28
Ago

El espejo de Uribe

Atilio A. Boron

ALAI AMLATINA, 26/08/2009.- La Cumbre de la UNASUR en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

Encabezado del Informe de Seguridad Federal (EEUU)

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Detalle del reporte, referente a A. Uribe.

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf
asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición”.

Detalle final del reporte, sobre actividades de A. Uribe

Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

29
Jun

Atilio A. Boron. Honduras: la futilidad del golpe

ALAI AMLATINA, 28/06/2009.- La historia se repite, y muy probablemente concluya de la misma manera. El golpe de estado en Honduras es una re-edición del que se perpetrara en Abril del 2002 en Venezuela y del que fuera abortado ante la fulminante reacción de varios gobiernos de la región en Bolivia el año pasado. Un presidente violentamente secuestrado en horas de la madrugada por militares encapuchados, siguiendo al pie de la letra lo indicado por el Manual de Operaciones de la CIA y la Escuela de las Américas para los escuadrones de la muerte; una carta de renuncia apócrifa que se dio a conocer con el propósito de engañar y desmovilizar a la población y que fue de inmediato retransmitida a todo el mundo por la CNN sin antes confirmar la veracidad de la noticia; la reacción del pueblo que conciente de la maniobra sale a la calle a detener los tanques y los vehículos del Ejército a mano limpia y a exigir el retorno de Zelaya a la presidencia; el corte de la energía eléctrica para impedir el funcionamiento de la radio y la televisión y sembrar la confusión y el desánimo. Como en Venezuela, ni bien encarcelaron a Hugo Chávez los golpistas instalaron un nuevo presidente: Pedro Francisco Carmona, a quien la inventiva popular lo rebautizó como “el efímero.” Quien desempeña su rol en Honduras es el presidente del Congreso unicameral de ese país, Roberto Micheletti, quien juró este domingo como mandatario provisional y sólo un milagro le impediría correr la misma suerte que su predecesor venezolano.

zelayaLo ocurrido en Honduras pone de manifiesto la resistencia que provoca en las estructuras tradicionales de poder cualquier tentativa de profundizar la vida democrática. Bastó que el Presidente Zelaya decidiera llamar a una consulta popular -apoyada con la firma de más de 400.000 ciudadanos- sobre una futura convocatoria a una Asamblea Constitucional para que los distintos dispositivos institucionales del estado se movilizaran para impedirlo, desmintiendo de ese modo su supuesto carácter democrático: el Congreso ordenó la destitución del presidente y un fallo de la Corte Suprema convalidó el golpe de estado. Fue nada menos que este tribunal quien emitió la orden de secuestro y expulsión del país del Presidente Zelaya, prohijando como lo hizo a lo largo de toda la semana la conducta sediciosa de las Fuerzas Armadas.

Zelaya no ha renunciado ni ha solicitado asilo político en Costa Rica. Fue secuestrado y expatriado, y el pueblo ha salido a la calle a defender a su gobierno. Las declaraciones que logran salir de Honduras son clarísimas en ese sentido, especialmente la del líder mundial de Vía Campesina, Rafael Alegría. Los gobiernos de la región han repudiado al golpismo y en el mismo sentido se ha manifestado Barack Obama al decir que Zelaya "es el único presidente de Honduras que reconozco y quiero dejarlo muy claro". La OEA se expresó en los mismos términos y desde la Argentina la Presidenta Cristina Fernández declaró que "vamos a impulsar una reunión de Unasur, aunque Honduras no forma parte de ese organismo, y vamos a exigir a la OEA el respeto de la institucionalidad y la reposición de Zelaya, además garantías para su vida, su integridad física y la de su familia, porque eso es fundamental, porque es un acto de respeto a la democracia y a todos los ciudadanos.”

La brutalidad de todo el operativo lleva la marca indeleble de la CIA y la Escuela de las Américas: desde el secuestro del Presidente, enviado en pijama a Costa Rica, y el insólito secuestro y la golpiza propinada a tres embajadores de países amigos: Nicaragua, Cuba y Venezuela, que se habían acercado hasta la residencia de la Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, para expresarle la solidaridad de sus países, pasando por el ostentoso despliegue de fuerza hecha por los militares en las principales ciudades del país con el claro propósito de aterrorizar a la población. A última hora de la tarde impusieron el toque de queda y existe una estricta censura de prensa, pese a lo cual no se conoce declaración alguna de la Sociedad Interamericana de Prensa (siempre tan atenta ante la situación de los medios en Venezuela, Bolivia y Ecuador) condenando este atentado contra la libertad de prensa.

