1
Jun

Novenita a la Virgen de los Populistas, por e-Diógenes.

Caricatura propiedad de Pancho Cajas

¡Ahí está tanta vanidad! Los números le salieron chuecos al guambrito, que presumía, para variar, de su apoyo popular, y casa adentro, de sus irresistibles encantos con las féminas ecuatorianas y los pocos despistados que aún se dejan lavar el cerebro con ese torcido discurso que tiene, entre ultra-izquierdoso y capitalista de a calé.

Pero pecó de la manera más vulgar y descarada, como dice la canción del salsero Blades, porque aplicó la fórmula infalible para pasar a la historia:

 

Jueces + Correa = Ocaso de un líder populista

 

Es como uno más uno, facilito. Y aquí va otra, ya que hablamos de altas matemáticas:

Cortes + Correa = Fin del correísmo

Es una suerte de patología del poder: mientras más tienes, más quieres, y por supuesto, dependiendo de la madurez personal y política del líder de turno, el síndrome será más o menos agudo, como diría cualquier médico.

En el caso de Correa, la falta de compostura para enfrentar un corpus periodístico experto en zancadillas y verdades retorcidas mostró, cuando apenas iniciaba su gobierno, que le era imposible callarse la boca, contener su naturaleza confrontativa, característica que por cierto no solo evidencia inmadurez política, sino personal.

Mucho se habló en esa época de evitar choques directos del tipo "Presidente versus Prensa corrupta", porque en definitiva desgastaban la popularidad presidencial.

Pero Correa simplemente desechó la sugerencia. Los resultados no se hicieron esperar y ahora, si bien ha ganado el "sí", las cifras demuestran que su candidatura a presidente para las próximas elecciones se encuentra seriamente comprometida.

Lo penoso es observar la falsa actitud triunfalista de todo el circo, payaso incluido, afirmando que la prensa y la izquierda infantil retuercen la verdad para sostener que sumando votos blancos, nulos y en contra, en realidad ganó el "no".

De risa loca, carcajada demente, afirmación tan burda, pero lo que ocurre en realidad es que el mismo Correa, de puro propósito, distrajo la atención del verdadero problema de fondo: SU CANDIDATURA en las próximas elecciones.

Ahora más que nunca, como buen católico, Correa habrá iniciado una novenita a la inmaculada Virgen de los Populistas (casi de seguro habrá una), para que le ayude a "lavar el cerebro" a la clientela.

Por otro lado, ahora más que nunca es imperioso mostrar obras radicales, con el fin de consolidar su imagen de cambios profundos en el país, por si aún hay gente que no haya notado que Ecuador sigue sin una política de Estado para el desarrollo agropecuario y el EMPLEO a tiempo completo como política de estado.

Lo que me molesta es la posición -esta vez realmente infantil-, del Alberto Acosta y su "Montecristi vive"… de decirle NO a todas las preguntas sin pararse a ver el enorme gasto realizado y la fantástica oportunidad de sellar de una vez por todas, con la voluntad del Soberano, decisiones importantes para el futuro del país. Allí es cuando me sale de no sé donde la pregunta: ¿a quién le importa de corazón este país? ¿Hasta qué punto somos parias?

"No hay uno con pantalones que le haga frente en las elecciones", vuelve a decir la gente en las calles.

Lo mismo afirmaba la muchedumbre cuando se sucedían gobiernos infames de derecha, ¡pero que los hay, los hay! Otra cosa es que los intereses tenebrosos de la prensa y de la política echen tierra sobre cualquier buen prospecto...

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19
Ene

El asesinato de Rafael Correa

"Entre el patriotismo y el fanatismo hay la misma diferencia que entre la luz que vivifica y el rayo que extermina".

Eloy Alfaro.

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Seamos realistas: la muerte de este hombre podría cambiar el futuro de millones de personas. Algunos dirán que para bien, y otros que con él se va una esperanza de cambio que a la fecha ha durado casi cuatro años.

Durante este tiempo, a despecho de los políticos “dinosaurios”, de los economistas agoreros del apocalipsis socialista y de una derecha caprichosa, que hace berrinche porque le quitaron su  juguete caro, el país va consolidando un modelo que si bien merece más atención en cuanto a la VERDADERA participación ciudadana en los diversos  estamentos de poder (la mayoría son pantomimas lamentables, porque las decisiones se toman en otro lado), ha mostrado ser eficaz en cuanto a obra pública se refiere, aunque necesita  aún mucha atención en la asignatura pendiente (sigue así algún tiempo ya) de la generación a gran escala de fuentes de empleo, quizá con un Plan Nacional de Desarrollo Laboral, y una estrategia macro para incentivar la producción a todo nivel, pero en especial potenciando nuestras fortalezas, como la producción agropecuaria, turismo, exportación de bienes y servicios artísticos y profesionales, entre otros. Hay que reconocer que cuatro años son poco tiempo para solucionar los GRAVES problemas que aquejan a nuestro país, heredados de administraciones anteriores.

Pero vamos al tema de fondo: ¿Qué pasaría si Correa muriese? Esto sin el más mínimo asomo de proponer de manera alguna un descabellado magnicidio.

¿Se acabaría la revolución, ciudadana, “forajidense” o como queramos llamarla? ¿Qué líderes se levantarían a partir de tal hecho, como posibles opciones de continuidad?

Está claro que nuestro Vicepresidente es una persona simpar y de un corazón enorme, pero el liderazgo necesario para asumir la responsabilidad de primer mandatario, continuar con el proyecto de país, y profundizarlo (algo que Correa casi con seguridad NO hará), requiere de una habilidad política REALMENTE especial… aunque nunca se sabe. Habría que barajar nombres y analizar el escenario. Ese es el motivo del presente análisis.

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Rafael Correa ha muerto: ¡Viva el Rey!

Más allá de la crónica roja, leer algo así en los titulares de prensa no solo causaría consternación en todos sus seguidores y seguidoras, sino con certeza una conmoción política de proporciones impredecibles.

Naturalmente, hay personas que se alegrarían con semejante noticia, en especial ciertos grupos “aristocráticos” de extrema derecha, y partidos de raigambre oportunista, como Sociedad Patriótica, cuyas vinculaciones con el imperialismo fueron evidentes ya en la  administración del coronel Gutiérrez, cuando él mismo se declaró “el mejor aliado de los Estados Unidos”.

Ahora, vayamos más allá del fallecimiento de un ser humano, lamentable sin duda en todos los casos, pero más aún en este, por sus implicaciones, para configurar un escenario figurado, invitando al lector a opinar sobre los que se le ocurran adicionalmente.

Pero antes de eso analicemos brevemente la Historia de nuestro país, para recordar algunos casos de líderes irremplazables, adjetivo utilizado sin sombra de ironía, por la simple razón de que ocurrió así realmente, para bien o para mal. Empecemos con alguien cuya muerte significó para el Ecuador una auténtica calamidad por las consecuencias que trajo.

Eloy Alfaro, en su lucha por dar continuidad a los vientos del liberalismo, debió usar todo lo que en aquella época era políticamente correcto, incluyendo las armas. Sus oponentes mientras tanto fueron creando desconfianza en el populacho, apoyados con efectividad desde el púlpito (sembrando miedos atávicos y fanatismo religioso), en una labor sostenida que duró varios años. La combinación de circunstancias adversas en el Congreso (por intereses creados, naturalmente), junto con una milicia cuyos oficiales estaban capitaneados por un traidor de oficio[1], Leonidas Plaza Gutiérrez, hombre  ávido de poder y fiel esbirro de la aristocracia, lo obligaron a dimitir en 1911. Alfaro cometió el error de perder control sobre ambos estamentos, pues el hecho de ser líder populista tiene el inconveniente de imposibilitar la articulación de planes con otros líderes de confianza, que sean fieles a la causa, y Plaza Gutiérrez demostró ya en 1890 que no era hombre fiable, al traicionar al presidente salvadoreño Carlos Ezeta, luego de recibir recomendación de Alfaro[2].

En resumen, sostengo que una de las razones decisivas de la terrible “Hoguera Bárbara” del 28 de enero de 1912, además de otras de carácter moral[3] y estratégico, fue la falta de líderes fieles (copartidarios leales a la causa)  que mantuvieran control sobre el congreso y la milicia.

La muerte de Alfaro, como sabemos, significó el final de una etapa progresista, claramente identificada en la historia de Ecuador como una época de prosperidad, de cambios positivos y profundos.

Desde mi visión, recalco, no se tejieron estructuras políticas internas (de partido, con nuevos líderes que emergieran como candidatos válidos  a Presidente), que consolidaran el liberalismo en las esferas de poder, con sus lugartenientes, en un proceso de largo aliento. La población tenía influencia en los procesos políticos, solo en caso de revuelta, y una acción eficaz implicaba el conquistar las esferas de poder, teniendo siempre a la mano a la muchedumbre, en caso de necesidad.

Jaime Roldós. El asesinato de Jaime Roldós implicó el matar en la cuna a la recién nacida democracia post-dictadura, a manos de un imperialismo con un proyecto político añejo, seguido a pie juntillas y radicalizado luego de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el líder no es tan importante como su circunstancia, pero su muerte da fe de que sus intenciones iban contra corriente. El mensaje del imperio fue claro: Aquí mandamos nosotros. Y así sucedió exactamente.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multilaterales, liderados por el gobierno del Norte, lograron hacer alianzas (cuando no colocaron a sus hombres de confianza en el poder),  con políticos locales para llevar el país al precipicio económico, con fórmulas absurdas, impuestas rígidamente en toda América Latina, y rígidamente ejecutadas por sus procónsules, dígase León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén y Jamil Mahahuad.

En este caso, como siempre, la debacle política se encuentra en la ausencia de estructuras políticas que obedezcan a los intereses del pueblo, y no al de sus élites, pero males endémicos en Ecuador son el celo y el egoísmo, que impiden mirar los talentos de sus pares como una vía a la superación conjunta, en lugar de una amenaza personal.

Velasco Ibarra. Debo reconocer que siempre me deslumbró el carisma de este hombre, su idealismo, su extensa cultura, sus inigualables talentos oratorios. Una de sus alocuciones tiene la semilla ideológica, el discurso que heredó de él un pueblo amargado por la sucesión interminable de gobiernos protervos.

Ya en la práctica, sus financistas se regodeaban en los talentos del líder, a sabiendas de que NINGUNO de sus ofrecimientos era viable, e incluso él mismo lo sabía, pero es que en realidad no era un político: fue un gran orador en busca de balcones donde demostrar su talento. Pero también fue ideólogo:

“Nuestra Revolución ecuatoriana, es una revolución eminentemente original. Nuestra Revolución, no amenaza atropellar a nadie, violar los legítimos derechos de nadie, impedir las iniciativas de nadie.

