19
Nov

Guillermo Navarro: Crisis: Oportunidad para profundizar el cambio

Crisis: Oportunidad para profundizar el cambio

Es en los momentos de crisis donde las Naciones y sus líderes demuestran su dimensión. Lo hacen, cuando no se limitan a lloriquear ante los efectos negativos, cuando son capaces de encontrar nuevas rutas. El Ecuador se encuentra en esa encrucijada, con una gran ventaja: dispone de un nuevo cuerpo constitucional que establece el como. Basta la decisión de construir la nueva estructura económica y social que impone. Basta alejarse de las medidas ortodoxas de política económica y social que sólo apuntan a consolidar el pasado que todos pretendemos ajeno. El liderazgo del Presidente Rafael Correa, nos guste o nos disguste, será definitorio del avance histórico o del retroceso. Del cambio o el asirse al pasado.

Pero el liderazgo no basta por sí solo. Será indispensable la concurrencia de todas las fuerzas sociales por el cambio, apuntando desviaciones, criticando errores, pero y fundamentalmente, desbrozando rutas, aportando ideas de cómo construir el gran edificio del cambio. Sólo la presencia proactiva del movimiento social por el cambio enrumbará el liderazgo. El liderazgo huérfano de base social puede ser neutralizado, esterilizado, como nos cuentan innumerables procesos históricos.

La indispensable conjunción entre el líder y los movimientos sociales por el cambio, implica, en la actual etapa histórica, abrir el entendimiento, escuchar humildemente a los otros, debatir con argumentos, reconocer el valor de los diferentes, abandonar calificativos innecesarios e incómodos, olvidar todos los omnis, pero también, abandonar la crítica como único instrumento identitario, el resabio de lo propio como el todo único o la nada, el creer que el pasado sólo podrá abandonarse cuando el Yo asuma el liderazgo. Solo esos renunciamientos, nos alejaran del pasado. El mantenerlos, sólo alegrará a quienes defienden el pasado. Los robustecerá como ya se avizora.

Es que el enemigo del cambio no toma respiro. Opera con todas las artimañas imaginables. Desde afuera y desde adentro. Presionan, ellos sí bañados en lágrimas, por la crisis y sus efectos magnificados, en procura de la intervención estatal que antes despreciaban. Presionan con sofismas como el de los banqueros que confunden intencionadamente montos de utilidades con utilidades cero, en procura que se los libere de obligaciones. Presionan para que el Estado no administre los fondos que garantizan los depósitos y el futuro de los ecuatorianos.

Desde adentro del movimiento por el cambio, la derecha disfrazada de izquierda, como certeramente lo definió Lenín al juzgar posiciones similares, desarrollan esfuerzos por llevarnos a la confrontación, a lo irreconciliable, a la división del movimiento por el cambio, que sólo beneficia al pasado, y a sus vanidades, obsesiones y traumas. Vanidades, obsesiones y traumas que se convierten en eficaces armas de la cooptación en procesos electorales como los que se avecinan, por parte de quienes utilizan esas irracionalidades para dominar a los débiles, para convertirlos en instrumentos de sus fuerzas para atentar luego contra el cambio.

En este emprendimiento por disolver el futuro, los grandes medios de información, también participan del doble juego de los enemigos del cambio. Hasta ayer, antes de la reunión del Presidente Correa con los empresarios, se constituyeron en furibundas barricadas, hoy, por el arte de magia de los ofrecimientos y dádivas sociales, casi pasan a la exaltación del enemigo de ayer. Pero esto es sólo apariencia que no debe confundirnos, ni empalagar al Presidente. El aceptar como válido esos caramelos que siempre acostumbra a lanzar el poder, conduce siempre a la derrota.

Si somos capaces de reconocernos en la diversidad, de respetarnos, de contribuir positivamente en la construcción del futuro sobre la base del nuevo texto constitucional por el cual nos pronunciamos el 64 por ciento de los ecuatorianos, seguro que seremos capaces de unificar fuerzas, de descubrir los juegos del poder de siempre, de enfrentarlo y de vencerlo.

Sólo así habremos convertido a la crisis en una oportunidad para el cambio.

19
Nov

Kintto Lucas: ECUADOR ¿Chao soberanía alimentaria?

