Juan J. Paz y Miño Cepeda
En los pasados días, algunos rectores y también el presidente del CONESUP, han copado los medios de comunicación con entrevistas, opiniones y quejas contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación Superior preparado por SENPLADES. Pero además de los cuestionamientos a la ley, que en distintos puntos son infundados, sus criterios han servido como otro de los temas de turno para alimentar las críticas de orden político.
Sin embargo, es necesario avanzar en las reflexiones, para no caer en los recurrentes temas que privilegian los rectores y que en mucho se orientan por la defensa de sus propios intereses.
Desde la década de los sesenta del pasado siglo, la universidad pública ecuatoriana fue afectada por el doble juego de la masificación estudiantil y la politización institucional. Pero en los ochenta y noventa creció el fenómeno de la proliferación de universidades privadas. Y, para estar a tono con el rumbo que tomó la economía nacional, el ambiente universitario se contagió del “neoliberalismo” académico. A tal punto que las universidades se afirmaron como instituciones de docencia y no de investigación. Ha interesado el mayor número de estudiantes, las “facilidades” para su promoción y la organización de programas de estudio en función de las “demandas del mercado”. Los “administradores” aparecían frecuentemente como los consultores ideales para la planificación curricular y la organización institucional. Se puso de moda la evaluación de las “buenas clases” y hasta se llegó al colmo de creer que se garantizaba academicismo con las certificaciones ISO. Los profesores pasaron a ser instrumentos de semejante “sistema”, con una acumulación de 18, 20, 24 y hasta más horas-clase semanales. La precarización del profesorado universitario también llegó. Y, además, la devaluación de los títulos universitarios.
Hay que sumar la proliferación de carreras en administración y empresa, la de “postgrados” en las mismas ramas y el abandono casi absoluto de la investigación científica, incluidas las ciencias sociales, ampliamente maltratadas. Los pocos investigadores y científicos de diversas áreas se han encontrado con apoyo escaso y sus esfuerzos frecuentemente han sido personales. Los recursos para la investigación universitaria merecían reestructurarse. Y el CONESUP ha acompañado a todos estos procesos, casi siempre en forma contemplativa e ineficaz.
Es necesario cambiar el panorama antiguo. Y la universidad ecuatoriana tiene que mirarse frente al mundo académico internacional. No es posible que las universidades se mantengan alejadas de las necesidades del desarrollo estatal planificado, algo normal en otros países. Es inconcebible fomentar la “investigación” con profesores mal remunerados, sometidos a las simples “horas-clases” y, además, a los dictámenes de autoridades carentes de control y evaluación. Es imposible lograr universidades de calidad sin alterar el régimen de la docencia. Y peor aún, avanzar con estudiantes tratados como “clientes”, sin rigurosas exigencias. No puede caminar el Ecuador con el tipo de sistema universitario actualmente existente.