Exigimos, que todos los ecuatorianos, ricos y pobres, contribuyan con su esfuerzo, con su trabajo y con su persona, a procurar la práctica de la justicia para cada uno de los trabajadores del Ecuador”…

Audio original de una parte de ese discurso:

[audio:http://politicaysociedad.com/sonido/velasco_ibarra.mp3]

Si hubiera sido político, habría organizado estructuras partidarias que consoliden sus ideales, pero entre la fascinación por el poder (además de una especie de deidificación de su persona que le convenía mantener entre la gente), su propia negligencia y la naturaleza infame de muchos de los que le rodeaban, asumo que no encontró incluso las condiciones humanas para pensar en una auténtica revolución[4].

No estoy de acuerdo con quienes afirman que Velasco Ibarra era un simple populista sin otro objetivo que la búsqueda del poder. Muy acorde al estilo que tenemos los ecuatorianos de actuar, este hombre fue el reflejo de una sociedad mediocre, pícara y avergonzada de su origen, en búsqueda de pan para hoy, sin importar el día de mañana.

Ahora bien, si recordamos los fragmentos discursivos de las personas a las que se  extendió un micrófono durante la Rebelión de los Forajidos, escucharemos un discurso similar, que hablaba de una revolución pacífica, de una distribución más equitativa de la riqueza, con la participación de todos los ecuatorianos, o como se estila hoy: “de todos y todas”, queriendo decir en el fondo que es necesaria la unidad de voluntades y objetivos. El gobierno de Correa preconiza justamente estos conceptos[5], y aunque no deja de hallarse cierta falta de concordancia entre el discurso y los hechos, en la historia reciente no se había visto y sentido tan claramente un ambiente progresista como el actual.

CONCORDANCIAS ENTRE LA HISTORIA Y EL PRESENTE.

En todos los casos mencionados hay un factor común: EL POPULISMO[6], la fe irracional en UN SOLO líder, incestuosamente relacionada con la condición humana de éste, que cede a la tentación de sentirse irremplazable, único, hasta el punto de que sobre sus seguidores se cierne una suerte de maldición luego de su muerte.

Los lugartenientes del líder, conscientes de esta circunstancia, buscan “sacarle el jugo” al poder mientras gozan de él, a sabiendas de que durará un tiempo perentorio.

Por otro lado, y como primer caso, quienes rodean al líder  temen manifestar su liderazgo personal en busca de espacios que posibiliten visibilizarlo como sucesor, so pena de ser expulsados de este complejo (y viciado) ecosistema, porque el líder populista (así funciona el instinto humano), no admite que nadie pretenda pensar en un futuro sin él, ya sea que se pretenda dar continuidad al proceso, profundizarlo, o incluso revertirlo.

El otro caso es el que se ha visto siempre en Ecuador. Suelen tener éxito con él los traidores, indignos y todo aquél que juega sobre seguro, negociando con todas las partes en disputa, para ganar la partida. Manipula el poder desde adentro, mientras afuera conspira contra él si es necesario.

El problema es la falta de institucionalización del liderazgo, pero Ecuador al parecer aún no tiene la madurez política para ello.

La propuesta es razonablemente sencilla, aunque su aplicabilidad requiere tiempo. Consiste en crear instituciones de liderazgo social y político entre personas y colectivos urbanos, por un lado, y rurales por otro, financiadas por el Estado o por terceros. Estas escuelas serían de libre acceso, sin límite de edad ni sexo, con un pensum orientado a la Historia y Ciencias Políticas, inculcando la integración como objetivo crucial de todo proceso político, y reconociendo con agrado las habilidades de los más brillantes, como una herramienta adicional para la consecución de  objetivos nacionales. La finalidad de este proyecto es crear políticos profesionales, con marcos referenciales más universales.

Al concluir la formación, los alumnos/as deberían integrarse a los procesos políticos de su parroquia y/o provincia. Por otro lado, articularían la integración con líderes de otras escuelas, y juntos deberían emprender proyectos políticos de trascendencia nacional. El objetivo de fondo es crear liderazgos compartidos en pos de la consecución de objetivos nacionales, evitando a toda costa el populismo como instrumento político:

De vez en cuando emergen líderes que cambian al país por un tiempo, pero estos fallecen, caen en desgracia o son objeto de golpes de estado. Son seres excepcionales cuyos talentos brillan tan fuertemente, que alucinan a la multitud... hasta que caen. Luego vuelve a empezar el ciclo de políticos mercenarios y degradación política.

En el fondo está la mediocridad de una sociedad que no entiende esta anomalía (o no quiere entender, ya sea por astucia o porque carece de madurez política[7]), y cuya índole es  demasiado egoísta como para iniciar procesos políticos como el que acaba de proponerse.

Naturalmente los intereses personales son y serán siempre la motivación fundamental del ser humano, pero la responsabilidad compartida del poder implica mayor control sobre el presente y una distribución más equitativa del poder político.

ACTUALES FIGURAS POLÍTICAS CON OPCIONES DE OCUPAR EL SILLÓN PRESIDENCIAL.

Es interesante notar que dentro del mismo partido de gobierno, no se encuentran muchos ideólogos políticos de oficio, sino profesionales de diversas ramas dedicados a la política. Tampoco hay muchas personas opcionadas para suceder al actual presidente. Aunque el ascenso de cualquier partido o movimiento político, sin importar su orientación ideológica, atrae multitud de personas que llegan con el único fin de obtener beneficios personales, también hay quienes, al normal afán de superación, aúnan el deseo de construir procesos de cambio positivo.

Foto: Dolores Ochoa

Fernando Cordero Cueva se encuentra entre las personas que plegaron al proceso de la “Revolución Ciudadana”. Es antiguo militante del movimiento cuencano Nueva Ciudad, una suerte de extensión de Nuevo País, del periodista Freddy Ehlers. Gracias a este movimiento, creado por el mismo Cordero en 1996, pudo llegar a la alcaldía de Cuenca en ese año. El éxito logrado en su gestión como alcalde le proporcionó celebridad en todo el país, que pudo consolidar en la Asamblea Constituyente, y luego en la Asamblea Nacional, aunque siempre en un rol polémico, debido a su ciega anuencia a los designios de Rafael Correa. Por otro lado, posee el carisma suficiente como para enfrentar a opositores de la derecha, pero carece de habilidades oratorias notables, aunque hoy en día la gente tiende a desconfiar de los oradores grandilocuentes.

Cordero obtuvo nada menos que 598.075 votos[8] en apoyo a su candidatura como Asambleísta Nacional en las elecciones de 2009, lo que en términos de popularidad significa que cuenta con cierto respaldo nacional.

A manera de paréntesis, cabe mencionar que en las mismas elecciones, el entonces candidato a Asambleísta Nacional de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, ganó con 682.942 votos.

En definitiva, Fernando Cordero es uno de los hombres más influyentes del país, y puesto a pensar en una candidatura presidencial, no sin mucho esfuerzo, pero sin duda con voluntad, tiene serias posibilidades de ganar, en especial si razonamos sobre el indudable apoyo que Correa le facilitaría...

Alberto Acosta Espinosa es una voz cuya autoridad tiene un peso incuestionable en Ecuador, sobre todo debido a su estilo independiente y hasta contestatario, si se quiere, respecto al poder de turno. Sus conceptos respecto a su profesión de economista son muy respetados en la comunidad Latinoamericana, e incluso ha publicado varios trabajos con notables economistas de la región. Es importante mencionar todo esto, sin afán adulador, sino con el objetivo de mostrar a un hombre que ha construido una imagen personal de intelectual y patriota. Obtuvo 782,659 votos[9] en las elecciones para Asambleísta Nacional en la Constituyente.

Para muchos (incluido el Presidente), es catalogado como “ecologista infantil”, y es cuestionado por muchas personas por vivir alejado de la realidad nacional. Carece de habilidades oratorias, y no es la clase de persona que atraiga multitudes por su carisma y don de gentes.

Él mismo ha afirmado en repetidas ocasiones que no le interesa una candidatura a la presidencia de la nación, pero si se juntaran una serie de circunstancias, tendría posibilidades de ganar.

Del lado de la derecha, tanto Gilmar Gutiérrez y su hermano Lucio, como el periodista Carlos Vera, prefieren usar el ortodoxo estilo de la clase que representan, caracterizado por la calumnia, las verdades a medias, la prepotencia y el juego sucio. Vera tiene muy pocas posibilidades, sobre todo por su arrogancia y su carencia absoluta de un discurso sólido, propositivo.

En cambio los Gutiérrez tienen una base popular nada despreciable, al parecer obtenida por obras que realizó Lucio mientras ejerció como Presidente, especialmente en las provincias orientales de la República. Mucha gente humilde de todo el país se identifica con su aspecto físico de hombre del pueblo, y le da su apoyo, oculta detrás del biombo, al pie de la urna.

El hecho de que Gutiérrez haya logrado obtener 1.947.830 votos[9] en las últimas elecciones, dice claramente que hay procesos políticos inconclusos en Ecuador, y eso debería ser una voz de precaución, una luz amarilla para los movimientos de izquierda, que triunfalistamente asumen que tanto el PSP (Partido Sociedad Patriótica) como su máximo líder son cosa del pasado.

Con el antecedente previo, y concluidos los fríos análisis, que podrían  llegar a ser somníferos, podemos examinar mejor lo que ocurriría en el caso de que Rafael Correa falleciese.

ESCENARIO POSIBLE.

Sustitución del mandatario. Naturalmente sería remplazado por Lenin Moreno. Surge aquí una interrogante que en lo personal no logro discernir. ¿Sería Moreno una sorpresa inesperada, positiva por supuesto, para la “Revolución Ciudadana”? Considerando sus antecedentes políticos (en su momento apoyó a Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática), es un individuo de izquierda, por lo que no cabría que “derechice” el gobierno. Por ser como es una persona que ha triunfado en luchas personales contra la adversidad, es probable que efectivamente sorprendiese. Sin embargo sus problemas de salud representan un serio inconveniente en cuanto a avanzar en el proceso. Lo peor que se puede esperar de él es que deje transcurrir el tiempo con pocos cambios, en espera de que sus compañeros de Alianza País orquesten una estrategia adecuada para enfrentar la siguiente contienda electoral. Su lealtad fue puesta a prueba el 30 de septiembre de 2010, durante la ominosa rebelión policial.

Mientras tanto la derecha intentaría aprovecharse de la circunstancia realmente grave de una revolución sin su máximo líder (el populismo de Correa pagaría factura en esas circunstancias, y nos tocaría sacar la billetera a los ecuatorianos), en busca de acuerdos para modificar el tablero político a su favor, sin duda utilizando las artimañas de siempre en medios de comunicación: el escándalo, el desprestigio y la demonización. Y ni hablar de la derecha camuflada actualmente en las filas de las Fuerzas Armadas…

Los lugartenientes actuales de Correa serían valiosos en tales circunstancias, por la experiencia e inestimable habilidad política alcanzada, pero la relación existente entre ellos y Moreno no parece ser tan sólida. El detalle importante entonces, sería que Moreno decida renovar su gabinete o dejarlo tal cual, asunto incómodo para quien pretende gobernar a su propia manera. Y más aún entre tanto infiltrado de la derecha.