Por Kintto Lucas

Allá por 1982, cuando vivía en Brasil, en el sur del país existía un auge de plantaciones de tabaco.
Las grandes tabacaleras transnacionales y brasileñas, otorgaban créditos a los pequeños y medianos campesinos para que construyeran su secadora, compraran insumos y plantaran con la condición de entregar la producción a la empresa durante cinco o diez años. Como garantía, la tierra quedaba hipotecada a favor de las compañías.
Muchos campesinos que cambiaron la producción diversificada por el monocultivo de tabaco no llegaron al plazo del acuerdo. La producción no les dio para pagar el crédito y las empresas se quedaron con sus tierras, que luego transfirieron a grandes propietarios.
Otros tantos vieron su tierra destrozada por el tabaco, bajó la producción y tuvieron que traspasar sus pocas hectáreas a grandes propietarios, y así pagar los créditos y quedarse, por lo menos, con unos sueltos.
Los promotores de las tabacaleras, cuando llegaban a las pequeñas fincas, prometían a los campesinos un negocio en el que no tenían que poner “nada de dinero, solo su tierra”, porque el dinero lo prestaban en forma “solidaria” las empresas y en algunos casos el Banco del Estado. Habían logrado transformar la solidaridad en una palabra hueca, vacía...
Ese modelo se aplicó con la soya y otros cultivos, teniendo en cuenta la particularidad de cada producto, pero en todos los casos fomentando el monocultivo y la concentración de la tierra.
Algo similar ocurrió con los pequeños y medianos agricultores que se dedicaron a la producción de alimentos para grandes supermercados, exportadores o empresas agroalimentarias. Recibían el crédito del supermercado, de la empresa agroalimentaria o de un Banco estatal y se comprometían a venderles su producción dentro de una “cadena productiva”.
Cuando la cosecha iba mal y no podían pagar, la “solidaridad” desaparecía y se quedaban con su tierra o le obligaban a venderla a un productor más grande.
Dentro de esta nefasta cadena se incluyó una cláusula que tenía un nombrecito algo así como “exigencia de normas fitosanitarias para proteger la salud” de los consumidores.
Pero en realidad las exigencias sanitarias eran tan altas y tan irreales que solo buscaban, y lo lograron, eliminar la comercialización directa de los productores. Lo que significó el golpe de gracia para los pequeños y medianos agricultores, quienes se sometieron al poder de los monopolios..
Ese modelo expulsó a millones de campesinos del campo brasileño. Pero los expulsados de la tierra se resistieron a abandonarla y junto a otros desplazados por la construcción de grandes represas formaron el mayor movimiento social de América y uno de los más grandes del mundo, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que vi forjarse en los campamentos al costado de las carreteras y en las grandes haciendas ocupadas.
Ese modelo que consolida monopolios agroalimentarios, expulsa del campo a los pequeños y medianos agricultores, y atenta contra la soberanía alimentaria porque grandes empresas monopolizan la alimentación de un país, es el que se busca aplicar en Ecuador, de acuerdo al Proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria que en las últimas horas cayó en mis manos.
Este Proyecto de Ley fue elaborado por una comisión conformada por el Poder Ejecutivo en la que participaron algunas personas con una mirada de cambio y muchas otras que buscan fortalecer a los grandes agronegocios e importadoras de agroquímicos. Lamentablemente estas últimas impusieron su visión.
Los promotores de las empresas tabacaleras de Brasil en los años 70 y comienzo de los 80, promovían a los campesinos un negocio para el cual no necesitaban “nada de dinero, solo su tierra”. Finalmente éstos se quedaron sin tierra y sin dinero.
Ahora, los promotores de esta ley y ciertos cuenteros que la auspician dicen que promueve un “negocio incluyente” buscando someter al campesino a las denominadas cadenas productivas mediante las cuales solo podrán producir para determinados grandes supermercados o empresas agroalimentarias.
Además, normas fitosanitarias mediante, los campesinos perderán la posibilidad de comercialización directa.
Si el Mandato Agrario aprobado por la Asamblea Constituyente, favoreció a los importadores de agroquímicos y a las empresas agroalimentarias, este Proyecto de Ley multiplica ese favor. En pocos años se fortalecerán los monopolios y la concentración de la tierra.
Más allá de algunos articulitos perdidos, lo de soberanía alimentaría es un cuento. Podrían denominarla tranquilamente “Ley de Negocio Incluyente” o algún otro nombre sugestivo propuesto por los promotores, quienes además apoyaron en su momento el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que proponía normas fitosanitarias similares.
Resta esperar, que cuando el proyecto llegue a la Comisión Legislativa, exista una activa participación y movilización social para transformarlo en una verdadera Ley de Soberanía Alimentaria.
Si eso no ocurre, ojalá que ningún asambleísta que diga defender la soberanía alimentaria se preste para legitimarlo firmándolo como propio, como ocurrió con el mandato agrario.
El modelo agrario que promueve este proyecto de ley y algunos /as ministros /as, es tan conocido como el modelo neoliberal, y se opone al modelo de soberanía alimentaria y economía solidaria establecido en la nueva Constitución.
Si ese proyecto no cambia totalmente su sentido, en pocos meses podremos decir: ¡chao soberanía alimentaria!...

19
Nov

Sara Serrano: El sí crítico y Saramago…

El sí crítico y Saramago…

Sara Serrano Albuja
Escritora

Hace unos años, en un escenario abierto de Quito, el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, reflexionaba fraterno y sencillo sobre la libertad.
La definía como algo no absoluto pues está circunscrita, paradójicamente, a un contexto. Somos libres pero nacemos en una época, y eso determina, relativamente, el ejercicio de nuestra libertad. Claro, una cosa era luchar por la libertad a lomo de caballo como Manuela Sáenz y, otra, luchar contra la publicidad oficial que abruma como un caballo de Troya.
Al responder las preguntas de por qué las sociedades se obnubilan tanto con los regímenes cuando estos tienen un perfil autoritario como ha ocurrido en muchos países y en distintas épocas, Saramago dijo algo sabio. El problema, según su pensar, radica en que ser libres cuesta trabajo, ética y responsabilidad, y eso causa miedo a algunos. Los individuos tienen miedo a ser libres en la política porque es más cómodo que alguien tome las decisiones por ellos.
Entonces pensé en lo que significa el riesgo de delegar absolutamente el poder. A algunos les resulta más fácil que alguien les conduzca, que alguien les dicte las líneas tácticas y estratégicas, que, como diríamos andinamente, “les dé pensando y les dé haciendo”. No solo se es líder o se es obediente. La democracia es más horizontalidad que verticalidad.
Las sociedades que divinizaron a sus mandatarios carismáticos se convirtieron en cómplices de los excesos y prácticas políticas que lesionaron el diálogo y el poder transformador de la ciudadanía.
La multitud regaló, a veces ingenuamente, el poder y tuvo miedo a cuestionar, hablar en voz alta, participar y corregir errores. La gente que ama la libertad debería ser la más democrática y pluralista, en esta perspectiva, el sí crítico del pasado 28 de septiembre, debe mantenerse como un norte ético, un ejercicio diario de acompañamiento ciudadano a los aciertos del poder y de crítica ciudadana a los actos cuestionables.
Estar por los cambios históricos no es abandonar la vigilancia y tampoco es recibir el castigo marginador o anatemas de traición por no aplaudirlo todo de manera sumisa.
El sí crítico debe, ahora, pasar al debate, la organización y constituirse en poder legítimo con voz propia.
Por ejemplo, imagino a Alberto Acosta como alcalde de Quito, haciendo posible para mi ciudad algunos de nuestros sueños ganados en las luchas históricas de larga data libertaria.
A quienes propugnan en temas políticos públicos la “crítica hacia adentro”, lo cual, dicho sea de paso, nunca se lo hubiéramos permitido como argumento a la partidocracia, les puede quedar corta la visión ante el verdadero poder ciudadano vigilante y hacedor que construye el futuro.
Qué oportuna es, en esta coyuntura, la película “Ceguera”, basada en la novela del mismo Saramago. La metáfora nos conmina a que nunca despreciemos los matices y diferencias, nos invita a que no tengamos miedo a ser críticos responsables y libres, y nos reta a que no deleguemos un proyecto histórico que nos pertenece a todos los ciudadanos, y no solamente a un partido.
18
Nov

Alberto Acosta: El reto de la nueva ley minera

Alberto Acosta

Alberto Acosta

Ser o no ser constitucional, reto de la nueva ley minera

Una primera aproximación


Alberto Acosta

La construcción democrática, requisito de toda ley


Cuando el 18 de abril aprobamos en Montecristi el Mandato Minero Nº 6, con 95 votos a favor y uno en contra, lo hicimos motivados por la emergencia provocada en el sector por abusos de las empresas mineras, alentados por el entreguismo de los anteriores gobiernos. Ecuador vivió un verdadero “festín minero”, que estuvo a punto de provocar irreparables daños ambientales y sociales. Lo hicimos, también, convencidos de que la actividad minera en el Ecuador debería enrumbarse por una senda de profundo respeto al ser humano y a la Naturaleza.

