25
Nov

Alberto Acosta: La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana, 1ra. PARTE

Un paso histórico para una solución definitiva

Alberto Acosta

“Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

Deuda y corrupción, dos caras de una misma moneda

Si se analiza con detenimiento la cuestión, aflora una vinculación perversa entre deuda y corrupción (entendida ésta como abuso de poder en beneficio individual o de grupo, sea en el ámbito económico, político, social o cultural, tanto en el campo público como en el privado). En definitiva, no sólo cabe buscar actos reñidos con la ley o que conduzcan a identificar el aprovechamiento ilícito de recursos del sector público por parte de particulares. Por lo tanto la ilegitimidad de la deuda, no sólo su ilegalidad, es una constante que debe ser incorporada activamente en la búsqueda de soluciones efectivas.

El análisis debe ser integral, pues como se ha demostrado en el caso de la deuda ecuatoriana, no se podría entender la negociación de los Bonos Global, sin analizar la negociación de los Bonos Brady, y la comprensión de estos obliga a conocer las negociaciones anteriores, hasta llegar a la contratación de deuda en la época de la dictadura militar. Esta aproximación sistémica no minimiza, por cierto, la responsabilidad de los diversos individuos involucrados directa o indirectamente en estos potenciales ilícitos.

El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda es, sin duda, la realización de una auditoría. Ecuador lo ha hecho.

25
Nov

Guillermo Navarro Jiménez: Ilegitimidad e ilegalidad

Cuando el Presidente Rafael Correa anunció que el gobierno nacional consideraría el no pago de parte de la deuda externa comercial, por ser ilegítima, tuvimos la casi certeza de que no le habían informado adecuada o suficientemente sobre el proceso que demanda la ilegitimidad antes de poder optar por el no pago de la deuda externa, por más ilegítima que ésta fuese. La certeza de nuestra apreciación, que condujo al Presidente de la República a un equívoco, se ha visto confirmada pocos días luego, cuando los miembros de la Comisión de Auditoría de la Deuda Pública han debido reconocer que no basta la ilegitimidad.

Nuestra presunción, valga decirlo, no estaba sustentada en elementos puramente subjetivos, en las corazonadas a las cuales frecuentemente alude la sabiduría popular. Emergía del recuerdo de un gran debate que al respecto se mantuvo en la Asamblea Constituyente, específicamente en la Mesa 7, producto del cual se dio parto al texto contenido en el artículo 290, numeral 3 que al respecto estipula que: “Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición”. Cita que con claridad irrefutable señala el camino a seguir, sobre el cual debía la Comisión informar meridianamente al Presidente de la República.

En primer lugar, deberían haberle comunicado que la ilegitimidad que habían detectado, no había sido aún declarada como tal por organismo competente, por lo que y en consecuencia, requería cumplirse con esta precondición, antes de cualquier pronunciamiento o acción.

En segundo lugar, deberían haberle indicado que el no pago de la deuda ilegítima, incluso en el caso de que hubiese sido así declarada por “organismo competente”, requería ser “declarada su ilegalidad”, para poder proceder a adoptar la medida que se considere adecuada.

En tercer lugar, hubiese sido ineludible informarle que sólo entonces se volvía viable el ejercicio del derecho de repetición contra todos quienes son responsables, administrativa y civilmente, por los daños acusados por la adquisición y mal manejo de la deuda pública.

En suma, antes de la entrega pública del Resumen Ejecutivo del Informe Final, deberían haber informado al Presidente de la República, que las conclusiones a las que habían arribado aún debían ser completadas con otras acciones ineludibles, antes de surtir efecto sobre el no pago de la deuda externa comercial ilegítima. El no haber así actuado, como se infiere del proceso seguido, no ha sido beneficioso para el país, para la imagen del gobierno nacional e incluso para el Presidente Correa, quien seguramente actúo en consuno con la información recibida. Lección que no sólo debe ser aprendida por el Presidente, su gobierno y la Nación en su conjunto, sino también por todas las Comisiones Auditoras que en el futuro deban cumplir tareas similares.

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