La carencia de líderes reconocidos popularmente (como habría sido Alberto Acosta, por ejemplo, si él y Correa hubiesen venido de un proceso político conjunto), crearía un vacío que la derecha anda en busca de tapar con un candidato a su medida, y aunque Gutiérrez no es perfecto, es el mejor candidato del que disponen, pese a que en secreto lo desprecien por las mismas razones que la multitud lo estima. Su demonización es un paso que sin duda ha tenido un impacto considerable en la opinión pública, y aunque en buena parte aquello de lo que se le acusa es verdad, la gente hoy en día no cree en nadie: procura informarse bien, y luego emite su veredicto en las urnas.

La “Revolución Ciudadana”, como lo he dicho en anteriores ocasiones, no es un proceso privativo de Rafael Correa; más bien al contrario, él plegó al proceso, y este continuará con o sin su presencia porque es un fenómeno social histórico, y no depende de una persona o de un grupo, sino de la voluntad de todo un pueblo. El problema está en que esta pueda interrumpirse o posponerse debido a un manejo inadecuado.

El problema, más allá de la muerte o supervivencia (incluso política) de Correa, está en lo que ocurrirá en las próximas elecciones presidenciales: ¿Hasta cuándo Ecuador debe arrastrar el populismo como esperanza de desarrollo y cambios positivos? Mientras persista esta anomalía, el concepto de democracia seguirá siendo difuso para las multitudes, y la distribución equitativa de la riqueza el sueño de un perro.

CONCLUSIONES:

  • Las antiguas organizaciones clasistas están enfermas de mediocridad y corrupción; en consecuencia, hoy en día no existen procesos políticos institucionales urbanos en Ecuador, que empiecen desde abajo hacia arriba, de allí la propuesta de crear escuelas de Liderazgo Político. Las organizaciones campesinas han avanzado mucho, pero están empañadas por errores políticos y morales. Como el gobierno no va a trabajar en la formación de estructuras de liderazgo, las organizaciones sociales tienen la obligación histórica de hacerlo.
  • La profundización del proceso de cambio es un asunto que no conviene a la derecha ni al gobierno actual, por la simple razón de que se pretende contentar a la gente con obras, mientras se mantiene un discurso de apertura ilusorio, y en el fondo más bien se busca radicalizar el control político y dispersar la organización social.
  • La derecha, encadenada a sus prejuicios, su prepotencia y vanidad, no atina a pensar claramente, pero asimila que en Gutiérrez hay una brecha que puede serle útil para retomar el poder.
  • Las próximas elecciones presidenciales requieren un candidato que se apoye en el proceso actual de la “Revolución Ciudadana”, y a la vez tenga la voluntad inflexible de iniciar procesos políticos que articulen el poder efectivamente, democratizándolo. Sin duda tomará tiempo lograrlo, pero: ¿Existe tal candidato?

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[1] Plaza Gutiérrez cedió a Colombia, con el tratado Vernaza-Suárez, extensos territorios, a cambio únicamente, según consta en la fuente bibliográfica, de la palabra del gobierno colombiano de no apoyar a los antiplacistas. Se conoce que Plaza era natural de Colombia, pero llegó a ser Presidente del Ecuador gracias a un registro de bautismo falso.

[2] Wikipedia, respecto a la vida de Plaza Gutiérrez

[3] Una Capitulación suscrita no fue respetada, y Plaza Gutiérrez ordena la detención de Alfaro, irrespetando un acuerdo mediado por los cónsules de Gran Bretaña y EEUU.

[4] “¿Queréis revolución? ¡Hacedla primero en vuestras almas!”. Velasco Ibarra.

[5] Artículo en diario Hoy

[6] Vale la pena revisar un artículo en Wikipedia sobre la concepción del populismo

[7] Una frase que utilizó la derecha como una suerte de retorcido eslogan (me es imposible olvidarlo por la manera en que demuestra vanidad y prepotencia) en la época de la Constituyente fue << [señor Correa:] “el cambio no es por ahí”>>. El cambio propuesto era radicalizar el neoliberalismo, pese a que Joseph Stiglitz, economista Premio Nobel 2001, anunciara su muerte en 2009. El salvataje bancario por parte del gobierno norteamericano, luego de la explosión de la burbuja financiera norteamericana es en sí una contradicción con el principio de “libre mercado” (sin intervención del gobierno), lo que implica sin duda el final del capitalismo, tal como estaba conceptuado por EEUU. Para mayor información, recomiendo leer el siguiente artículo.

[8] Según datos que constan en el sitio Web del Consejo Nacional Electoral. La mayoría de votos a su favor no proviene de su provincia, como podría pensarse.

[9] Según el CNE

[10] De acuerdo al CNE. En esa misma elección, Correa obtuvo 3.586.439, de los cuales más de la mitad (1.806.382) fueron votos femeninos.

3
Sep

Caso DAHIK: ¡Prohibido olvidar!

EL GRUPO NACIONAL DE LA DEUDA RECHAZA LA SOLICITUD DE AMNISTÍA PARA EL EX -VICEPRESIDENTE ALBERTO DAHIK

Hoy más que nunca:

¡Prohibido olvidar!

2 de septiembre del 2010

Los movimientos, organizaciones sociales y personas que integramos el Grupo Nacional de la Deuda, expresamos nuestra profunda preocupación y contrariedad por el inexplicable pedido de amnistía para el ex-vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, prófugo de la justicia, por parte del presidente Rafael Correa Delgado, durante su informe anual a la nación, el 10 de agosto del 2010,

Es de conocimiento público que Alberto Dahik, ex vicepresidente del gobierno de Sixto Durán-Ballén, se fugó del país el 12 de octubre de 1995. El, siendo vicepresidente de la República, enfrentaba una orden de prisión tras ser acusado de peculado y enriquecimiento ilícito en el manejo de los fondos reservados, emitida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. También es de conocimiento de la sociedad que esta acción judicial se produjo porque el ex vice presidente Dahik confesó públicamente haber entregado dinero de los fondos reservados del estado para fines ajenos a la seguridad nacional, como fue el pago a varios legisladores para la aprobación de algunas leyes e incluso para alentar la privatización de la empresa telefónica. Además, existen pruebas de varias  cuentas secretas de fondos reservados en bancos privados y no en el Banco Central como mandaba la ley; cuentas que, adicionalmente, eran manejadas ilegalmente por los asesores o funcionarios de la Vicepresidencia de la República de ese entonces. Igualmente hay una larga lista de cheques girados arbitrariamente a favor de personas naturales y/o jurídicas.

Pero también consta que destacados periodistas y el  pueblo ecuatoriano, liderado por los movimientos y organizaciones sociales, denunciaron en su momento este acto de corrupción. Incluso tenemos que recordar que se constituyó una agrupación -el Movimiento Ciudadano Manos Limpias- para impulsar desde la sociedad civil la investigación y sanción de estos delitos.

Alberto Dahik fue, además, el cerebro y principal ejecutor  de las políticas neoliberales impuestas por el FMI en el marco del Consenso de Washington. Su accionar fue definitorio para la aplicación de varias leyes nefastas para el interés de la colectividad, incluso recurriendo a prácticas corruptas, como él mismo reconoció públicamente. Cabe mencionar en especial la Ley de Modernización (1993), orientada a impulsar la privatización de las empresas y servicios públicos, y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (1994), que abrió las puertas al atraco bancario y a la grave crisis económica de 1999 y 2000. ¿Serán acaso estos méritos para el perdón y olvido?

Por otra parte, Alberto Dahik participó activamente en calidad de vicepresidente de la República en las renegociaciones de la deuda externa, que fueron perjudiciales al país. Vale aquí resaltar la renuncia al derecho de prescripción de la deuda comercial en diciembre de 1992 y la renuncia en 1993 a recomprar  dicha deuda al valor de mercado, en ese momento a 24% de su valor nominal; con estas operaciones se actualizó y volvió exigible una deuda inexistente, cuyo monto superaba los 6.000 millones de dólares. Por igual recordemos la conversión de todo el monto de la deuda pública comercial a Bonos Brady, en 1995, en condiciones contrarias al interés nacional. De esta manera se favoreció a los acreedores y se postró, una vez más, al pueblo ecuatoriano en la pobreza crónica. Ya lo dijo el ciudadano Rafael Correa, antes de ser presidente de la República, refiriéndose a dichos arreglos de la deuda, se actuó “todo en función de los acreedores”. ¿Las evidencias sacadas a luz por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, constituida por el gobierno del presidente Correa en cumplimiento de las exigencias de transparencia y justicia de la sociedad ecuatoriana, no son pruebas suficientes?

En este caso se sintetiza lo ilícito y lo incorrecto. El caso Dahik representa un claro abuso del poder público, destinado a provocar una serie de transformaciones para reorganizar la sociedad y la economía en función de objetivos aperturistas y liberalizadores a ultranza, útiles a los intereses de reducidos grupos dominantes y transnacionales. Abuso que habría favorecido también a los allegados políticos, tanto como a amistades y familiares del ex vicepresidente.

El pueblo no ha dejado de luchar en contra del abuso del poder, la corrupción y la impunidad. Para superar tanta arbitrariedad, en el año 2006, el pueblo ecuatoriano apoyó mayoritariamente los planteamientos programáticos de la candidatura de Rafael Correa, en cuya agenda consta, como uno de sus cinco ejes fundamentales: La Revolución Ética: Lucha frontal contra la corrupción.

Con el derecho que nos otorgamos los habitantes de este país, al aprobar mayoritariamente la actual Constitución, exigimos a la Asamblea Nacional denegar el pedido de amnistía a favor del ex vicepresidente Alberto Dahik. Convocamos a todas las organizaciones sociales y a la sociedad en general a no dar un paso atrás en la lucha contra la corrupción. Y esperamos rectificaciones profundas por parte del gobierno nacional, que está en mora en la lucha emprendida por la sociedad en contra de la corrupción, en tanto no ha alentado el esclarecimiento y menos aún la sanción de varias denuncias de hechos corruptos que se habrían cometido durante su gestión.

Firman, Grupo Nacional de Deuda, Jubileo 2000 - Red Guayaquil, Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Alberto Acosta, Hugo Jácome, Alejandro Olmos Gaona, Hugo Arias, Piedad Mancero, Aurora Donoso, Franklin Canelos, Ricardo Ulcuango, Edgar Isch, Delfa Mantilla, Jorge Corral, Eliana Franco, Beatriz Reyes, Mary García, Luis Corral Fierro, Nancy Burneo.