Se sabía que no era una tarea fácil. Hay muchos intereses en juego. Y muchos problemas acumulados. Pero no se podían, ni se pueden mantener las cosas como están. La realidad en el ámbito de la minería, a pequeña escala en el caso de los recursos metálicos o de la explotación de materiales para la construcción, es sumamente compleja en varios aspectos: social, ambiental, económico, de seguridad humana, incluso político.

Más allá de dar respuestas a esa realidad, lo que interesa analizar con responsabilidad y amplia participación social la conveniencia o no de abrir la puerta a la minería metálica a gran escala y a cielo abierto. Por lo tanto, antes de revisar rápidamente algunos elementos del proyecto de ley de minería enviado por el Gobierno Nacional a la Comisión de Legislación y Fiscalización, aceptemos que el Ecuador requiere un nuevo marco jurídico para el desarrollo de la minería. Pero no cualquier marco. Se precisa una institucionalidad remozada que sepa respetar los mandatos constitucionales, es decir los principios básicos del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza.

La tarea de construcción democrática de la nueva ley de minería debe convocar a todos los actores involucrados en la actividad minera: el gobierno nacional, los gobiernos seccionales, las empresas mineras y sus trabajadores, los profesionales y estudiosos de la materia, particularmente las comunidades amenazadas directamente por esta actividad, incluso las organizaciones de ecologistas que critican o mantienen reservas con las actividades mineras. Esta lista, por cierto, está incompleta. El futuro de la minería en el país compete a todos sus habitantes, sobre todo por los efectos que podría tener la minería a gran escala: recuérdese los dañinos y costosos impactos sociales y ambientales de la actividad hidrocarburífera en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana.

El reto es abrir la puerta a un gran debate nacional. Sin chantajes de ningún tipo y menos aún acciones represivas, discutamos sobre este tema de trascendencia nacional. Nadie puede esgrimir como propio el argumento del supuesto interés de la mayoría de la población para imponer una u otra tesis. Nadie -ni el presidente de la República- puede presentarse como el intérprete de la voluntad política colectiva en esta cuestión (ni en ninguna otra). El diálogo debe darse en condiciones de igualdad y sobre todo de equidad, impidiendo que los capitales mineros impongan propagandísticamente sus puntos de vista.

La mayoría de la población no puede ser un actor ausente. Abramos entonces la puerta a una discusión de argumentos y no de insultos, menos aún de amenazas. El desarrollo de la actividad minera, no se diga de la nueva ley, exige un proceso de consulta que no acumule más resentimientos y desconfianza de las comunidades. Transformemos el debate en una oportunidad para conocer más sobre la minería, con el fin de tomar decisiones fundamentadas y no atropelladas.

Una información calificada, no interesada


Necesitamos saber qué pasa realmente con la actividad minera en el país; y cuáles son, además, las experiencias en otros países. Requerimos conocer lo qué son las reservas probadas, probables y posibles -que no son lo mismo-, pero que se manejan como sinónimos. Nos urge disponer de información calificada -que no es lo mismo que interesada-  sobre la probabilidad de ocurrencia de las cantidades estimadas de minerales, los pasivos ambientales; así como la valoración de aquellas riquezas y servicios naturales que se pueden perder. Y jamás debemos olvidarnos que los minerales son recursos naturales no renovables.

A modo de referencia, no es posible aceptar sin beneficio de inventario las cifras presentadas hasta hace muy pocas semanas sobre el valor que tendrían las reservas de mineral metálico en el país. Se habla de 210 mil millones de dólares. Sin aceptar como reales esos montos, que por lo demás no han sido comprobados, supongamos que el Estado recibiera un 5 % de regalías, tal cual está planteado en el proyecto de ley, el ingreso total bordearía, en el mejor de los casos, 11 (once) mil millones de dólares en los 25 o 30 años de duración de los contratos; el ingreso anual, si fueran 25 años, llegaría -en términos gruesos- apenas a 400 millones de dólares, a lo que añadiría (si pagan) el ingreso por el impuesto a la renta. Estos valores, por cierto, serán mínimos si nos imaginamos los costos que podrían provocar esta actividad en términos ambientales y sociales, en incluso costos económicos por la afectación a otros sectores productivos (por ejemplo agropecuario), como resultado de una actividad descontrolada o realizada en zonas de importante densidad poblacional o gran biodiversidad (Tengamos en mente el reclamo por 16 mil millones de dólares que está judicialmente planteado a la compañía Chevron-Texaco por un grupo de compatriotas, como consecuencia del destrozo provocado en el nororiente de la Amazonía).

En la actualidad ese posible monto de dólares acumulados en el subsuelo deberá ser revisado sensiblemente a la baja por efecto de la grave crisis económica internacional. El precio de los minerales, así como de otros productos en el mercado mundial ha caído y sigue cayendo aceleradamente; especialmente el cobre, que se pretende sería la solución nacional y el gran sustituto de los ingresos petroleros. Igual sucede con las cotizaciones de las empresas mineras; cuya reducción ha llevado a algunas de ellas al borde del colapso financiero. Muchas de estas empresas, como lo hemos visto en el país en los últimos años, se movían al vaivén de las cotizaciones en las bolsas de valores internacionales, en donde, como se ha comprobado hasta la saciedad en estos días, primó la especulación sobre todo tipo de racionalidad.

Esta crisis internacional, por cierto, no puede conducir a la entrega de crecientes beneficios a las empresas mineras transnacionales, que ahora tendrán muchas dificultades para conseguir los recursos necesarios para sus inversiones. En lugar de caer en la trampa del entreguismo, que podría ser alentado por el afán de atraer a cualquier precio nuevas inversiones extranjeras, el Ecuador debería aprovechar esta oportunidad para superar visiones neodesarrollistas dominantes en algunos sectores del Gobierno y de la misma sociedad; lo que Joan Martínez Allier, uno de los economistas ecológicos de mayor renombre a nivel internacional, define como el “desarrollismo senil”. Aquí el Gobierno ha demostrado capacidad y creatividad, véase el proyecto dejar en tierra el crudo del ITT.

