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“El futuro no es lo que ocurrirá mañana, el futuro es lo que nosotros seamos capaces de construir hoy”.

Gaston Bachelard

En varias oportunidades hemos citado que la transformación, el cambio social es posible, si se dispone de una Constitución que lo permita y se goza del apoyo de la mayoría de la Nación. El Ecuador de hoy cumple con las dos premisas. Sólo reclama iniciar la aplicación de las normas constitucionales que apuntan al cambio. El Presidente Rafael Correa, anuncia el inicio de esa tarea, hoy en relación a la propiedad de la tierra.

En su rendición de cuentas del sábado 28 de noviembre, el Presidente Correa afirmó que su gobierno expropiará las tierras improductivas de quienes las mantienen incultas para ganar plusvalía, incluso aprovechándose de las economías externas producidas por las enormes inversiones del Estado.

Aseveró que para terminar con esas prácticas rentistas, que mantienen incultas las tierras de la península de Santa Elena, se les otorgará un año para que reviertan su posición. Caso contrario serán expropiadas, sobre la base de lo estipulado en los artículos 66 numeral 26 y 321 de la Constitución vigente.

Para mejor entender el pronunciamiento presidencial y su trascendencia, vale recordar que el Estado ecuatoriano ejecutó el proyecto hidroeléctrico Daule-Peripa, cuya construcción se inició en 1984 y culminó en 1999, a un costo que bordeó los 300 millones de dólares. Este proyecto hidroeléctrico es parte del “Proyecto de Propósitos Múltiples, Jaime Roldós” que incluye el trasvase de las aguas represadas del río Daule, hacia la península de Santa Elena, para regar un estimado de 170.000 hectáreas.

Inmediatamente luego de finalizado el proyecto hidroeléctrico (1999), la oligarquía guayaquileña ágilmente obtuvo, el 19 de enero del 2000, la concesión para operar y comercializar la energía producida por la central estimada en 600 millones de Kwh anuales, a través de Unión Fenosa cuya representación ostentaba Isidro Romero Carbo, entonces esposo de Isabel Noboa Pontón, hermana de Alvaro Noboa Pontón. Igualmente y en la perspectiva del trasvase, la oligarquía guayaquileña se apropió muy ágilmente de las tierras de la península de Santa Elena, a precios de huevo, dada la desertificación de la que habían sido objeto esas tierras, a las que han mantenido incultas en espera de la subida de su valor, como lo denunció el Presidente Correa.

Como muchos compatriotas podrían pensar que si las tierras son desérticas, no cabría la acusación del Presidente Correa, es necesario recordar que las tierras de Santa Elena -como lo demuestra Hamerly en su obra: “Historia Social y Económica de la Antigua Provincia de Guayaquil”-, fueron el granero de Guayaquil. En otros términos, son tierras fértiles en barbecho, a la cual solamente le hacía falta agua, como ya se demostró años a cuando colapsó la presa Azúcar, o como se aprecia actualmente en las tierras que desarrollan proyectos agrícolas. En consecuencia, la denuncia presidencial procede, puesto que son tierras con un altísimo potencial productivo.

Ante esa realidad evidente, el planteamiento no sólo que procede, sino y lo que es más importante, inicia la ruta hacia la redistribución de los medios de producción, de la tierra, de la cual fueron excluidos la mayoría de campesinos de nuestro país. Por ello, nuestra aseveración inicial de que estas medidas apuntan al cambio, sobre la base del texto constitucional que lo permite, posibilita y obliga, no significa otra cosa que el reconocimiento del inicio de una ruta que, esperamos, se profundice en el futuro próximo.