Se adhieren, Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y desarrollo -Ecuador-, Asamblea Nacional de Mujeres Populares Diversas del Ecuador, FIAN Ecuador, Coordinadora Zonal de Intag, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH – FIDH,  Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), Unión Nacional de Educadores (UNE), Afectados por la Presa Daule Peripa, Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Frente Popular (UGTE, FEUE, UNE, JRE, FESE, FEUNASSC, UCAE, CUCOMITAE, UNAPE , CONFEMEC); Byron Real, Luis Robalino Fernández, Ricardo Buitrón, María Antonieta Ugarte, Tania Roura, Fanny Machuca, David Cordero Heredia, María Cristina Espinosa, Marlom Cabrera, Jefferson Campos Tufiño, Herlinda Alcivar, Alfredo Chum, Wilmer Romero Rodríguez, Marlom Cabrera, Galo Mindiola, Pablo Dávalos, Paúl Velasquez, Sandra Gallardo, Cristina Redroban, Víctor Coronel, Pedro Saltos, Oscar Morán, Andrea Becerra, Rocio Bastidas Granizo, Luis Alberto Mendieta.

25
Feb

Sobre la crisis Global, Última parte. Alberto Acosta: Hacia un nuevo sistema financiero internacional. Propuestas desde la utopía

“Sean realistas, pidan lo imposible”, Graffiti en Paris, mayo de 1968.

De la gran discusión mediática a una propuesta política global

Alberto AcostaAún en el supuesto de que lo peor de la actual crisis fuera superado en poco tiempo, bien vale la pena imaginar otro mundo para terminar de cambiar éste. Es hora de construir una propuesta de sistema financiero que no simplemente viabilice un funcionamiento más racional del sistema capitalista, sino, en última instancia, que contribuya a su sustitución por otro sistema civilizatorio.

El punto medular de esta propuesta radica en diseñar y aplicar una solución que tenga en mente un enfoque global, no parches. Para lograr la globalidad se debe incorporar a todas las categorías de actores. No es suficiente que intervengan los países más ricos, ni tampoco prioritariamente las instituciones financieras internacionales. El esfuerzo, por más complicado que aparezca, debería darse desde las Naciones Unidas, la única capaz de representar una soberanía internacional colectiva.

Por eso es indispensable contar con instituciones internacionales democráticas y comprometidas con el bienestar de todos los pueblos. Los países poderosos, lo demuestra la historia, intentarán velar por sus intereses a costa de los más débiles.

Por lo tanto la solución no pasa por hacer lo mismo que antes, aunque fuera con un comportamiento ético mejorado. Hay que pensar y hacer algo distinto. El sistema económico internacional debe estar dotado de redes de seguridad e información regionales para no tener que “disfrutar” de las crisis recurrentes. Para lograrlo se precisa un sistema de prevención de crisis y de minimización de los riesgos que éstas implican. Pero estas redes tienen que crearlas los países desde el ámbito regional, al menos mientras no existan las condiciones democráticas para impulsar una reinstitucionalización del mundo desde espacios globales.

Incluso sin el concurso de los actuales organismos internacionales, hay que trabajar en la construcción de organismos regionales, a partir de países vecinos que tienen mayores afinidades entre sí con el fin de que, asociándose entre ellos, puedan conseguir sus propósitos y regular sus relaciones financieras, comerciales, laborales, migratorias, ambientales, tecnológicas y por cierto políticas. A nivel internacional cada uno de estos espacios regionales tendrá que interrelacionarse en un sistema de nodos, procurando minimizar el peso de una instancia única mundial. El resultado sería provocar una fragmentación del poder mundial concentrado.

Hay que crear las condiciones para que los gobiernos de todos los países, con el concurso de su propia sociedad civil, sean sujetos en la construcción de un nuevo sistema financiero internacional. No debe quedar ningún actor fuera del proceso. Los organismos multilaterales, repensados íntegramente, deberán cumplir la tarea que les asigne la comunidad internacional, pero a partir de estructuras de organización regional. La lógica política debe primar sobre las demandas del mercado.

Hacia la constitución de un Código Financiero Internacional

El mundo requiere un Código Financiero Internacional acordado por todos y al que se acojan todos los actores sin excepciones; una tarea que podría empezar desde espacios regionales. Su concepción debe basarse en los derechos humanos económicos, sociales y ambientales. Además, deben establecerse condiciones positivas para frenar o al menos aminorar los impactos negativos que se desprenden de la evolución cíclica del sistema capitalista.

No es aceptable, dentro del derecho internacional, que, por ejemplo, los diversos instrumentos financieros sirvan como herramientas de presión política para que un Estado grande o una instancia controlada por pocos Estados poderosos, impongan condiciones (con frecuencia insostenibles) a un país más débil.

La piedra angular de esta propuesta global radica en la construcción de un Código Financiero Internacional (o códigos regionales inicialmente). Este, a su vez, debe garantizar que la neutralidad no sea del territorio en referencia de un país determinado, por más influyente y neutral que fuese, ni dónde se establece el tribunal, sino del código jurídico. Los códigos jurídicos existentes hasta la fecha corresponden a la territorialidad de los acreedores por el tema de la ejecución de garantías, por ejemplo. Esta neutralidad del código debe asegurar la protección de todos los actores.

Hacia un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana

Se precisa lo antes posible la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, en los términos propuestos por Oscar Ugarteche y el autor de estas líneas.

Un requisito mínimo para ponerlo en marcha es la inmediata disolución del Club de París, como marco de negociación. Este club no sólo que carece de base jurídica, sino que debe dejar de ser un espacio de decisión sobre acuerdos de reestructuración de deudas, en donde los acreedores imponen condiciones a los deudores.

Uno de los capítulos medulares del Código será el de la legalidad y la legitimidad de las actividades financieras. Es preciso separar las deudas adquiridas legal y legítimamente, que pueden ser pagadas, de aquellas que pueden y deben ser impugnadas a partir de la doctrina de las deudas odiosas, usurarias y corruptas. Tampoco puede marginarse el procesamiento de la deuda ecológica e incluso de la deuda histórica, donde los países pobres son los acreedores.

En esto son necesarias cláusulas de contingencia en los actuales instrumentos rígidos de créditos, así como cláusulas de acción colectiva. Hay que cerrar definitivamente la puerta a los especuladores. Por otro lado, cualquier arreglo no debe afectar las inversiones sociales y la capacidad de recuperación del aparato productivo.

Hacia un Banco Central Mundial

En esta línea de reflexiones parece cada vez necesaria la creación de un Banco Central Mundial (que no tiene nada que ver con el Banco Mundial o el FMI), para que ayude incluso a normar la emisión de una moneda o de una canasta de monedas globales (lo que tampoco implica reconstruir Bretton Woods).

Por cierto que serán necesarias medidas en el ámbito nacional y sobre todo regional. Se deberá reformar el sistema bancario y del mercado bursátil; los bancos deben ser bancos y nada más que bancos, y no deberían intervenir en actividades bursátiles.

A nivel regional, desde donde se debería disputar el sentido histórico de los cambios globales, las propuestas afloran con creciente intensidad. En América Latina, de la conformación del Banco del Sur y un fondo de estabilización del Sur, se ha pasado a pensar en un Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), que facilite los flujos comerciales regionales. Esta iniciativa podría ser la antesala de un sistema monetario y financiero regional, con su propio código. En Asia, una iniciativa japonesa -Chiang Mai- propuso acuerdos bilaterales para asegurar la cooperación financiera en apoyo a las balanzas de pagos de los países miembros; también planteó crear un fondo monetario asiático, que incluiría una unidad monetaria regional para viabilizar el comercio intraregional y una cámara de compensación que asegurara el intercambio de las monedas de los Estados asociados. La experiencia de la Unión Europea también ofrece una multiplicidad de lecciones para la construcción de espacios regionales sobre los que debería sustentarse el nuevo sistema financiero mundial.

La pretensión de sobreproteger a las inversiones extranjeras resulta también inadmisible en la medida que frena las posibilidades de desarrollo autónomo de los países empobrecidos por las propias relaciones financieras internacionales. En el marco de este Código también hay que desarrollar mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional, como podrían ser la introducción largamente esperada del Impuesto Tobin. El impuesto Daly a la extracción de petróleo crudo merece ser considerado por igual. Con los recursos que se obtengan se establecería un Fondo para la redistribución y transferencias, pero también para prevenir cualquier tipo de ataque especulativo en los países más vulnerables.

Desde otra vertiente, es cada vez más urgente la desaparición de todos los paraísos fiscales, en donde se concentran muchas veces los capitales golondrina y los recursos mal habidos. Y en la misma senda habrá que resolver los retos del narcotráfico, reconocida fuente de acumulación de capitales especulativos.

Un corolario de esto es que el derecho penal internacional debe de incorporar cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas. Estableciendo, además, mecanismos de compensación para aquellos actores que han sido dolosamente perjudicados o estafados.

Hacia un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional

Se precisa un nuevo sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. Las finanzas deben estar al servicio del aparato productivo, de un comercio mundial justo y sustentable, así como de las demandas sociales de los pueblos de la tierra. Es necesario establecer límites a la generación de riqueza financiera, sobre todo especulativa.

Para lograrlo, los organismos rectores del sistema financiero deben volver a sus orígenes en tanto instituciones especializadas de Naciones Unidas. Dicha transformación es urgente. El FMI y el Banco Mundial han fracasado en tanto han funcionado como simples mandatarios de las grandes potencias y del gran capital. Parte del problema radica en la ausencia de controles democráticos sobre los organismos multilaterales.

Estos organismos internacionales, con nuevos y precisos marcos de acción, deben rendirle cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Espacios de control regional también deberán ser adecuadamente estructurados. Incluso deben crearse mecanismos internacionales e instancias de sanción a los organismos internacionales y sus funcionarios.

En complemento a los cambios que requiere el sistema financiero, habrá también que normar el mercado laboral así como las disparidades comerciales (repensando íntegramente la Organización Mundial de Comercio). Por igual hace cada vez más falta una suerte de superintendencia ambiental mundial y el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional, para perseguir y sancionar todo tipo de delitos internacionales, incluyendo los económicos. Finalmente, recordemos que el objeto de la economía es el bienestar de la población y el de la justicia, asegurar que esto ocurra.

A. Acosta es economista ecuatoriano; docente e investigador de FLACSO-Ecuador. Ha sido presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador y ministro de Energía y Minas

22
Ene

Sebastián Mantilla Baca: Arenga a un líder indeciso

(Remitido por Sara Serrano Albuja)

Estimado Alberto: el limitado espacio de que dispongo me obliga a ser escueto y directo. Quiero comenzar comentándole que lo vi ayer en la TV. Sabe, al igual que muchos ciudadanos de este país, me quedé con un mal sabor de boca. La verdad, es que no le entiendo. ¿De qué apoyo está hablando? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que un pueblo altivo, noble y combativo, siga estremeciéndose ante la actitud de un déspota?

La política no está para dudas y vacilaciones. Se requieren profundas convicciones, cosa que usted tiene de sobra, pero también una voluntad firme de cambio y de compromiso con los altos intereses de nuestra patria.