Es bueno recordar que, durante la “larga noche neoliberal”, se produjo una “hemorragia” de concesiones mineras (de las más de 5 mil entregadas, apenas un 7% estaban en fase exploración y explotación, el resto prácticamente era para la especulación); que se dio paso a una perniciosa acumulación de concesiones mineras en muy pocas manos, una de los factores para la enorme especulación en la compra-venta de títulos mineros; que los concesionarios no tenían que presentar planes de exploración, ni explotación; que los estudios de impacto ambiental, si los había, eran menos que mediocres y se los hacía simplemente para cumplir con el trámite burocrático; que la consulta previa fue una verdadera tomadura de pelo a las comunidades, a las que muchas empresas mineras dividieron y en varios casos agredieron; que el Estado no recibía regalías (que se pagaba un dólar por hectárea al año como derechos superficiarios al inicio, para llegar apenas a diez y seis dólares por hectárea al año en la fase de explotación). En esos años, uno de los mayores ausentes fue el interés nacional y el mismo sentido común: varias concesiones incluían en su territorio a la iglesia y la plaza de varios pueblos…

Alcances y limitaciones del Mandato Minero

Para tratar de poner algo de orden en esta caótica situación, la Asamblea Constituyente de plenos poderes expidió el Mandato Minero. Con dicho Mandato se intentó corregir los horrores -errores- de una época que no velaba por los intereses del país y sus habitantes.

Los puntos centrales del Mandato fueron: prohibición de los monopolios y sus prácticas (Art 4), no afectación del agua (Art 3), restricción de la minería en áreas protegidas y en zonas de amortiguamiento (Art. 3), cesación de concesiones que no cumplan con sus obligaciones establecidas en la ley en materia de inversiones y  pago de patentes. (Art. 1 y 2)

Anotemos que las minas en producción fueron excluidas del Mandato para no crear incertidumbre, ni desempleo. Así mismo, no se incluyó la minería de pequeña escala y artesanal, no porque no haya problemas allí; al contrario, hay muchas y complejas dificultades de toda índole que debemos resolver, a fin de garantizar una vida, trabajo y ambiente saludables, para todas las personas directa o indirectamente involucradas en esta actividad. Lo que se buscaba con el Mandato era corregir las principales dificultades y aberraciones, que caracterizaban el potencial manejo las reservas minerales más importantes.

El Mandato Minero también estableció la creación de una empresa minera del Estado, como pieza central para regularizar e intervenir en aquella actividad minera que decidamos colectivamente mantener. Una empresa de ese tipo, bien manejada, puede invertir en tecnología, establecer otras reglas, independizarse de las transnacionales, contribuir con tecnología y financiamiento a los pequeños mineros artesanales, para que estos superen definitivamente sus prácticas depredadoras.

Este Mandato, que constituye un punto de partida para la definición del nuevo marco institucional minero, no se cumplió a cabalidad. (Entendamos que los Mandatos asumían un papel rector anticipado a la normativa constitucional y que, por lo tanto, su esencia debe estar inmersa en las nuevas leyes.) Hay varios aspectos que quedaron pendientes. Antes de entrar en la revisión de la ley, dejemos sentado que el incumplimiento del Mandato debería ser motivo de fiscalización de la Comisión legislativa, puesto que los mandatos constituyentes tenían imperio jerárquico y su incumplimiento es causal de destitución.

Quizás las presiones de los intereses mineros y sus múltiples intermediarios pudieron aminorar el afán por cumplirlo… sea como fuere, el nuevo marco institucional minero debe ceñirse a los principios de la nueva Constitución, camino obligatorio para desarrollar todas las leyes.

El reto, ser o no ser constitucional

La nueva ley, entonces, debería desarrollar el marco legal y la institucionalidad del Estado capaz de intervenir y controlar las actividades mineras, que existen en el país desde hace muchos años. Y debe establecer los lineamientos de lo que podría ser una nueva minería, si aceptamos actividades a gran escala.

La minería, como se resolvió en Montecristi, tendrá que ser considerada una actividad estratégica. Igualmente, allí se definieron las obligaciones en materia ambiental, social, y económicas para la utilización de los recursos naturales. Es de esperar, entonces, que la nueva Ley minera legisle en función de estos principios, que surgieron no sólo de las demandas de la sociedad, sino de acuerdos entre el ejecutivo y la misma Asamblea Constituyente. La ley, enviada por el presidente Rafael Correa a la Comisión de Legislación y Fiscalización, como se expresa en la exposición de motivos, debe ser “coincidente con los principios innegociables de la nueva Constitución”. Este es el reto que tienen los miembros de la Comisión de Legislación, así como la sociedad en su conjunto.


Por lo expuesto resultan inaceptables algunos puntos contenidos en lo que es todavía un proyecto de la Ley Minera. De una primera lectura surgen varias contradicciones en relación a lo establecido en la nueva Constitución. La ley, además, no desarrolla los principios constitucionales fundamentales. Así, por ejemplo, se podría destacar algunos aspectos:

- A despecho de lo que dice la Constitución, que las empresas privadas sólo pueden intervenir de manera excepcional, se les da un tratamiento similar a las otras formas empresariales (artículo 20). Además, se les otorga derechos especiales a las empresas extrajeras, como es el “trato nacional”, la “no discriminación”,  el “amparo” frente a interferencias, el silencio administrativo a favor de las empresas.

- En el artículo 25 se abre la posibilidad de libre prospección en áreas naturales protegidas y zonas intangibles, así como en zonas socioambientales sensibles. No hay una definición clara de las zonas mineras. Esta disposición violaría lo dispuesto en los artículos 57 y 408 de la Constitución. Adicionalmente, no conviene separar la fase exploratoria del resto del proceso, para cumplir lo previsto en el artículo 407 de la nueva carta magna.

- Los títulos mineros (artículo 28) son asumidos casi sin límites. La figura de la concesión que es una herramienta del Estado para mantener la propiedad sobre el recurso en este caso se debilita al otorgarse un título transferible, transmisible y sujeto a cesiones en garantía. Esto va en contra del artículo 317 de la Constitución, que establece que los recursos naturales pertenecen al patrimonio inalienable del Estado. Esto podría, además, mantener la práctica especulativa que ha primado en la actividad minera nacional.

- Igualmente se permite a una misma persona tener varias concesiones para la
exploración, no hay limitación a la tendencia monopólica. La única limitación sería el pago por derecho minero. Este ya fue uno de los puntos medulares del Mandato Minero.

- No se establecen áreas vedadas a la minería por  afectar fuentes de agua, por ejemplo. En la práctica se desconoce la prelación del agua, establecida en la Constitución. Esto podría anticipar conflictos con la nueva ley de agua, que está siendo discutida.

- Igualmente se marginan a lo largo de la ley los derechos colectivos y los derechos de la Naturaleza. Tal como se establece el tema las servidumbres -del agua, por ejemplo- podría afectar dichos derechos, pues se ha entregado un elevado margen de acción y dominio a las empresas mineras.

