchar, impulsando la más amplia movilización popular, por una serie de medidas urgentes como:

- La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social

- Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario

- Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y enérgetica

- Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras

- Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación

- Garantizar el derecho a la tierra, territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos

- Democratizar los medios de comunicación y de conocimiento

El proceso de emancipación social que persigue el proyecto ecologista, socialista y feminista del siglo 21 aspira a liberar a la sociedad de la dominación que ejercen los capitalistas sobre los grandes medios de producción, comunicación y servicios, apoyando formas de propiedad de interés social: pequeña propiedad territorial familiar, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva…

Esta alternativa debe ser feminista porque resulta imposible construir una sociedad basada en la justicia social y la igualdad de derechos si la mitad de la humanidad es oprimida y explotada.

Por último, nos comprometemos a enriquecer el proceso de la construcción de la sociedad basada en el “buen vivir” reconociendo el protagonismo y la aportación de los pueblos indígenas.

Los movimientos sociales estamos ante una ocasión histórica para desarrollar iniciativas de emancipación a escala internacional. Sólo la lucha social de masas puede sacar al pueblo de la crisis. Para impulsarla es necesario desarrollar un trabajo de base de concienciación y movilización.

El desafió para los movimientos sociales es lograr la convergencia de las movilizaciones globales a escala planetaria y reforzar nuestra capacidad de acción favoreciendo la convergencia de todos los movimientos que buscan resistir todas las formas de opresión y explotación.

Para ello nos comprometemos a:

* Desarrollar una semana de acción global contra el capitalismo y la guerra del 28 de marzo al 4 de abril 2009:

* Movilización contra el G-20 el 28 de marzo;

* Movilización contra la guerra y la crisis el 30 de marzo;

* Día de solidaridad con el pueblo palestino impulsando el boicot, las desinversiones y sanciones contra Israel, el 30 de marzo;

* Movilización contra la OTAN en su 60 aniversario 4 de abril;
etc.

* Fortalecer las movilizaciones que desarrollamos anualmente:
- 8 de marzo: Día internacional de la Mujer
- 17 de abril: Día Internacional por la Soberanía Alimentaria
- 1 de Mayo: Día Internacional de los trabajadores y trabajadoras
- 12 de octubre: Movilización Global de lucha por la Madre Tierra contra la colonización y la mercantilización de la Vida

* Impulsar las agendas de resistencia contra la cumbre del G-8 en Cerdeña, la cumbre climática en Copenhaguen, la cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago...

Respondamos a la crisis con soluciones radicales e iniciativas emancipatorias.

Esta vergonzosa impunidad debe terminar. Los movimientos sociales reafirman aquí su activo sostén a la lucha del pueblo palestino así como todas las acciones de los pueblos del mundo contra la opresión.