¿Qué esta esperando? ¿Por qué tanta duda? ¿Dejó la academia, entró en la política, para quedarse a medio camino? ¿Qué hay de todos los que todavía creen en usted? ¿Un líder que deja a los suyos justo cuando más lo necesitan?

No siga. Ya me imagino lo que me va a decir. Sí, que Rafael es su amigo. ¿Amigo? ¿Un amigo le “hace a un lado” sin la más mínima consideración y respeto?
También me dirá que todavía hay que darle tiempo al tiempo y de que hay que tener fe en el proyecto. Pero, dígame, con la mayor sinceridad posible, ¿de qué proyecto hablamos?

¿De la transformación social y la consolidación de la democracia en el Ecuador o del proyecto personal de cada uno de los grupos que forman parte de este gobierno? ¿Qué me dice de lo que ha pasado en los ministerios del Deporte, Obras Públicas, Energía y Minas, Salud, Vivienda, Seguridad Interna, Gobierno…? ¿Usted también está con ellos?

No. Usted me dirá que lo que sucede es que no hay que hacerle el juego a la derecha. Usted sabe muy bien que la derecha tradicional no tiene posibilidades electorales. Están liquidados. Pero, para no desviarnos del tema, podría decirme: ¿qué tiene este Gobierno de izquierda a más del discurso vago e inconsistente del “socialismo del siglo XXI? Disculpe, pero en teoría política a esto se llama populismo o neopopulismo autoritario.

Pero por qué no hablamos, más bien, de un tema que siempre le ha preocupado a usted: el medio ambiente. Le pregunto: ¿esta usted de acuerdo con la Ley Minera que fue aprobada recientemente? ¿Dónde están los derechos de la naturaleza que defendía con tanta vehemencia el señor Panchana? ¿Le han dicho a todos los ecuatorianos que sobre esas minas de oro, plata, cobre, uranio… existe una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo? ¿De qué nos sirve ese 5% de regalías si el producto de la venta de esos recursos caerá en un barril sin fondo o, más bien dicho, en el bolsillo de unos pocos?

Disculpe la sinceridad. La verdad es que no podía dejar más tiempo para decirle todo esto. No piense en usted sino en los que todavía tienen fe en usted y sueñan en otro país. El cambio y la revolución todavía están por gestarse.

18
Dic

Alberto Acosta: La real preocupación económica del coronel, última parte

Alberto Acosta

Lucio Gutiérrez, otro gobernante al servicio de los acreedores

Después de un reajuste de algunos precios y tarifas de bienes y servicios públicos, a inicios del año 2003, al que le denominaron "el pinchazo", es cierto que el gobierno del coronel no alteró más dichos precios y las tarifas.

Pero eso no se quedó allí. El coronel se dio mañas para ajustar la economía y extraer el dinero del bolsillo de los más pobres, sin que ellos aparentemente se den cuenta… Se desplegó un manejo fiscal considerado como austero, cuyo saldo, a despecho de la cantaleta gutierrista, sintetizó un descomunal "paquetazo". El coronel, quien firmó una Carta de Intención con el FMI apenas inicio su gestión y acordó días después un programa de reformas estructurales con el Banco Mundial, recortó drásticamente la inversión social efectiva. Las cifras son decidoras: en educación se rebajaron las inversiones de 638 millones de dólares en el 2003 a 464 millones de dólares en el 2004 (esto explica por qué la mitad de las escuelas en la costa ecuatoriana no estaban aptas para iniciar el año lectivo 2005 y por qué cientos de miles de niños no accedían a las aulas); en salud cayeron de 323 a 211 millones de dólares (esto explicó el paro médico que cumplió dos meses el día en que se fugó de la Presidencia el coronel, quien no estaba dispuesto a transferir 15 millones de dólares que adeudaba a los galenos para no afectar las cuentas fiscales, pero si estuvo noveleramente presto para despilfarrar 14 millones de dólares para el concurso de Miss Universo…); y, en desarrollo agropecuario el bajón fue de 151 millones a 71 millones de dólares (por eso también el agro se hundía entonces en franca recesión). El monto transferido para inversiones sociales apenas sumó 746 millones de dólares, menos de la mitad de las remesas de los y las emigrantes, que alcanzaron 1.604 millones de dólares en el 2004.

Como contrapartida de tanta austeridad, la generosidad, la puntualidad y la eficiencia del coronel fueron la norma en el servicio de la deuda pública, particularmente externa. Este servicio registró un incremento del 60%, al pasar de 2.370 millones en 2003 a 3.795 millones en 2004, para lo que incluso hecho mano del ahorro correspondiente a las pensiones jubilares. No podemos olvidarnos que jubilados y jubilados recurrieron a medidas extremas buscando conseguir una mísera compensación en sus pensiones, actos en los que murieron por efectos de la huelga hambre más de diez personas.

Este manejo económico restrictivo explica el incremento del desempleo abierto durante el gobierno del coronel, al pasar del 7,7% en el 2002 a casi el 12%; cruda realidad que permite comprender la facilidad que tenía su régimen para movilizar grupos humanos desempleados, contratados para aplaudir al coronel o para atacar a sus contrarios...

Esta política económica -permanentemente monitoreada por el FMI, aún luego de terminado el plazo de vigencia de la vigencia de la Carta de Intención del 2003-, logró incrementar sustantivamente la cotización de los Bonos Global. Antes de la creación del Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), establecido en el 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, se cotizaban en menos del 50% los Bonos Global a 12 años, emitidos por 1.250 millones de dólares, e incluso menos del 40% por los Bonos Global a 30 años, por 2.700 millones. Con el sólo anuncio del nombramiento -avalado por el FMI y Wall Street- como ministro de Economía de Mauricio Pozo, quien se transformaría en "economista de cabecera del dictócrata", los bonos comenzaron a subir. Al inicio de su gestión, en enero del 2003, los Bonos a 12 años ya se cotizaban a 67% y los Bonos a 30 años, en 48%. Sólo ese año, con el auge de la política ortodoxa, estos papeles alcanzaron valores inimaginables: los primeros llegaron a 101%, y los segundos, al 85%, y siguieron subiendo.

En realidad, con los recursos del FEIREP se recompró exclusivamente deuda pública interna para financiar el Presupuesto y así atender, de carambola, a los acreedores externos: la sola existencia de dicho Fondo maximizó el precio de los Bonos Global, pues para eso fue expresamente creado el FEIREP, al que ahora añoran los economistas ortodoxos, conservadores y prudentes, los OCP. Y esa sola revalorización, que podría haber cobijado actos de colusión y uso indebido de información privilegiada, otorgó ganancias potenciales a los tenedores de bonos -muchos de ellos ecuatorianos, entre los que están la banca privada- al menos por 1.400 millones de dólares.

El coronel se preocupó por satisfacer las exigencias de los acreedores. Esa fue una de sus principales motivaciones económicas. De paso quería mejorar la imagen del país en el mercado financiero mundial para continuar contratando créditos externos. El coronel fue otro de los gobernantes adictos al endeudamiento…

Para consolidar estos "logros", el coronel y su equipo económico, utilizando simples decretos ejecutivos, no dudaron en alterar el espíritu de la ley para limitar el gasto y también para reducir artificialmente el ingreso petrolero del Presupuesto desviando los excedentes del precio del petróleo hacia fondos de estabilización. Así por ejemplo, el coronel presupuestó los ingresos petroleros del fisco fijando un precio estimado del barril de crudo a un valor muy por debajo de lo que sería una expectativa objetiva. En el año 2003 y en el 2004, este precio se fijó en 18,- dólares por barril, cuando el barril de crudo Oriente se cotizó sobre los 30,- dólares en promedio. En el 2005 el precio se congeló en 25 dólares, mientras el precio de venta superaba los 40,- dólares por barril. Esta diferencia no se canalizaba al Presupuesto y pasaba a financiar el Fondo de Estabilización Petrolera (creado en 1999), y de éste, el 45% iba a un segundo fondo, al mencionado FEIREP. Consecuentemente, en el 2004 el FEIREP cerró con un excedente del 55%. En efecto, en lugar de los 292 millones de dólares presupuestados, se recaudaron 638 millones (alrededor de 2% del PIB).

Existieron dos razones que explicaron este importante incremento. La primera, que ya fue mencionada, la fijación de un precio estimado bajo en medio de un mercado con elevados precios del petróleo. La segunda se origina en las siguientes "travesuras": la ley estipulaba que el FEIREP se financie con ingresos que le correspondían al Estado provenientes del petróleo de las compañías privadas que sea transportado por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Sin embargo, vía decreto, en contra de la ley, el coronel autorizó que el FEIREP se alimentara del crudo pesado que le corresponde al Estado sin importar porque oleoductos se transporte, sea por el OCP o por el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Por si esto fuera poco, el 24 de diciembre de 2003, el coronel, siempre con su ministro Pozo, promulgó un decreto redefiniendo la calidad del crudo pesado, de 18 grados API a 23 grados API; esto amplió el volumen del crudo pesado. Hermoso regalo de Navidad para los acreedores de la deuda externa, a la cabeza los especuladores con papeles de la deuda.

El saldo de este manejo fiscal resultó perverso: mientras por un lado se registraba un superávit en el FEIREP, por otro, en el Presupuesto General del Estado había un déficit que debía ser cerrado con nuevo endeudamiento externo. Como para completar el cuadro, los recursos del FEIREP, por ley debían estar depositados en un fideicomiso administrado por el Banco Central. Los recursos fueron a varias entidades financieras internacionales obteniendo una magra rentabilidad de 1,5 a 2%. En algunos casos, como sucedió con la Corporación Andina de Fomento (CAF), en donde se depositó parte de los ahorros del fideicomiso, se contrataba al mismo tiempo créditos con tasas de interés superiores al 7%. Incluso parte de estos recursos fue depositada en el Barclays Capital Inc., entidad que financió la estadía del coronel en los EEUU, desde donde amenazó con la reconquista del poder, luego que abandonara su exilio en Río de Janeiro, a donde había llegado luego de su salida atropellada de la Presidencia.

Eso no fue todo. Aquel 20% establecido en la ley para situaciones de emergencia, tan defendido en el discurso de la prudencia desplegado por los defensores de la ortodoxia conservadora, fue esquilmado durante el gobierno del coronel. Contraviniendo la ley, el coronel dispuso de esos recursos a través de simples decretos ejecutivos: por ejemplo, el Nº 1292, del 18 de mayo, y el Nº 1980, del 31 de agosto del 2004.