- Tampoco se determina con claridad que personas están inhabilitadas para recibir concesiones mineras. Algo que se decidió ya en el mandato Minero y que, inclusive, ha sido motivo de oportunas disposiciones legales en ocasiones anteriores, por ejemplo en el Código de Minería de 1918.

- El artículo 82 del proyecto de ley minera dispone en el inciso tercero que: “El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo dará lugar a las eventuales sanciones al concesionario minero por parte del Ministerio sectorial. Las sanciones podrán incluir la suspensión de las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad”. Las sanciones no pueden ser eventuales.

- Es preocupante que el procedimiento de caducidad y sanción, si se afectan los derechos de la Naturaleza, de la biodiversidad o de las comunidades, estarán contenidos en un reglamento. Se corre el riesgo en el reglamento, los requisitos para la sanción sean demasiado laxos como para no sancionar adecuada y oportunamente a quienes provocan dichas afectaciones.

- También sería importante revisar el régimen de sanciones, y responsabilidades de los titulares de las concesiones. De lo que se desprende del artículo 66 del proyecto de la ley es que los titulares de las concesiones mineras están obligadas a resarcir los daños causados al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, y a las concesiones colindantes. Pero no dice nada de la obligación que tienen de conformidad con el artículo 396 de la Constitución sobre la “responsabilidad por daños ambientales objetiva”. Tampoco se establece la obligación de “restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”, en concordancia del artículo 397 de la Constitución.

Adicionalmente, en la ley no está clara la razón para que ésta sea considerada como ley orgánica. De la lectura del artículo 133 de la Constitución y sus numerales no se desprende en ninguna parte que los sectores estratégicos se regularán por ley orgánica; así como tampoco consta en la Constitución la creación de una Empresa Nacional Minera, que fue dispuesta mediante el Mandato Minero (No hay aún la ley de empresas públicas). Por lo tanto, esta materia debería ser regulada mediante ley ordinaria.

Igualmente faltan disposiciones precisas para que los recursos minerales obtenidos sean prioritariamente procesados en el país; no es deseable mantener la vieja modalidad de acumulación primario-exportadora, caracterizada por el rentismo, la voracidad y la contaminación: el Ecuador tiene que industrializar sus recursos naturales. Sería importante que en la ley ya se recojan algunos criterios que permitan dirigir el país hacia una economía post-extractivista, uno de los reiterados mensajes del presidente Correa.

Resulta obvio prevenir que esta actividad a gran escala ponga en riesgo el trabajo de millares de campesinos o incluso propietarios de pequeñas iniciativas turísticas y productivas, cuyas actividades podrían ser amenazadas por una actividad de alto impacto ambiental y social, con repercusiones que afectarían a la colectividad nacional en su conjunto. En este punto cabría recomendar la incorporación en la ley de normas que permitan anticipar la remediación de los pasivos ambientales, a través de modelos económicos que valoren de manera adecuada y sobre todo oportuna dichos pasivos antes de iniciar las tareas de explotación; hay que impedir que estos pasivos queden como saldo no recuperable de la actividad extractivista, como sucede con el petróleo.

Para un adecuado manejo de nuestros recursos naturales, en suma, necesitamos reafirmar la soberanía y el papel del Estado, contar con regulaciones y reguladores fuertes, con controles no solo económicos, sino también ambientales serios. Hay que recuperar la confianza de las comunidades frente al papel del Estado en la administración del patrimonio nacional, no podemos debilitarlas.

Finalmente, la Ley no es innovadora, como si lo fue el Mandato Minero y la misma Constitución. Se utilizan las mismas figuras jurídicas ya existentes, que no han permitido al Estado precautelar a satisfacción sus derechos: el titulo minero, la concesión, la regalía. Habría que pensar en otros conceptos que garanticen actos administrativos más efectivos de parte del Estado: la licencia o la autorización, por ejemplo.


A quienes hicieron este proyecto de ley cabría recomendarles leer con atención la Constitución y el Mandato Minero. Como consecuencia de un debate nacional amplio, la Comisión de Legislación y Fiscalización tendrá que rehacer el trabajo, pues una ley mal hecha lesiona los intereses y la tranquilidad nacionales. Y por cierto, en su elaboración, habrá que tener presente no sólo los potenciales beneficios, sino, sobre todo, los costos que sobre todo la minería metálica a gran escala y a cielo abierto puede provocar.

La Comisión tiene la obligación de abrir el debate a escala nacional. Hasta la presentación del proyecto de ley el debate ha sido muy limitado y poco sustantivo. El reto de dicha Comisión es superar esa falencia y tratar de cumplir con el plazo previsto en el Mandato Minero (el término de 180 días) para disponer una nueva ley de minería; pero en esta ocasión, tratándose de un tema tan sensible, que incluso puede poner en riesgo la gobernabilidad, cabría priorizar el contenido sobre los plazos.

La ciudadanía tiene la palabra. Discutamos democráticamente. No es justificable que el diálogo de la ley de minería empiece con violencia y represión. Lleguemos a respuestas que estén, en todo momento, ajustadas a la nueva Constitución, que recibió el respaldo contundente de la sociedad.-

18 de noviembre del 2008

Nota: El Mandato Constituyente 23 (post Asamblea constituyente), que conforma la Comisión de Legislación y Fiscalización, regula la elaboración  de las leyes. Allí se norma la participación de la ciudadanía en la comisión especializada, previo al primer debate. Lamentablemente el plazo es escaso, apenas diez días obligatorios. Si bien se habla de veinte días que pueden ser ampliados, la comisión solo tiene la obligación de conceder diez días para la participación ciudadana. Por lo expuesto, antes de la presentación de las leyes al poder legislativo, el gobierno debería tomarse el tiempo suficiente para que se asegure una amplia participación ciudadana. Esta debilidad debería ser motivo de consideración para el funcionamiento de la futura Asamblea Nacional.