No está [por] demás recordar que las fuerzas armadas de Honduras fueron completamente reestructuradas y “re-educadas” durante los años ochentas cuando el Embajador de EEUU en Honduras era nada menos que John Negroponte, cuya carrera “diplomática” lo llevó a cubrir destinos tan distintos como Vietnam, Honduras, México, Irak para, posteriormente, hacerse cargo del super-organismo de inteligencia llamado Consejo Nacional de Inteligencia de su país. Desde Tegucigalpa monitoreó personalmente las operaciones terroristas realizadas contra el gobierno Sandinista y promovió la creación del escuadrón de la muerte mejor conocido como el Batallón 316 que secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas dentro de Honduras mientras en sus informes a Washington negaba que hubiera violaciones de los derechos humanos en ese país. En su momento el Senador estadounidense John Kerry demostró que el Departamento de Estado había pagado 800 mil dólares a cuatro compañías de aviones de carga pertenecientes a grandes narcos colombianos para que transportasen armas para los grupos que Negroponte organizaba y apoyaba en Honduras. Estos pilotos testificaron bajo juramento confirmando las declaraciones de Kerry. La propia prensa estadounidense informó que Negroponte estuvo ligado al tráfico de armas y de drogas entre 1981 a 1985 con el objeto de armar a los escuadrones de la muerte, pero nada interrumpió su carrera. Esas fuerzas armadas son las que hoy depusieron a Zelaya. Pero la correlación de fuerzas en el plano interno e internacional es tan desfavorable que la derrota de los golpistas es sólo cuestión de (muy poco) tiempo.

28
May

Guillermo Navarro: ... declaraciones del Presidente Correa sobre los medios de información

Apuntes para la lectura de las declaraciones del Presidente Correa sobre los medios de información.


guillermonavarrojimnezLos medios nacionales de la prensa escrita, en pronunciamientos difundidos en estos días, expresados incluso en editoriales, coinciden en afirmar que la declaración del Presidente Correa de que es necesario disponer:  “leyes más fuertes que sancionen tanta distorsión, tanta desinformación, tanta mala fe, tanta corrupción", y su compromiso de plantear formalmente, ante la UNASUR, la creación de instancias que defiendan a los ciudadanos y a los Gobiernos legítimamente electos de los abusos de la prensa, es un grave anticipo de restricciones futuras a la libertad de expresión. Ante tales aseveraciones, vale recordar algunos principios básicos referentes al tema, que permiten juzgar adecuadamente las declaraciones presidenciales.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, inciso 2 dispone: “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente (la libertad de pensamiento y de expresión N.A.) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades, las que deben estar expresamente fijadas por la ley  y necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública”. Adicionalmente, la Corte expresa: “Los medios de comunicación, como instrumentos esenciales de la libertad de  pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan”. Si las citas anteriores no fuesen lo suficientemente claras respecto al tema, o existiesen dudas al respecto, vale agregar que la Corte considera: “El derecho a la expresión, contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana, no tiene carácter absoluto, esto es existen límites para su ejercicios y controles de su adecuado desempeño. Proscritos, como se ha visto, los medios de carácter previo, queda la posibilidad de exigir a quien ejerce ese derecho la responsabilidad que corresponda en función del desbordamiento, la desviación, el exceso, el abuso –en suma la ilicitud-, en que incurra con tal motivo. La responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta indebida: nadie se encuentra por encima del orden jurídico, exento de todo control de la conducta …”.

Citas que permiten extraer las siguientes conclusiones:

  1. La censura previa afecta a la libertad de expresión y pensamiento;
  2. La libertad de expresión no es ilimitada, quienes las expresan  deben responsabilizarse de sus excesos;
  3. Los medios deben ejercer con responsabilidad la función social que cumplen;
  4. Las leyes deben sancionar las irresponsables  expresiones de los medios que incumplen la función social;
  5. Las sanciones deben estar expresamente fijadas por la ley; y,
  6. Las leyes deben asegurar el respeto a la reputación de los demás y a la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública.

Así planteado el problema, la libertad de expresión se vería restringida, como lo auguran desde ya los grandes medios de información, si el Presidente Correa hubiese expresado que se aprobarán disposiciones legales tendientes a establecer restricciones previas, lo cual no se constata, en forma alguna, en las declaraciones presidenciales. A lo que hizo referencia es a la responsabilidad que compete a los medios y a la obligación de disponer de un marco legal que sancione los irresponsables pronunciamientos de los mismos.

A lo expresado debemos agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “… reconoce la necesidad de establecer un régimen que asegure la responsabilidad y la ética profesional de los periodistas y sanciones las infracciones a esa ética”, a lo que agrega: “Puede ser apropiado que un estado delegue, por ley, autoridad para aplicar sanciones por las infracciones a la responsabilidad y ética profesionales”.  En consecuencia, el compromiso del Presidente Correa de plantear formalmente ante la UNASUR la creación de instancias que defiendan a los ciudadanos y gobiernos, respeta estrictamente lo expresado por la Corte. Lo grave sería que se delegue esa función a cualquier instancia, gubernamental o no, sin un marco legal que evite cualquier abuso en el juzgamiento, como lo demanda  la Corte cuando señala: “Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley”.

Saneado así el problema, ¿Cuál es la razón que explica los pronunciamientos excesivos de los medios? A nuestro criterio ello responde a que están advertidos de que si se establecen por ley restricciones y sanciones, entendidas las primeras como: “conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión”,  como lo plantea la Corte, los medios no podrán más cometer los excesos que hoy cometen, puesto que existirá el marco legal expreso y taxativo que permitirá sancionar sus irresponsabilidad. No se trata entonces de una defensa de la libertad de expresión, es una ofensiva para mantener incólume la situación actual, puesto que si se tratase de defender la libertad de expresión, los medios deberían empezar por casa, por las razones que explicaremos en próximas entregas.

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