A lo anterior habría que incorporar el efecto de una serie de restricciones fiscales. Con respecto a los gastos, en la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que dio lugar al FEIREP, expedida un año antes de que inicie su gestión el coronel, entre otras cosas, se estableció que el gasto fiscal real no puede incrementarse sobre el 3,5% anual más el deflactor del PIB. Cualquier excedente fiscal que se registraba fluía automáticamente al FEIREP. De esta manera, sin importar incluso ingresos extras que pudiera obtener el Estado -por ejemplo una donación externa-, la ley establecía que no se puede aumentar el gasto público más allá del límite establecido. Nótese que esto le ponía un freno automático a la inversión social. Si se habría seguido indefinidamente con este "esquema económico exitoso" (José Samaniego, banquero y editorialista), recién en 47 años -casi medio siglo- el Ecuador -según un estudio de UNICEF- habría alcanzado el nivel de inversión social per cápita promedio de América Latina: 540 dólares, frente a los 130 dólares de la actualidad. Esa era la realidad de la política del coronel y de los otros gobernantes neoliberales.

La prudencia ortodoxa apuntaba a ahorrar en época de vacas gordas no para que la sociedad disponga de reservas en los años críticos, sino para poder mantener el servicio de la deuda externa en época de vacas flacas. Una situación aberrante, pues priorizando el pago de la deuda no se ha beneficiado nunca el país, por más que se reitere lo contrario.

En consonancia con la política autoritaria derivada de un manejo económico concentrador y excluyente, se multiplicaron las violaciones a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos. La mezcla de autoritarismo y engaño casi permanente resultó indignante. Frustrante también resultó el servilismo del coronel con Washington, al involucrar cada vez más al Ecuador en el Plan Colombia y alentar ingenua y entusiastamente la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). Igualmente sacudió a la sociedad, la sumisión del coronel con todos los grupos oligárquicos, a los que sirvió en forma secuencial, pero obsecuente, a pesar de que a momentos confundía a la opinión pública con sus prácticas clientelares y su discurso antioligárquico...

La sumatoria de todos estos factores condujo al derrocamiento del coronel el 20 de abril del año 2005.-

5
Dic

[OPINIÓN] Walter Mena: ELECCIONES 2.009 Y LOS FRENTES POLÍTICOS

libro

Históricamente los frentes políticos han funcionado como estrategias electorales: fue el caso del derechista Frente de Reconstrucción Nacional liderado por León Febres Cordero y el Frente Amplio de Izquierda FADI. También podemos añadir a estos dos el Frente Democrático Naciomal que candidatizó a la Presidencia de la República al Dr. Raúl Clemente Huerta.

A cinco meses de las elecciones generales para elegir aproximadamente a 6.000 mandatarios entre ellos al Presidente de la República, Asambleístas nacionales y provinciales, alcaldes, prefectos, concejales y representantes de las juntas parroquiales, es posible detectar algunos Frentes políticos, cada uno con sus propias características que vamos a tratar de explicar en este artículo.

1.-En primer lugar, el liderado por el Presidente Rabel Correa o Alianza País, porque convergen en él otras agrupaciones políticas como son el MPD y el Partido Socialista. La situación de este frente es de privilegio en términos electorales, porque a pesar de la prohibición expresa del Consejo Nacional Electoral para que no se gasten dineros públicos en campaña, todo parece indicar que esa decisión no será tomada en cuenta y el Frente oficialista dispondrá de todos los recurso económicos y logísticos para su campaña y con ello tendrían asegurado el triunfo a nivel nacional incluyendo por supuesto la Presidencia de la Republica que permitirá al Presidente Correa prolongar su mandato en términos teóricos hasta el año 2.013.
Parte con una popularidad del 64% (porcentaje obtenido por el SI, en el referendo constitucional del 28 de septiembre).Sin embargo, para el 26 de abril del 2.009, fecha fijada por el CNE para la primera vuelta electoral difícilmente alcanzaría el 50% de los votos. Incluyendo en esta votación un multicolor abanico político, porque como consecuencia del deterioro acelerado de las huestes oficiales, el Presidente Correa ordenó que todos absolutamente todos los ciudadanos que estén ocupando dignidades de elección popular cualquiera que sea su filiación política puedan participar por las listas 35 si se someten a las elecciones primarias. Preparémonos entonces a ver una gama de colores que superará con creces al arco iris y al más grandioso monumento al oportunismo.

Destacamos la naturaleza teórica del triunfo porque a los evidentes privilegios de esta campaña y a la todavía alta popularidad del Presidente Correa se opone un factor extremadamente peligroso para la estabilidad del país y el Presidente, como es la crisis financiera internacional que anuncia por su profundidad un cambio radical en el modelo capitalista de producción y arrastraría a nuestro país hacia una crisis de impredecibles consecuencias de orden económico, social, político, ético y ambiental. La crisis es tan grave que necesariamente golpeará al Frente Político del gobierno y las consecuencias en el ámbito electoral se expresarían en un ajustado triunfo.

2 El 10 de noviembre se constituye el Frente de Oposición de las derechas. Una corriente conformada por los partidos tradicionales o denominados Partidocracia, que han detentado el poder político en el Ecuador en el curso de los últimos treinta años y son fundamentalmente los responsables del atraso que vive el país y otra corriente que para efectos de este análisis la denominaremos nueva Derecha, en la que destacan figuras como la de Pablo Lucio Paredes, Mae Montaño y Cesar Montufar. Los objetivos centrales de este frente son: la defensa de las libertades, la igualdad de oportunidades, el blindaje de la dolarización y el combate a la concentración de poderes. La debilidad de este Frente estriba en la enorme deuda histórica con el país y su evidente dificultad para adaptarse a los acelerados cambios de la sociedad...Diríamos que su consuetudinario dogmatismo les ha llevado a su autoaniquilamiento y no accederían sino a un modesto 15% del electorado.

3 El 15 de noviembre aparece en la escena política el autodenominado Frente de Izquierda, una especie de recapitulación del antiguo FADI. Anuncian una oposición total al gobierno de Correa al que califican de neoliberal y extractivista .Los objetivos de este frente son ya conocidos por el país: reivindican el socialismo, el estado plurinacional y condenan la corrupción gubernamental, son muy generosos en otorgar derechos a los ciudadanos y poco preocupados en fijar responsabilidades; en esto, hay una curiosa similitud con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Electoralmente nos parece que no tienen las más remota posibilidad de triunfar porque su acendrado dogmatismo les ubica asombrosamente junto a la derecha. Hay que reconocer en este frente una afición rayana en la obsesión por discutir tesis ancladas en el pasado, olvidándose de aspectos fundamentales en un programa socialista como son el antiimperialismo y el combate a la oligarquía. A estos elementos es necesario
añadir su oposición total a la explotación minera sin que medie para ello el más elemental análisis de este sector.

4 Noviembre ha sido un mes prolífico en materia de frentes, pues aunque parezca raro el ex Presidente de la ANC Alberto Acosta también aparece liderando su propio Frente Nacional Constituyente. Si señores, Alberto Acosta en forma inaudita se propone como objetivo, defender la Constitución que estuvo a punto de boicotear en Montecristi y que por suerte no lo logró gracias al Corcho Cordero. Es lamentable lo que ocurre con Acosta porque se lo ve en la TV alternando y complementando las tesis del derechista Pablo Lucio Paredes .Se niega rotundamente a salir de Alianza País desde donde todos los días lo denigran y dice en forma reiterada que no tiene nada que ver con el Frente de Izquierda al que lo llaman insistentemente para que se integre. Personalmente creo que debería lanzarse a competir por la presidencia de la República a sabiendas que va a perder, pero sería la única forma de retirarse de la política con dignidad...

5.Después de este análisis, aparece clara la necesidad de conformar un Frente Único y Popular, que aglutine a todo los ecuatorianos ubicados ideológicamente en la Centro Izquierda y que se constituya en una alternativa de poder frente a la catástrofe que se avecina y que tendrá su eclosión a fines del 2.009. De partida tendría un 21 % de los votos, aumentaría para la fecha de las elecciones en un 14% a expensas del deterioro Alianza País y con ese 35% podría tener una representación cualitativamente importante y con capacidad de decisión en la Asamblea Nacional y en los gobiernos seccionales.

En este contexto, ALBA Tercera República nos propone en líneas generales el siguiente programa, sujeto al análisis y discusión de todos los sectores sociales y políticos de la tendencia:
1. Sentir, pensar y actuar en función de los sagrados intereses de nuestra patria
2. Combate frontal a la corrupción
3. Trabajar para mantener una relación armónica y de equilibrio con la naturaleza
4. Respeto irrestricto a las comunidades ancestrales
5. Combate al autoritarismo en todas sus formas
6. Lucha permanente contra la pobreza
7. Impulso a la vida digna y solidaria
8. Fomento a la producción eficiente en función social
9. Distribución equitativa de la riqueza
10. Prioridad a los programas sociales para discapacitados y más desprotegidos
11. Impulso a la administración justicia en todos sus niveles.
12. Construcción del poder popular como única fuente de soberanía.
13. Mantener relaciones de amistad y cooperación con todos los pueblos del mundo
14. Impulsar la Patria Latinoamericana y Bolivariana
15. Combatir el colonialismo y sus expresiones imperialistas y oligárquicas

En síntesis:

ALBA-Tercera República propone iniciar el camino al socialismo con base a:
Descolonización para combatir la explotación
Soberanía para producir y vivir con dignidad
Socialización para distribuir la riqueza con equidad.

25
Nov

Alberto Acosta: La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana, 1ra. PARTE

Un paso histórico para una solución definitiva

Alberto Acosta

“Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

Deuda y corrupción, dos caras de una misma moneda

Si se analiza con detenimiento la cuestión, aflora una vinculación perversa entre deuda y corrupción (entendida ésta como abuso de poder en beneficio individual o de grupo, sea en el ámbito económico, político, social o cultural, tanto en el campo público como en el privado). En definitiva, no sólo cabe buscar actos reñidos con la ley o que conduzcan a identificar el aprovechamiento ilícito de recursos del sector público por parte de particulares. Por lo tanto la ilegitimidad de la deuda, no sólo su ilegalidad, es una constante que debe ser incorporada activamente en la búsqueda de soluciones efectivas.

El análisis debe ser integral, pues como se ha demostrado en el caso de la deuda ecuatoriana, no se podría entender la negociación de los Bonos Global, sin analizar la negociación de los Bonos Brady, y la comprensión de estos obliga a conocer las negociaciones anteriores, hasta llegar a la contratación de deuda en la época de la dictadura militar. Esta aproximación sistémica no minimiza, por cierto, la responsabilidad de los diversos individuos involucrados directa o indirectamente en estos potenciales ilícitos.

El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda es, sin duda, la realización de una auditoría. Ecuador lo ha hecho.

18
Nov

Alberto Acosta: El reto de la nueva ley minera

Alberto Acosta

Alberto Acosta

Ser o no ser constitucional, reto de la nueva ley minera

Una primera aproximación


Alberto Acosta

La construcción democrática, requisito de toda ley


Cuando el 18 de abril aprobamos en Montecristi el Mandato Minero Nº 6, con 95 votos a favor y uno en contra, lo hicimos motivados por la emergencia provocada en el sector por abusos de las empresas mineras, alentados por el entreguismo de los anteriores gobiernos. Ecuador vivió un verdadero “festín minero”, que estuvo a punto de provocar irreparables daños ambientales y sociales. Lo hicimos, también, convencidos de que la actividad minera en el Ecuador debería enrumbarse por una senda de profundo respeto al ser humano y a la Naturaleza.