17
Nov

Rubén Darío Buitrón: [Alberto Acosta,] Noblemente ingenuo

Por Rubén Darío Buitrón
El ex Presidente de la Asamblea Constituyente empieza a levantar su voz contra las violaciones a la Carta Magna por parte de los mismos que la redactaron y aprobaron.
Es el tímido destape de Alberto Acosta. Ha reaparecido, con un despliegue importante, en espacios periodísticos de alta audiencia.
Con una actitud de respeto a sus conmilitantes y cuidado en sus palabras, el asambleísta más votado de la historia critica a sus ex colegas: en una amplia entrevista con diario EL COMERCIO, el 13 de noviembre de 2008 (www.elcomercio.com), opina que el vacío judicial se debe a que en la Asamblea hubo claros intereses para meter mano a la Corte Suprema. Y da un nombre: César Rodríguez, personaje muy cercano al presidente Rafael Correa.
Durante la reciente campaña por el sí, Acosta mantuvo silencio. Pese a que ya discrepaba con ellos y a que fue la primera víctima del buró correísta, prefirió callar, según él, para "no hacer juego a la derecha" y que no se produjeran fisuras internas que perjudicaran el voto por el sí.
¿Pensó, acaso, que su silencio bastaría para que los maquiavelos del oficialismo tomaran un rumbo ético en su conducta? ¿Realmente creyó que lo echaron de Montecristi "por el bien del proceso"? ¿Fue por eso que no acompañó a Mónica Chuji en las denuncias que ella hiciera antes del referendo contra las arbitrariedades antidemocráticas del buró?
En una reciente entrevista con Radio Democracia, Acosta mostró, de nuevo, su decencia. Pese a todo, llamó "amigo" a Correa, eludió confrontar a "su otro amigo", Fernando Cordero, y se calificó como "simple economista" cuando dijo que al no entender los atropellos y violaciones constitucionales de País es evidente que no sabe de tácticas políticas.
Cuando escucho a Alberto recuerdo las jornadas periodísticas en Montecristi como un ejercicio de asombro cotidiano para los reporteros.
Entre murmullos, con miedo a que los ojos y oídos del buró los vieran hablar con reporteros o pudieran escuchar sus llamadas telefónicas, un puñado de asesores de asambleístas de País se nos acercaba más en tono de desfogue personal que de decisiones valientes y oportunas para evitar lo que ahora ocurre.
Les parecía inconcebible que en un "bloque revolucionario" se produjeran incoherencias ideológicas, jugadas bajo la mesa, cambios de textos por manos fantasmas y votos a cambio de futuras candidaturas seccionales.
Gritaban entre susurros. Se preguntaban dónde habrá quedado la ética que debería implicar un proceso de cambios profundos.
Pero no lo hicieron en voz alta. Su justificación era, de nuevo, "no hacer juego a la derecha". El propio Acosta fustigaba a la prensa cuando esta quería indagar más: "Ustedes hacen farándula de la política".
Hoy, los disidentes empiezan a hablar. Y hablan libremente en los medios que tanto criticaron, porque los otros, los medios gobiernistas, no les dan espacio.
Ironías de la nobleza política. Y de la ingenuidad.

13
Nov

CAOI: NO al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea

Minga Informativa de Movimientos Sociales
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COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

NO al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea

UE alienta la desintegración de la Comunidad Andina
Rechazamos traición del Presidente Rafael Correa al pueblo ecuatoriano
Las organizaciones indígenas llamamos a nuestras bases a consulta

PRONUNCIAMIENTO

El Presidente Rafael Correa llegó al gobierno del Ecuador con la promesa de una "revolución ciudadana" y recogió la demanda de los Pueblos Indígenas de su país por una nueva Constitución en la que ha sido consagrado el Buen Vivir. Pero todo esto ha quedado en el discurso y el papel, con su decisión de seguir a sus colegas de Colombia y Perú y aceptar una "negociación bilateral" del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, dejando sola a Bolivia en la defensa soberana de los países andinos y la integración subregional.

No nos sorprende que Álvaro Uribe y Alan García compitan por el deshonroso puesto del más servil a los intereses de la globalización neoliberal, sus tratados de libre comercio y la sumisión a las multinacionales. Pero en el caso de Rafael Correa, a quien considerábamos parte de la nueva tendencia política en Latinoamérica, termina de convencernos de que solo se trata de demagogia. Un hecho más que lo comprueba es su afán de aprobar una Ley Minera a espaldas y contra los intereses de las comunidades indígenas en cuyos territorios se asientan los recursos minerales.

Las organizaciones integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, rechazamos tajantemente la negociación y firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea, disfrazado de "Acuerdo de Asociación" bajo falsas propuestas de "cooperación" y "diálogo democrático". Ya desde antes de iniciarse las negociaciones, la UE advirtió que no dará un centavo más de cooperación. ¿Y de qué diálogo democrático habla cuando se sienta a negociar con gobiernos como los de Colombia y Perú, que vulneran los derechos humanos y colectivos de sus ciudadanos y criminalizan sistemáticamente la protesta social?

El "Acuerdo de Asociación" que se negocia con la Unión Europea no es entonces más que la cabecera de playa del Banco Europeo de Inversiones y las multinacionales de ese continente, principalmente extractivas, para facilitar aun más el saqueo de nuestros bienes naturales, arrasando en el camino con los derechos laborales y los derechos colectivos, en especial los territoriales de los Pueblos Indígenas.

Para cumplir este objetivo, la Unión Europea no duda un segundo en contradecir su propia propuesta inicial, la de una negociación entre bloques, para petardear la Comunidad Andina y fomentar su desintegración. Uribe y García se prestaron gustosos a este juego desde el principio, y ahora, vergonzosamente, Correa se les ha unido.
Pero deben saber que no les será fácil imponer un tratado de libre comercio. Los Pueblos Indígenas no estamos solos en esta lucha, nuestras organizaciones se articulan también cada vez más con los movimientos sociales de América Latina. Y los movimientos sociales europeos nos respaldan y coordinamos juntos la resistencia y la construcción de propuestas alternativas a la globalización neoliberal.

POR ELLO:

1- La CAOI llama a las organizaciones del movimiento indígena y del movimiento social en su conjunto de la Región Andina y Europa, a pronunciarse contra la negociación del TLC con la Unión Europea.

2- Llama a consulta a las bases para definir las medidas de emergencia contra la pretendida imposición de este TLC y el fraccionamiento de la CAN.

3- Responsabilizamos a la UE por dividir a la CAN. Los conflictos que se generen serán responsabilidad de este tipo de acuerdos bajo sus intereses.

4- Alertamos a la Unión Europea y sus gobiernos títeres que hemos pasado de la resistencia a la propuesta: ¡El TLC  con la Unión Europea no pasará!

Lima, 13 de noviembre del 2008.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, ECUARUNARI
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, CONAMAQ, Bolivia
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI
Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC
Identidad Territorial Lafkenche, Chile
Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina, ONPIA
Confederación Campesina del Perú, CCP
Confederación Nacional Agraria, CNA
Unión de Nacionalidades Aymaras, UNCA
Federación de Mujeres de Yauli, FEMUCAY
Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe Intercultural, ANAMEBI
Consejo de Productores Alpaqueros del Norte de Ayacucho, COPUCA
Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia, CSUTCB
Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa de Bolivia

13
Nov

Organizaciones sociales: Críticas al proceso del Consejo de Participación

En el ‘Congresillo’ se critica  el proceso al Consejo Electoral. Las organizaciones sociales están vigilantes.