Se sabía que no era una tarea fácil. Hay muchos intereses en juego. Y muchos problemas acumulados. Pero no se podían, ni se pueden mantener las cosas como están. La realidad en el ámbito de la minería, a pequeña escala en el caso de los recursos metálicos o de la explotación de materiales para la construcción, es sumamente compleja en varios aspectos: social, ambiental, económico, de seguridad humana, incluso político.

Más allá de dar respuestas a esa realidad, lo que interesa analizar con responsabilidad y amplia participación social la conveniencia o no de abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. Por lo tanto, antes de revisar rápidamente algunos elementos del proyecto de ley de minería enviado por el Gobierno Nacional a la Comisión de Legislación y Fiscalización, aceptemos que el Ecuador requiere un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la minería. Pero no cualquier marco. Se precisa una institucionalidad remozada que sepa respetar los mandatos constitucionales, es decir los principios básicos del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.

La tarea de construcción democrática de la nueva ley de minería debe convocar a todos los actores involucrados en la actividad minera: el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, las empresas mineras y sus trabajadores, los profesionales y estudiosos de la materia, particularmente las comunidades amenazadas directamente por esta actividad, incluso las organizaciones de ecologistas que critican o mantienen reservas con las actividades mineras. Esta lista, por cierto, está incompleta. El futuro de la minería en el país compete a todos sus habitantes, sobre todo por los efectos que podría tener la minería a gran escala: recuérdese los dañinos y costosos impactos sociales y ambientales de la actividad hidrocarburífera en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana.

El reto es abrir la puerta a un gran debate nacional. Sin chantajes de ningún tipo y menos aún acciones represivas, discutamos sobre este tema de trascendencia nacional. Nadie puede esgrimir como propio el argumento del supuesto interés de la mayoría de la población para imponer una u otra tesis. Nadie -ni el presidente de la República- puede presentarse como el intérprete de la voluntad política colectiva en esta cuestión (ni en ninguna otra). El diálogo debe darse en condiciones de igualdad y sobre todo de equidad, impidiendo que los capitales mineros impongan propagandísticamente sus puntos de vista.

La mayoría de la población no puede ser un actor ausente. Abramos entonces la puerta a una discusión de argumentos y no de insultos, menos aún de amenazas. El desarrollo de la actividad minera, no se diga de la nueva ley, exige un proceso de consulta que no acumule más resentimientos y desconfianza de las comunidades. Transformemos el debate en una oportunidad para conocer más sobre la minería, con el fin de tomar decisiones fundamentadas y no atropelladas.

Una información calificada, no interesada


Necesitamos saber qué pasa realmente con la actividad minera en el país; y cuáles son, además, las experiencias en otros países. Requerimos conocer lo qué son las reservas probadas, probables y posibles -que no son lo mismo-, pero que se manejan como sinónimos. Nos urge disponer de información calificada -que no es lo mismo que interesada-  sobre la probabilidad de ocurrencia de las cantidades estimadas de minerales, los pasivos ambientales; así como la valoración de aquellas riquezas y servicios naturales que se pueden perder. Y jamás debemos olvidarnos que los minerales son recursos naturales no renovables.

A modo de referencia, no es posible aceptar sin beneficio de inventario las cifras presentadas hasta hace muy pocas semanas sobre el valor que tendrían las reservas de mineral metálico en el país. Se habla de 210 mil millones de dólares. Sin aceptar como reales esos montos, que por lo demás no han sido comprobados, supongamos que el Estado recibiera un 5 % de regalías, tal cual está planteado en el proyecto de ley, el ingreso total bordearía, en el mejor de los casos, 11 (once) mil millones de dólares en los 25 o 30 años de duración de los contratos; el ingreso anual, si fueran 25 años, llegaría -en términos gruesos- apenas a 400 millones de dólares, a lo que añadiría (si pagan) el ingreso por el impuesto a la renta. Estos valores, por cierto, serán mínimos si nos imaginamos los costos que podrían provocar esta actividad en términos ambientales y sociales, en incluso costos económicos por la afectación a otros sectores productivos (por ejemplo agropecuario), como resultado de una actividad descontrolada o realizada en zonas de importante densidad poblacional o gran biodiversidad (Tengamos en mente el reclamo por 16 mil millones de dólares que está judicialmente planteado a la compañía Chevron-Texaco por un grupo de compatriotas, como consecuencia del destrozo provocado en el nororiente de la Amazonía).

En la actualidad ese posible monto de dólares acumulados en el subsuelo deberá ser revisado sensiblemente a la baja por efecto de la grave crisis económica internacional. El precio de los minerales, así como de otros productos en el mercado mundial ha caído y sigue cayendo aceleradamente; especialmente el cobre, que se pretende sería la solución nacional y el gran sustituto de los ingresos petroleros. Igual sucede con las cotizaciones de las empresas mineras; cuya reducción ha llevado a algunas de ellas al borde del colapso financiero. Muchas de estas empresas, como lo hemos visto en el país en los últimos años, se movían al vaivén de las cotizaciones en las bolsas de valores internacionales, en donde, como se ha comprobado hasta la saciedad en estos días, primó la especulación sobre todo tipo de racionalidad.

Esta crisis internacional, por cierto, no puede conducir a la entrega de crecientes beneficios a las empresas mineras transnacionales, que ahora tendrán muchas dificultades para conseguir los recursos necesarios para sus inversiones. En lugar de caer en la trampa del entreguismo, que podría ser alentado por el afán de atraer a cualquier precio nuevas inversiones extranjeras, el Ecuador debería aprovechar esta oportunidad para superar visiones neodesarrollistas dominantes en algunos sectores del Gobierno y de la misma sociedad; lo que Joan Martínez Allier, uno de los economistas ecológicos de mayor renombre a nivel internacional, define como el “desarrollismo senil”. Aquí el Gobierno ha demostrado capacidad y creatividad, véase el proyecto dejar en tierra el crudo del ITT.

Es bueno recordar que, durante la “larga noche neoliberal”, se produjo una “hemorragia” de concesiones mineras (de las más de 5 mil entregadas, apenas un 7% estaban en fase exploración y explotación, el resto prácticamente era para la especulación); que se dio paso a una perniciosa acumulación de concesiones mineras en muy pocas manos, una de los factores para la enorme especulación en la compra-venta de títulos mineros; que los concesionarios no tenían que presentar planes de exploración, ni explotación; que los estudios de impacto ambiental, si los había, eran menos que mediocres y se los hacía simplemente para cumplir con el trámite burocrático; que la consulta previa fue una verdadera tomadura de pelo a las comunidades, a las que muchas empresas mineras dividieron y en varios casos agredieron; que el Estado no recibía regalías (que se pagaba un dólar por hectárea al año como derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a diez y seis dólares por hectárea al año en la fase de explotación). En esos años, uno de los mayores ausentes fue el interés nacional y el mismo sentido común: varias concesiones incluían en su territorio a la iglesia y la plaza de varios pueblos…

Alcances y limitaciones del Mandato Minero

Para tratar de poner algo de orden en esta caótica situación, la Asamblea Constituyente de plenos poderes expidió el Mandato Minero. Con dicho Mandato se intentó corregir los horrores -errores- de una época que no velaba por los intereses del país y sus habitantes.

Los puntos centrales del Mandato fueron: prohibición de los monopolios y sus prácticas (Art 4), no afectación del agua (Art 3), restricción de la minería en áreas protegidas y en zonas de amortiguamiento (Art. 3), cesación de concesiones que no cumplan con sus obligaciones establecidas en la ley en materia de inversiones y  pago de patentes. (Art. 1 y 2)

Anotemos que las minas en producción fueron excluidas del Mandato para no crear incertidumbre, ni desempleo. Así mismo, no se incluyó la minería de pequeña escala y artesanal, no porque no haya problemas allí; al contrario, hay muchas y complejas dificultades de toda índole que debemos resolver, a fin de garantizar una vida, trabajo y ambiente saludables, para todas las personas directa o indirectamente involucradas en esta actividad. Lo que se buscaba con el Mandato era corregir las principales dificultades y aberraciones, que caracterizaban el potencial manejo las reservas minerales más importantes.

El Mandato Minero también estableció la creación de una empresa minera del Estado, como pieza central para regularizar e intervenir en aquella actividad minera que decidamos colectivamente mantener. Una empresa de ese tipo, bien manejada, puede invertir en tecnología, establecer otras reglas, independizarse de las transnacionales, contribuir con tecnología y financiamiento a los pequeños mineros artesanales, para que estos superen definitivamente sus prácticas depredadoras.

Este Mandato, que constituye un punto de partida para la definición del nuevo marco institucional minero, no se cumplió a cabalidad. (Entendamos que los Mandatos asumían un papel rector anticipado a la normativa constitucional y que, por lo tanto, su esencia debe estar inmersa en las nuevas leyes.) Hay varios aspectos que quedaron pendientes. Antes de entrar en la revisión de la ley, dejemos sentado que el incumplimiento del Mandato debería ser motivo de fiscalización de la Comisión legislativa, puesto que los mandatos constituyentes tenían imperio jerárquico y su incumplimiento es causal de destitución.

Quizás las presiones de los intereses mineros y sus múltiples intermediarios pudieron aminorar el afán por cumplirlo… sea como fuere, el nuevo marco institucional minero debe ceñirse a los principios de la nueva Constitución, camino obligatorio para desarrollar todas las leyes.

El reto, ser o no ser constitucional

La nueva ley, entonces, debería desarrollar el marco legal y la institucionalidad del Estado capaz de intervenir y controlar las actividades mineras, que existen en el país desde hace muchos años. Y debe establecer los lineamientos de lo que podría ser una nueva minería, si aceptamos actividades a gran escala.

La minería, como se resolvió en Montecristi, tendrá que ser considerada una actividad estratégica. Igualmente, allí se definieron las obligaciones en materia ambiental, social, y económicas para la utilización de los recursos naturales. Es de esperar, entonces, que la nueva Ley minera legisle en función de estos principios, que surgieron no sólo de las demandas de la sociedad, sino de acuerdos entre el ejecutivo y la misma Asamblea Constituyente. La ley, enviada por el presidente Rafael Correa a la Comisión de Legislación y Fiscalización, como se expresa en la exposición de motivos, debe ser “coincidente con los principios innegociables de la nueva Constitución”. Este es el reto que tienen los miembros de la Comisión de Legislación, así como la sociedad en su conjunto.