Redacción Política

Las reacciones ante la falta de un organismo que regule el concurso para el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) no paran. Incluso, desde el ‘Congresillo’ hay quienes muestran su malestar. Tal es el caso de Martha Roldós, asambleísta de RED.

Ella critica duramente la decisión que tomó la Comisión Legislativa el viernes pasado. “Alianza País defendía a rajatabla el Régimen de Transición y lo que  hizo fue violarlo al decidir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargue del concurso”.

Roldós se basa en el artículo 29 de Régimen de Transición, que dice que la Comisión Legislativa iniciará el concurso público de oposición y méritos para la designación de los miembros del CPC. Según Roldós, para solucionar el conflicto, el proceso debe retornar a la Asamblea, para que sean ellos quienes construyan el reglamento y normen la selección.

Julio Logroño (PSP) concuerda con Roldós y refiere que  su bloque se opuso a que el CNE se encargue de la elección.”No era procedente que se designara, nosotros protestamos porque eso no consta en el Régimen de Transición”.  Añadió que si ese iba a ser el procedimiento, la Asamblea debía haber preparado un reglamento previo para guiar a la Función Electoral en el tema. “Existía un borrador de las bases del concurso, pero nunca fue debatido. La solución sería que deroguemos la resolución y que el concurso vuelva a nosotros”.

La preparación de este documento estuvo a cargo de la Comisión de Participación. Betty Tola (AP), principal de esta mesa de trabajo, señaló que dicho reglamento no se puso a consideración del Pleno porque se resolvió traspasar al CNE  la responsabilidad.

Pero en las organizaciones sociales también hay preocupación. Los movimientos y frentes populares advierten que seguirán el proceso y no dejarán de barajar nombres para la postulación. Ese es el caso de las Asambleas Territoriales de Quito. Eloy Alfaro, representante de la Asamblea de La Floresta y posible candidato a la CPC, dijo que permanecerán al tanto del proceso. “Sabemos que es necesario un reglamento. Ahora,  estamos pagando los errores de haber cerrado la Constitución al apuro”.

Pero su principal inquietud es que actualmente no existan mecanismos para que la sociedad civil intervenga en el conflicto institucional. Lo mismo piensa Marco Murillo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine). Murillo cree que el procedimiento debería ser más claro. “Las instancias correspondientes deberían sentarse a trabajar juntas y dialogar”. La Feine también presentará sus candidatos para el CPC este 26 de noviembre.

Tola  aseguró que la Asamblea esperará la decisión que la Corte Constitucional  (CC) tome respecto al concurso.

Mientras tanto los integrantes  trabajarán en las leyes de Participación Ciudadana y del CPC. “Esperamos que la decisión de la CC no demore más de 10 días para no retrasar el proceso”.

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Fuente:http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=235763&id_seccion=3

12
Nov

Margarita Aguinaga: Crisis mundial

Margarita Aguinaga
Socióloga
Luego de la victoria de Barack Obama, parece que se va produciendo un mayor re-alineamiento de fuerzas políticas y económicas en el mundo.
Para explicarlo: es preciso recordar algunas de las crisis financieras latinoamericanas: México, Argentina, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Dichos países tomaron cursos distintos: México, se reafirmó en su política de Tratados Comerciales con EE.UU. y la UE; Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, emprendieron otro rumbo distinto al modelo neoliberal. Varios economistas llamaron a este suceso latinoamericano el “giro hacia una política neodesarrollista”. La crisis del sur no era estrictamente financiera ni solo del modelo económico, era la expresión del capitalismo dependiente de las economías del sur. Se decía que la crisis de representación política regional, iba de los gobiernos elegidos democráticamente hasta las instituciones políticas internacionales, como la OEA.
No han existido salidas únicas. Argentina asumió un modelo de distribución social que regularía al capital financiero dirigido desde un Estado fuerte incorporando medidas sociales-nacionalistas y, por otra vía, Venezuela empezó a dirigir un proceso de nacionalización hacia el ‘socialismo bolivariano’. Bolivia se acercó a Venezuela y parece que Ecuador se aproxima más al modelo argentino y brasileño.
Es indudable que frente a la crisis, unos gobierno derivan cada vez a una salida neoconservadora y otros, muy pocos, buscan aproximarse a una alternativa socialista. Luego de varios años, ninguna de estas dos tendencias ha logrado una resolución clara a la crisis. Ahora con Obama este panorama podría modificarse sustancialmente.
El ejemplo del sur, es totalmente pertinente, aunque la crisis económica y política del norte tiene dimensiones globales y responde a sus propias singularidades. La crisis financiera actual ha obligado a algunos gobiernos del norte a iniciar un realineamiento de fuerzas a nivel mundial hacia el neo-desarrollismo y con la victoria de Obama, pareciera que el mundo, le cierra las puertas al neoliberalismo.
En el norte, se podrían constituir lógicas similares a las de América Latina. La diferencia estaría en que sus gobiernos, aún en situación de crisis, cuentan con la capacidad política y militar para reorganizar al mundo. Luego, la crisis que existe no será resuelta fácilmente… ni siquiera si controlaran cualquier desmán de capital financiero.
¿Obama será quien permita el realineamiento global y neoconservador a favor del gran capital o será quien colocará la lucha por un mundo justo y humano? Por sus primeras declaraciones, se acerca más a la primera salida.
Por otro lado, Redes y Movimientos Internacionales llaman a una movilización global en contra de la reunión del G20 y del capital financiero. En San Salvador, recientemente, algunos presidentes de América Latina han declarado “el fin del capitalismo”.
Detrás de “las regulaciones al capital financiero” se esconden confrontaciones económicas y graves disputas por la hegemonía del mundo y a la par el espíritu anticapitalista podría florecer ya no solo en América Latina.
10
Nov

Convenios sobre alimentos: Ecuador y Venezuela coordinarán proyectos conjuntos de soberanía alimentaria

http://resistenciacatiacaracas.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Fuente: http://resistenciacatiacaracas.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Publicado el 10/Noviembre/2008 | 00:07

Ecuador y Venezuela coordinarán proyectos conjuntos de soberanía alimentaria

La nueva Constitución Política del Ecuador consagra a la "soberanía alimentaria" como uno de los puntales del régimen de desarrollo. Este concepto, que se enfoca en la toma de políticas agrarias propias para garantizar la alimentación de los ciudadanos de un Estado, tiene 12 años de vigencia, pero la agudización de la crisis mundial de alimentos lo ha colocado en las agendas de la mayoría de países.