Por lo expuesto resultan inaceptables algunos puntos contenidos en lo que es todavía un proyecto de la Ley Minera. De una primera lectura surgen varias contradicciones en relación a lo establecido en la nueva Constitución. La ley, además, no desarrolla los principios constitucionales fundamentales. Así, por ejemplo, se podría destacar algunos aspectos:

- A despecho de lo que dice la Constitución, que las empresas privadas sólo pueden intervenir de manera excepcional, se les da un tratamiento similar a las otras formas empresariales (artículo 20). Además, se les otorga derechos especiales a las empresas extrajeras, como es el “trato nacional”, la “no discriminación”,  el “amparo” frente a interferencias, el silencio administrativo a favor de las empresas.

- En el artículo 25 se abre la posibilidad de libre prospección en áreas naturales protegidas y zonas intangibles, así como en zonas socioambientales sensibles. No hay una definición clara de las zonas mineras. Esta disposición violaría lo dispuesto en los artículos 57 y 408 de la Constitución. Adicionalmente, no conviene separar la fase exploratoria del resto del proceso, para cumplir lo previsto en el artículo 407 de la nueva carta magna.

- Los títulos mineros (artículo 28) son asumidos casi sin límites. La figura de la concesión que es una herramienta del Estado para mantener la propiedad sobre el recurso en este caso se debilita al otorgarse un título transferible, transmisible y sujeto a cesiones en garantía. Esto va en contra del artículo 317 de la Constitución, que establece que los recursos naturales pertenecen al patrimonio inalienable del Estado. Esto podría, además, mantener la práctica especulativa que ha primado en la actividad minera nacional.

- Igualmente se permite a una misma persona tener varias concesiones para la
exploración, no hay limitación a la tendencia monopólica. La única limitación sería el pago por derecho minero. Este ya fue uno de los puntos medulares del Mandato Minero.

- No se establecen áreas vedadas a la minería por  afectar fuentes de agua, por ejemplo. En la práctica se desconoce la prelación del agua, establecida en la Constitución. Esto podría anticipar conflictos con la nueva ley de agua, que está siendo discutida.

- Igualmente se marginan a lo largo de la ley los derechos colectivos y los derechos de la Naturaleza. Tal como se establece el tema las servidumbres -del agua, por ejemplo- podría afectar dichos derechos, pues se ha entregado un elevado margen de acción y dominio a las empresas mineras.

- Tampoco se determina con claridad que personas están inhabilitadas para recibir concesiones mineras. Algo que se decidió ya en el mandato Minero y que, inclusive, ha sido motivo de oportunas disposiciones legales en ocasiones anteriores, por ejemplo en el Código de Minería de 1918.

- El artículo 82 del proyecto de ley minera dispone en el inciso tercero que: “El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo dará lugar a las eventuales sanciones al concesionario minero por parte del Ministerio sectorial. Las sanciones podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad”. Las sanciones no pueden ser eventuales.

- Es preocupante que el procedimiento de caducidad y sanción, si se afectan los derechos de la Naturaleza, de la biodiversidad o de las comunidades, estarán contenidos en un reglamento. Se corre el riesgo en el reglamento, los requisitos para la sanción sean demasiado laxos como para no sancionar adecuada y oportunamente a quienes provocan dichas afectaciones.

- También sería importante revisar el régimen de sanciones, y responsabilidades de los titulares de las concesiones. De lo que se desprende del artículo 66 del proyecto de la ley es que los titulares de las concesiones mineras están obligadas a resarcir los daños causados al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, y a las concesiones colindantes. Pero no dice nada de la obligación que tienen de conformidad con el artículo 396 de la Constitución sobre la “responsabilidad por daños ambientales objetiva”. Tampoco se establece la obligación de “restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”, en concordancia del artículo 397 de la Constitución.

Adicionalmente, en la ley no está clara la razón para que ésta sea considerada como ley orgánica. De la lectura del artículo 133 de la Constitución y sus numerales no se desprende en ninguna parte que los sectores estratégicos se regularán por ley orgánica; así como tampoco consta en la Constitución la creación de una Empresa Nacional Minera, que fue dispuesta mediante el Mandato Minero (No hay aún la ley de empresas públicas). Por lo tanto, esta materia debería ser regulada mediante ley ordinaria.

Igualmente faltan disposiciones precisas para que los recursos minerales obtenidos sean prioritariamente procesados en el país; no es deseable mantener la vieja modalidad de acumulación primario-exportadora, caracterizada por el rentismo, la voracidad y la contaminación: el Ecuador tiene que industrializar sus recursos naturales. Sería importante que en la ley ya se recojan algunos criterios que permitan dirigir el país hacia una economía post-extractivista, uno de los reiterados mensajes del presidente Correa.

Resulta obvio prevenir que esta actividad a gran escala ponga en riesgo el trabajo de millares de campesinos o incluso propietarios de pequeñas iniciativas turísticas y productivas, cuyas actividades podrían ser amenazadas por una actividad de alto impacto ambiental y social, con repercusiones que afectarían a la colectividad nacional en su conjunto. En este punto cabría recomendar la incorporación en la ley de normas que permitan anticipar la remediación de los pasivos ambientales, a través de modelos económicos que valoren de manera adecuada y sobre todo oportuna dichos pasivos antes de iniciar las tareas de explotación; hay que impedir que estos pasivos queden como saldo no recuperable de la actividad extractivista, como sucede con el petróleo.

Para un adecuado manejo de nuestros recursos naturales, en suma, necesitamos reafirmar la soberanía y el papel del Estado, contar con regulaciones y reguladores fuertes, con controles no solo económicos, sino también ambientales serios. Hay que recuperar la confianza de las comunidades frente al papel del Estado en la administración del patrimonio nacional, no podemos debilitarlas.

Finalmente, la Ley no es innovadora, como si lo fue el Mandato Minero y la misma Constitución. Se utilizan las mismas figuras jurídicas ya existentes, que no han permitido al Estado precautelar a satisfacción sus derechos: el titulo minero, la concesión, la regalía. Habría que pensar en otros conceptos que garanticen actos administrativos más efectivos de parte del Estado: la licencia o la autorización, por ejemplo.


A quienes hicieron este proyecto de ley cabría recomendarles leer con atención la Constitución y el Mandato Minero. Como consecuencia de un debate nacional amplio, la Comisión de Legislación y Fiscalización tendrá que rehacer el trabajo, pues una ley mal hecha lesiona los intereses y la tranquilidad nacionales. Y por cierto, en su elaboración, habrá que tener presente no sólo los potenciales beneficios, sino, sobre todo, los costos que sobre todo la minería metálica a gran escala y a cielo abierto puede provocar.

La Comisión tiene la obligación de abrir el debate a escala nacional. Hasta la presentación del proyecto de ley el debate ha sido muy limitado y poco sustantivo. El reto de dicha Comisión es superar esa falencia y tratar de cumplir con el plazo previsto en el Mandato Minero (el término de 180 días) para disponer una nueva ley de minería; pero en esta ocasión, tratándose de un tema tan sensible, que incluso puede poner en riesgo la gobernabilidad, cabría priorizar el contenido sobre los plazos.

La ciudadanía tiene la palabra. Discutamos democráticamente. No es justificable que el diálogo de la ley de minería empiece con violencia y represión. Lleguemos a respuestas que estén, en todo momento, ajustadas a la nueva Constitución, que recibió el respaldo contundente de la sociedad.-

18 de noviembre del 2008

Nota: El Mandato Constituyente 23 (post Asamblea constituyente), que conforma la Comisión de Legislación y Fiscalización, regula la elaboración  de las leyes. Allí se norma la participación de la ciudadanía en la comisión especializada, previo al primer debate. Lamentablemente el plazo es escaso, apenas diez días obligatorios. Si bien se habla de veinte días que pueden ser ampliados, la comisión solo tiene la obligación de conceder diez días para la participación ciudadana. Por lo expuesto, antes de la presentación de las leyes al poder legislativo, el gobierno debería tomarse el tiempo suficiente para que se asegure una amplia participación ciudadana. Esta debilidad debería ser motivo de consideración para el funcionamiento de la futura Asamblea Nacional.

17
Nov

Rubén Darío Buitrón: [Alberto Acosta,] Noblemente ingenuo

Por Rubén Darío Buitrón
El ex Presidente de la Asamblea Constituyente empieza a levantar su voz contra las violaciones a la Carta Magna por parte de los mismos que la redactaron y aprobaron.
Es el tímido destape de Alberto Acosta. Ha reaparecido, con un despliegue importante, en espacios periodísticos de alta audiencia.
Con una actitud de respeto a sus conmilitantes y cuidado en sus palabras, el asambleísta más votado de la historia critica a sus ex colegas: en una amplia entrevista con diario EL COMERCIO, el 13 de noviembre de 2008 (www.elcomercio.com), opina que el vacío judicial se debe a que en la Asamblea hubo claros intereses para meter mano a la Corte Suprema. Y da un nombre: César Rodríguez, personaje muy cercano al presidente Rafael Correa.
Durante la reciente campaña por el sí, Acosta mantuvo silencio. Pese a que ya discrepaba con ellos y a que fue la primera víctima del buró correísta, prefirió callar, según él, para "no hacer juego a la derecha" y que no se produjeran fisuras internas que perjudicaran el voto por el sí.
¿Pensó, acaso, que su silencio bastaría para que los maquiavelos del oficialismo tomaran un rumbo ético en su conducta? ¿Realmente creyó que lo echaron de Montecristi "por el bien del proceso"? ¿Fue por eso que no acompañó a Mónica Chuji en las denuncias que ella hiciera antes del referendo contra las arbitrariedades antidemocráticas del buró?
En una reciente entrevista con Radio Democracia, Acosta mostró, de nuevo, su decencia. Pese a todo, llamó "amigo" a Correa, eludió confrontar a "su otro amigo", Fernando Cordero, y se calificó como "simple economista" cuando dijo que al no entender los atropellos y violaciones constitucionales de País es evidente que no sabe de tácticas políticas.
Cuando escucho a Alberto recuerdo las jornadas periodísticas en Montecristi como un ejercicio de asombro cotidiano para los reporteros.
Entre murmullos, con miedo a que los ojos y oídos del buró los vieran hablar con reporteros o pudieran escuchar sus llamadas telefónicas, un puñado de asesores de asambleístas de País se nos acercaba más en tono de desfogue personal que de decisiones valientes y oportunas para evitar lo que ahora ocurre.
Les parecía inconcebible que en un "bloque revolucionario" se produjeran incoherencias ideológicas, jugadas bajo la mesa, cambios de textos por manos fantasmas y votos a cambio de futuras candidaturas seccionales.
Gritaban entre susurros. Se preguntaban dónde habrá quedado la ética que debería implicar un proceso de cambios profundos.
Pero no lo hicieron en voz alta. Su justificación era, de nuevo, "no hacer juego a la derecha". El propio Acosta fustigaba a la prensa cuando esta quería indagar más: "Ustedes hacen farándula de la política".
Hoy, los disidentes empiezan a hablar. Y hablan libremente en los medios que tanto criticaron, porque los otros, los medios gobiernistas, no les dan espacio.
Ironías de la nobleza política. Y de la ingenuidad.

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