Inclusive, dentro de los planes de integración regional en América del Sur, el aspecto de la soberanía y seguridad alimentaria es parte de las discusiones. Es así que el 28 de octubre pasado, los ministerios de Alimentación de Venezuela y Agricultura de Ecuador suscribieron un "memorándum de entendimiento" para la implementación de proyectos en materia de seguridad y "soberanía alimentaria".

Actualmente, la Secretaría de Estado nacional ha iniciado la conformación de las comisiones para la puesta en marcha de las actividades que contempla el acuerdo. Entre ellas están la preparación de información de canastas básicas, la elaboración de matrices de las potencialidades agroecológicas de los dos países y la determinación de metodologías conjuntas.

Para Roque Espinosa, coordinador regional del Programa Andino de Derechos Humanos y experto en la materia agrícola, es "positivo que los países apuesten de manera conjunta por la soberanía alimentaria, siempre y cuando las agendas de cada estado no se homogenicen, ya que cada país vive y tiene una realidad diferente".

La experiencia venezolana

Una de las constantes en el discurso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es la garantización de la soberanía alimentaria en su país. Para ello ha mantenido un programa de dotación de insumos, canales de riego y conformación de cadenas de producción. Según datos publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, durante el primer semestre de 2008, Venezuela produjo 250 mil toneladas de carne y más de 900 millones de litros de leche, lo cual representa un crecimiento del 10% en comparación con 2007. El territorio venezolano además registra una cifra récord en producción de maíz en comparación con los últimos 20 años, al ubicar su inventario en 2,7 millones de toneladas.

Pero existen cuestionamientos a las decisiones agrícolas venezolanas, como la denominada Ley de Tierras, que según ciertos sectores estaría incentivando las invasiones, por parte de grupos que no siempre pertenecen al campesinado. (DP)

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/convenios-sobre-alimentos-317494.html

10
Nov

Los huertos crecen en la urbe

http://lanaveazul.blogspot.com/2008/06/la-nave-azul-sigue-su-recorrido.html

Fuente: http://lanaveazul.blogspot.com/2008/06/la-nave-azul-sigue-su-recorrido.html

Hace seis años, la Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito, Conquito, inició un proyecto de huertos orgánicos familiares, en pequeñas granjas dentro del Distrito Metropolitano. Los volúmenes de producción permitieron que las hortalizas y verduras, destinadas en un principio al autoconsumo, empezaran a comercializarse en la ciudad. Según datos de organización, la demanda por los alimentos de estos huertos orgánicos ha crecido un 30%, en los últimos tres años. En la actualidad, 420 granjas forman parte del proyecto y proporcionan un medio de subsistencia a cerca de 5 000 personas, que entregan su producción en ferias municipales. (DP).

La agricultura urbana germina con éxito en la capital

Un total de 420 huertos familiares, ubicados en distintos barrios de Quito producen y venden hortalizas y verduras orgánicas

En medio de los edificios y el tráfico, el escenario urbano de Quito alberga a 420 huertos comunitarios que maduran, producen y abastecen a cientos de consumidores de la capital. La iniciativa es parte del plan Agrupar, iniciado por la Agencia de Desarrollo Económico del Municipio de Quito, Conquito, y proporciona un medio de subsistencia directo a cerca de 5 mil personas.

El programa empezó hace seis años como un proyecto familiar de cultivo orgánico para el autoconsumo; sin embargo, el éxito alcanzado en el rendimiento y el volumen de producción logró que el modelo evolucione hacia la venta masiva de verduras, hortalizas y hierbas medicinales, entre otros productos agrícolas.

José Coronado, agrónomo y técnico de la agencia, explicó que familias, vecinos y hasta centros educativos forman parte del programa, que entre sus ventajas contempla el hecho que no requiere grandes extensiones de terreno para cultivar. "Hasta en 20 metros cuadrados es posible iniciar un huerto. El primer paso es contar con la agrupación de 10 personas, que estén dispuestas a capacitarse y a aplicar las enseñanzas que se les proporciona", indicó. El especialista manifestó que los interesados reciben conocimientos sobre riego por goteo, abonos naturales y preparación del suelo, entre otros conceptos fundamentales para convertirse en "agricultores citadinos".
Sembrar respetando la tierra

Tomate, lechuga, acelga, calabacín, cebolla blanca, paiteña, zanahoria y rábano son algunos de los productos más exitosos que provienen de estas pequeñas granjas, ubicadas a lo largo del distrito metropolitano.

La inversión promedio para la instalación de un área de siembra de 40 metros cuadrados alcanza los $400. "Como pusimos entre todos el dinero, no tuvimos que gastar mucho. Con lo que estamos vendiendo ya recuperamos la plata", indicó Paulina Aimacaña, propietaria de una granja urbana, en el barrio de Monjas, al suroriente de Quito.

En su pequeño sembrío, la mujer cosecha hasta 300 libras de tomate al año. Comenta que la idea de sumarse al cultivo orgánico le gustó como una alternativa saludable y económica para alimentar a su familia. Lo que no imaginó es que su pequeña granja de 25 metros cuadrados iba a convertirse en un ingreso económico para su familia. La venta de tomates le reporta entre $150 y $200, cada dos meses.

Coronado explicó que el tomate es el producto de mayor venta, debido a que su rentabilidad es la más alta. Por cada planta sembrada se obtienen hasta 4 kilos del fruto. En un huerto promedio se siembran hasta 130 plántulas de tomate, "por lo que es posible obtener de 800 a 1 000 libras del producto al año", indicó.

Parte del éxito del rendimiento de las granjas urbanas de Conquito radica en el proceso de cultivo orgánico, ya que desde la preparación del suelo, hasta la decisión de que productos se sembrarán "se basa en un respeto a la tierra; la idea es devolverle los nutrientes que se requieren con cada cosecha. Por eso uno de los aspectos más importantes es la alternabilidad en los sembríos y por supuesto, la utilización de abonos naturales en todo el proceso", indicó.
En la búsqueda de mercados

Desde las 06:00 de la mañana, cada jueves, Marta Taco camina desde su vivienda en Auki de Monjas hacia el barrio La Vicentina. El motivo de su larga caminata es ofrecer a los habitantes de este sector las legumbres y hortalizas que cosecha en los tres huertos que mantiene en su casa. Pero además de la venta directa de los productos de las granjas, los participantes de este programa también los comercializan a través de las bioferias que se organizan en las ocho administraciones zonales del Distrito Metropolitano y en las Canastas Solidarias, que se venden a través de Conquito.

A esto se suma, el compromiso de la Asociación de Hoteles de Pichincha, que adquirirá la producción de los huertos, para ofrecer a sus huéspedes vegetales cosechados sin químicos. (DP)

Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-huertos-crecen-en-la-urbe-317484.html

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